Cuando a las 17.00 horas de este martes, Pedro Sánchez reciba a Pere Aragonès en las escalinatas de Moncloa, los dos sabrán que después de las palabras de cortesía de rigor, todo se centrará en "el proceso" que llega después del procés. El "diálogo, la negociación y el pacto" de la mesa que ya puede reunirse -ahora que se han concedido los indultos- llegará con reivindicaciones previas del líder independentista catalán y con una gran parte de los 'deberes' hechos por parte del jefe del Ejecutivo constitucionalista.
Sánchez presumirá ante Aragonès de que, antes siquiera de negociar, su Ejecutivo ya ha cumplido con 20 de los 44 puntos de su 'Agenda del reencuentro', casi la mitad. Y eso que, de momento, sólo se ha celebrado una reunión de la misma, hace 16 meses, cuando aún no había llegado la pandemia e incluso aún gobernaba Cataluña otro presidente, Quim Torra, de otro partido, Junts per Catalunya.
Decía el Gobierno que los indultos eran necesarios para "retomar el diálogo" con el Govern. Pero después de más de mes y medio de ejercer "la pedagogía" para que el rechazo social a que el Ejecutivo sacara de la cárcel a Oriol Junqueras y el resto de cabecillas del procés, Sánchez no aclaraba ni a la oposición ni a la prensa de qué se va a hablar en esa mesa.
Porque lo que quieren los independentistas está más que claro: "Autodeterminación y amnistía", repiten Aragonès y todos los demás gerifaltes del separatismo, cada vez que tienen ocasión.
"Tenemos una Agenda"
Por fin aclaró el presidente, el pasado viernes, cuál será la posición negociadora de partida del Ejecutivo: "Nosotros tenemos una Agenda del reencuentro, que es pública", dijo en respuestas a la prensa al acabar el último Consejo Europeo.
Hasta ese momento, se podía intuir que ése sería el documento en el que se basarían los negociadores que elija Sánchez. Pero también se podía dar por buena la propuesta de Miquel Iceta, ministro de Política Territorial. El también primer secretario del PSC será, si nada cambia, uno de los integrantes del equipo de Moncloa en esa mesa.
Y en su entrevista con EL ESPAÑOL, el pasado 20 de junio, propuso que las conversaciones puedan girar en torno a "la declaración de Granada del PSOE, es decir, una reforma de la Constitución para una España verdaderamente federal".
Pero no será así. El punto de partida del Gobierno de España es la "Agenda del reencuentro", que, de hecho, Sánchez aclaró que no es un invento de su Gobierno, sino que está extraída de "los famosos 23 puntos de Artur Mas, y de los famosos 21 puntos de Torra en Pedralbes", añadió con una sonrisa.
Basado en Puigdemont
Podría haber añadido el presidente que, en realidad, los 44 puntos de la Agenda del reencuentro son una reinterpretación de los 46 puntos con los que Carles Puigdemont terminó de romper con Mariano Rajoy. Tanto es así, que 23 de los enunciados que propone el Ejecutivo son textualmente iguales a los planteados por el expresident huido.
De hecho, sólo hay dos propuestas de la lista del "líder político" de los exconvergentes que se quedan fuera: el plan hidrológico de la Cuenca del Ebro y la reivindicación de los conocidos como "papeles de Salamanca"... y porque ya están entregados, no sin polémica.
Sin embargo, el Ejecutivo español ya ha tiene cerrados o tramitándose como anteproyectos de ley una veintena de los 44 apartados.
La Agenda del reencuentro es una especie de cuadro sinóptico en el que se marcan los "Asuntos" y el "Estatus" con los que lo califica el Gobierno... que siempre es "Sí", "Abierto a estudio"o "Abierto a negociación". Y es que el mismo Sánchez aclaró que el documento se elaboró "analizando cuáles de las reivindicaciones" de los expresidents "encajaban dentro de la legalidad democrática".
Los 44 asuntos están divididos en seis capítulos llamados "Diálogo político y regeneración institucional", "Financiación Autonómica", "Mejora de la cooperación", "Política social y apoyo a los servicios públicos", "Impulso a las infraestructuras" y "Apoyo ante las catástrofes naturales".
Eliminar el castellano
Dos asuntos clave del documento ya están en marcha. La consignación de más de 1.500 millones de euros de las arcas del Estado para la ampliación del Aeropuerto de El Prat y la eliminación del castellano como lengua vehicular en la nueva Ley de Educación. Este punto estaba comprometido en el apartado 25 del documento: "Sí. La nueva Ley de Educación contendrá la normativa que afecta al modelo de escuela catalana".
Además, lo cierto es que desde su llegada a la Moncloa, a Pedro Sánchez le ha dado tiempo a sacar adelante dos de los puntos más llamativos y polémicos de su Agenda del reencuentro: practicar la retirada de recursos a leyes catalanas, a recuperar las reuniones de la comisión bilateral Cataluña-Estado, a que su Gobierno ponga el dinero para la financiación del cuerpo de Mossos d'Esquadra, se ha triplicado la inversión en el corredor mediterráneo de ferrocarriles y ya se han llegado a inaugurar tramos nuevos y se ha dotado de dinero al Puerto de Barcelona.
También se han puesto en marcha reivindicaciones de Puigdemont que nada tienen que ver con las exigencias independentistas, pero que incluye la misma Agenda del reencuentro.
A saber: se ha impulsado la Ley de Memoria Democrática, se ha iniciado la reforma integral del mercado eléctrico, y se han aprobado varios decretos contra la pobreza energética. Además, está en plena negociación, aunque estancada, la nueva Ley de Vivienda, con un redactado muy similar al de la catalana -recién recurrida "no por su contenido, sino por invasión de competencias", apuntan fuentes del Gobierno"-.
Además, se está apoyando "con decisión" el Mobile World Congress -incluso con la presencia del Rey Felipe VI durante dos días en Barcelona, aunque no sea bien recibido-, se han entregado cientos de millones para la financiación del Sistema Nacional de Salud y se ha recuperado la universalidad del sistema sanitario.
También se ha dotado con más de 700 millones al sistema de Dependencia y con las políticas activas de empleo incluyendo el apoyo a los Centros Especiales de Trabajo -a los que se ha subido la subvención al 100%-, se ha dotado con 10.000 millones un Plan para la España rural, procedente de los fondos europeos