La Ley de Memoria ordena la "formación de maestros y funcionarios" y nuevos "contenidos" en las aulas

Mapa de fosas, banco de ADN, censo de víctimas, reparaciones individuales y colectivas, nacionalidad española para los hijos del exilio, fechas conmemorativas, "lugares de memoria democrática", catálogo sancionador... Todo ello queda recogido en el anteproyecto de ley que Carmen Calvo -exvicepresidenta- dejó en herencia a Félix Bolaños, ya ministro de la Presidencia.

El documento que aprueba este martes el Consejo de Ministros, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, no incluye cambios significativos. Dicho de otro modo: Bolaños ha hecho suyo el texto de Calvo, que además ya fue aprobado en comisión por los secretarios de Estado.

La Ley de Memoria Democrática entrará de lleno en lo que tiene que ver con la educación: "El sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española". ¿Cómo está previsto conseguirlo?

Con la "actualización de los contenidos curriculares para Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Formación Profesional y Bachillerato". Del mismo modo, se instruirá al profesorado mediante "formaciones, actualización científica, didáctica y pedagógica". Es decir: la mencionada "actualización" será simultánea en profesores y alumnos.

Sin embargo, los programas de enseñanza irán más allá de los colegios: los planes llegarán a la Administración General del Estado, donde estas actividades se unirán a la "formación continua" y a los "procesos de selección". Los contenidos -según el texto- "se elaborarán teniendo en cuenta la perspectiva de género".

De cara a las universidades, la ley pretende "fomentar en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en materia de memoria democrática".

"Apología del franquismo"

En el anteproyecto de ley original, el Gobierno buscaba asimilar al delito la apología del franquismo. Con ese precepto, intentó cerrar, por ejemplo, la Fundación Francisco Franco. Pero, tal y como adelantó EL ESPAÑOL, el Consejo General del Poder Judicial advirtió a Moncloa de que es la "humillación de las víctimas" la que debería permitir el establecimiento de las limitaciones legales, y no la "apología".

De ahí que el Gobierno haya reescrito la ley en ese sentido. Ha incluido casi en la misma frase la apología y la humillación para intentar sortear las recomendaciones del CGPJ y evitar la inconstitucionalidad de la ley. El PP y Vox ya han amenazado con llevar la norma al Tribunal Constitucional en cuanto se apruebe.

De hecho, el propio TC sentó jurisprudencia hace ya tiempo para sentar que la libertad de expresión ampara "cualquier idea, por equivocada o peligrosa que pueda parecer, incluso las que ataquen al propio sistema democrático".

Otra de las objeciones del CGPJ tuvo que ver con la definición de las "víctimas". El órgano rector de la magistratura apremiaba a incluir a todas aquellas personas que sufrieron la represión en la guerra -en ambos bandos- y la dictadura.

Es cierto que el borrador definitivo habla en varias ocasiones de "todas las víctimas de la guerra y la dictadura", pero cuando desglosa el concepto "víctima" no hay ni una sola mención a los asesinados en la retaguardia republicana. Ese olvido también se produce cuando se habla de la reparación o la expoliación de los bienes. La Segunda República queda recogida como paradigma de la "tolerancia, la igualdad, la justicia social y la solidaridad".

Más medidas

La Ley de Memoria declara "el carácter radicalmente nulo de todas las condenas y sanciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la guerra y la dictadura".

Se concluye la "ilegitimidad" del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, del Tribunal del Orden Público y de los demás Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra.

El texto anuncia dos nuevas fechas oficiales: el 31 de octubre será el "día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura". El 8 de mayo corresponderá a "los hombres y mujeres que sufrieron el exilio".

. Censo estatal de víctimas: el Gobierno llevará un registro de las víctimas encaminado a convertirse en una gran base documental. "Se anotarán las circunstancias respecto a la represión, así como el lugar y la fecha en que ocurrieron los hechos; y la fuente de la que procede la información".

. Planes cuatrienales: Moncloa elaborará itinerarios a seguir de cuatro años, como si fueran legislaturas. Se determinarán de antemano los objetivos a cumplir y los recursos financieros a invertir.

. Consejo Territorial de Memoria Democrática: para cumplir los objetivos mencionados, se creará este organismo, que garantizará la "coordinación" entre el Gobierno y los Ejecutivos autonómicos. También estará presente la Federación Española de Municipios y Provincias.

. Exhumaciones anuales: Sánchez considera que uno de los defectos de la ley de Zapatero fue que el Gobierno no se pusiera al frente de la detección y exhumación de fosas. Eso ahora cambiará. La Administración ofrecerá un "portal de internet" con datos actualizados anualmente. También se podrán consultar los mapas.

. Banco de ADN: se trata de un organismo estatal de nueva creación, adscrito al Ministerio de Justicia, que almacenará los perfiles de las víctimas de la guerra y la dictadura, "a fin de poder compararlos con vistas a la identificación genética".

. Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática: este es otro de los puntos que se mantiene respecto a la versión original... pese a haber sido criticado por el CGPJ. El Gobierno establece la creación de esta figura para "impulsar los procesos de búsqueda de las víctimas".

. Supresión de títulos nobiliarios: se elaborará -con el objetivo de la "supresión"- un catálogo de los títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978, que representen "la exaltación de la guerra y la dictadura".

. El Valle de los Caídos: en contra de lo pedido por Podemos, no se derribará la cruz de Cuelgamuros, pero sí se trabajará por la "resignificación" del lugar, donde no podrán llevarse a cabo "actos de naturaleza política ni de exaltación de la guerra y la dictadura". Se extinguirá la Fundación de la Santa Cruz y se establecerá, mediante real decreto, un "nuevo marco jurídico que determine la organización" del Valle, lo que deja entrever la salida de los monjes benedictinos.