Ayuso auditará durante 8 meses Telemadrid para saber "a qué productoras ha ido el dinero"

Apenas existe interlocución entre Isabel Díaz Ayuso y la dirección de Telemadrid. Se trata de una guerra sin cuartel que alcanzó este miércoles su punto álgido: la cadena denunció una brecha de seguridad en la web de petición del certificado Covid gestionada por el Gobierno regional que "ponía al descubierto los datos privados de los ciudadanos". Acto seguido, el equipo de la presidenta respondió: "Es un bulo y lo han publicado conscientes de ello".

En 2016, con Cristina Cifuentes en el Gobierno, Ayuso calificó a José Pablo López como el "candidato idóneo" para dirigir Telemadrid. Esta semana, la ahora presidenta ha sellado una reforma que conlleva su destitución. Fuentes del Ejecutivo madrileño responden así cuando se les pregunta por este gesto: "Auditaremos durante ocho meses para saber cuánto dinero se ha gastado y en qué. Investigaremos a qué productoras ha ido. Todo es opaco".

Pero, ¿qué ha sucedido entre las alabanzas a López y su cese? ¿Por qué se quebró la confianza? La reforma legal diseñada por Ayuso y bendecida con la abstención de Vox establece mandatos de cuatro años no renovables, lo que significa la destitución automática del actual director, que llegó al cargo en 2017 y tenía garantizados dos años más por la norma que establecía mandatos de seis años.

El todavía equipo directivo de Telemadrid reitera que se trata de una reforma "ad hoc para echar a José Pablo". En una misiva remitida a todos los grupos parlamentarios, señalan: "No se contempla ninguna medida para mejorar la gestión y dotar de mayor eficiencia al uso de los recursos públicos que se destinan, ni tampoco garantizar la independencia y la neutralidad de la cadena". Dicho de otro modo: denuncian un cese por motivos políticos.

Fue Cristina Cifuentes quien, gobernando en solitario pero con el apoyo imprescindible de Ciudadanos, inauguró una nueva etapa en Telemadrid. Se propuso a José Pablo López como director y se desvinculó del Parlamento madrileño la elección de buena parte de los miembros del Consejo de Administración de la cadena.

Datos de Audiencia

Telemadrid inauguró nuevos formatos, muchos de ellos informativos, que compiten con los magacines de actualidad de las cadenas privadas. La audencia, según Kantar Media, ha pasado de un 4,1% de share en 2017 a un 5,5% en lo que llevamos de 2021.

Sin embargo, los datos que toma como medida el Gobierno de Ayuso hablan de un descenso del 6,3% al 5% desde que la presidenta alcanzó su puesto en 2019: "Y eso que han tenido muchas oportunidades y acontecimientos de proximidad, como Filomena".

Ayuso defendió así la reforma de Telemadrid en la Asamblea: "Un servicio público sin público no es un servicio, sino un negocio de cuatro. Por eso reformamos la ley. Vamos a garantizar el futuro de Telemadrid y de Onda Madrid". También aseguró: "Si no llega a ser por el Gobierno, se quedan sin cobrar sus nóminas".

De ahí esa "auditoría" a la que someterán a la cadena con el nombramiento de un administrador provisional. La nueva ley permite a Ayuso tener el control de la elección; antes se requería una mayoría cualificada. Telemadrid afrontará un periodo de interinidad que culminará, según fuentes del Gobierno, en "ocho meses más o menos".

Ayuso nunca ha congeniado con la dirección de Telemadrid. Vio en José Pablo López y su equipo un "aliado" de Ignacio Aguado, con quien la presidenta libraba casi una batalla diaria. Según el Gobierno de Ayuso, Ciudadanos se aliaba en la Aasmablea a PSOE, Podemos y Más Madrid y PSOE para anular su margen de maniobra en Telemadrid.

Con la nueva ley eso dejará de suceder, ya que Ciudadanos ha desaparecido del mapa. "El Consejo será más representativo. Aguado, que ya no está, iba a seguir teniendo  representación y Más Madrid, que ahora lidera la oposición, ¿no?", se defienden en el equipo de Ayuso cuando se les pregunta por la reforma. La nueva norma devuelve a la Cámara la elección de la totalidad de los miembros del Consejo. Las organizaciones profesionales y sociales, que ahora tenían mayoría, dejarán de estar representados en el mismo.

La izquierda, mientras tanto, trabaja en un "remedio". Los socialistas se plantean presentar un recurso de inconstitucionalidad. Más Madrid, por su parte, contempla enviar un escrito al Defensor del Pueblo.