La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, negociadora del lado morado del Gobierno para la Ley de Vivienda, ya aceptó el plan de José Luis Ábalos, su contraparte socialista que preveía alzas "hasta el límite máximo del 10%" en nuevos contratos de alquiler celebrados en zonas declaradas de mercado tensionado. Así lo ha podido comprobar este periódico, tras tener acceso a la propuesta enviada "hace unas semanas" por el Ministerio de Belarra al de Ábalos.
La semana pasada, fuentes del Ministerio socialista daban casi por hecho el acuerdo al enviar su último documento al de Unidas Podemos. Fuentes del Ministerio de Transportes de Ábalos, titular en materia de Vivienda, consideraban su última propuesta como "fiel al acuerdo de coalición" y a las exigencias de Ione Belarra. Había topes de precio, se arbitraban "Mecanismos" para bajarlos y se incluía ese posible 10% en caso de pisos con obras de mejora.
Sin embargo, la ministra morada rechazó de plano la propuesta.
Transportes lleva desde el inicio de la legislatura trabajando en la primera ley integral del ramo en 40 años de democracia, y la norma lleva ya casi ocho meses de retraso frente a lo previsto.
Cesiones cruzadas
En el documento de la semana pasada, Ábalos ya aceptaba las exigencias de Podemos para el control del mercado del alquiler. Lo cual sorprendió a Podemos, el entorno de Belarra lo celebró: "Que aceptaran la posibilidad de intervenir el mercado para congelar los precios nos ha costado una barbaridad".
Concretamente en las zonas declaradas de mercado tensionado, el ministerio socialista planteaba dar competencias a CCAA y Ayuntamientos para intervenir el mercado y poner un techo a los precios.
Como propuesta para lograr bajarlos, Ábalos planteó mantener su apuesta por los incentivos fiscales. La proposición, rechazada de inicio por Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, ya había sido aceptada por los morados, aunque a regañadientes. Según el entorno de la también sucesora de Pablo Iglesias al frente de Podemos, ese plan favorece no sólo a los pequeños propietarios -más del 90% del parque de pisos en alquiler en España-, sino a los "grandes tenedores", es decir, los "fondos buitre".
Pero ese plan de Ábalos incluía un apartado que la "congelación de rentas" fuera, en realidad, una "referencia limitada" al precio anterior. Y que si se trata de un contrato nuevo, se pueda manejar "un margen de subida de hasta un 10% en los nuevos contratos".
Fuentes del Ministerio de Belarra, consultadas por este periódico, rechazaron de plano esta oferta. Y lo hicieron criticando esencialmente esa "novedad del 10% de posible subida en los nuevos contratos". Sin embargo, esa misma cifra está incluida en el último documento enviado por Derechos Sociales, hace unas semanas.
El departamento de Ábalos daba la semana pasada por cumplido el acuerdo de coalición y el del pasado octubre, pero ya no, a causa de las acusaciones públicas sobre ese 10% de posibles subidas, que sienten que ha sido utilizado por Unidas Podemos con demagogia. Ahora, insistirán en evitar la intervención del mercado del alquiler para forzar bajadas de precios en la renta.
Sin embargo, desde Unidas Podemos su propuesta de alza de "hasta un máximo del 10%" se entiende en base a que los precios del alquiler están regulados y hay un límite ya fijado que seguiría siendo el tope. Pero en caso de que el contrato en zona tensionada esté por debajo y el propietario haya hecho una obra de mejora, Belarra admite una subida de un 10% siempre que no supere el límite fijado.
Lo firmado
El pasado 28 de octubre, cuando Pablo Iglesias arrancó a Pedro Sánchez un compromiso de que su Ministerio de Derechos Sociales sería coproponente de la norma con el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ambas formaciones pusieron por escrito que "se establecerán mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes".
Hay que recordar que aquella noche de negociación fue especialmente larga y dura, con Sánchez presionado. El presidente había empeñado su palabra aquella mañana ante los presidentes autonómicos y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: "Este martes, el Gobierno aprobará el anteproyecto de Presupuestos". Y su jugada, con la que pretendía acogotar al socio morado, se le volvió en contra.
Entonces, en la formación morada se daba por hecho que no se lograría nada más, pero se mantuvo la presión públicamente con el objetivo de forzar a Ábalos a presentar una nueva oferta. Y ésta llegó: "Nuestro plan, sin duda, bajará los precios, y eso es cumplir con lo pactado".
Plan de incentivos
Y es que el texto acordado en octubre durante la negociación de los Presupuestos Generales de 2021 apuntaba a que estas bajadas debían darse en las "zonas de mercado tensionado". Y para éstas propone Ábalos los siguientes mecanismos: "Si se ha producido un incremento sostenido en los alquileres y los hogares sufren una mayor sobrecarga financiera para el pago del alquiler, es necesario [...] establecer mecanismos efectivos de estabilización y bajada de precios".
Y estos, según propone el ministro socialista, serían la congelación de los precios durante tres años para la renovación de contratos y para nuevos arrendamientos. Y como elemento de bajada, los incentivos fiscales en el IRPF del arrendador, con los siguientes porcentajes de reducción:
Para la incorporación al mercado de una vivienda en alquiler habitual, una reducción del 70%. Según el Ministerio, esto "favorece que haya nuevas viviendas en el mercado y se afronta directamente el problema de falta de oferta" que caracteriza las zonas de
mercado residencial tensionada.
Para quien baje la renta en más de un 10% respecto al contrato anterior, una reducción del 90% en su IRPF. Con esto se lograría, según el entorno de Ábalos, un "mecanismo indudable de bajada de precios". La medida valdría tanto para la mejora de las condiciones del contrato al inquilino existente como para un contrato posterior. Otra manera de "contribuir a la moderación o bajada de los precios en la zona".