La ‘RAE catalana’ que ataca a Casado y reivindica Valencia y Baleares recibe 6 millones de subvenciones

El Institut d'Estudis Catalans (IEC), el equivalente a la Real Academia Española (RAE), entidad encargada de editar el Diccionario de la Lengua Catalana, se ha convertido en un instrumento más al servicio del proyecto político de los partidos independentistas.

El organismo académico, que cada año recibe cerca de 5 millones de euros de la Generalitat, da carta de naturaleza al concepto de los Países Catalanes como una realidad política (de hecho, lo escribe con mayúsculas), califica de "presos políticos" a los condenados por sedición del 1-O y en su diccionario da una definición de "catalán" en la que incluye, entre otros, a los nativos de la Comunidad Valenciana y Baleares.

Mientras la RAE define "catalán" como "natural de Cataluña, comunidad autónoma de España", el diccionario del IEC declara: "natural de los Países Catalanes". La entidad se define como una institución académica que "acoge a una parte de la élite científica del ámbito lingüístico catalán".

Aunque la lengua constituye el pilar fundamental de la RAE catalana, su actividad, también tiene secciones dedicadas a la historia y arqueología, ciencias biológicas, ciencias sociales y tecnología.

El IEC manejó el año pasado un presupuesto de 8,6 millones de euros, de los cuales 6,1 millones corresponden a subvenciones de las Administraciones públicas y el resto a las aportaciones de sus socios y patrocinadores privados.

Lluvia de millones

El año pasado recibió algo más de 5 millones de euros en ayudas de la Generalitat, además de otros 153.000 de la Diputación de Barcelona (presidida por Nuria Marín, del PSC), 121.000 del Ayuntamiento de Barcelona (gobernado por En Comú Podem y PSC), 18.000 de la Generalitat valenciana y 10.000 del Govern balear, estos dos últimos gobernados también por los socialistas.

También recibió una subvención de 283.000 euros del Ministerio de Ciencia (dirigido entonces por el astronauta Pedro Duque) y otra de 161.784 euros de fondos europeos para digitalizar su patrimonio cultural.

Algunas de las subvenciones que el IEC recibió el año pasado de la Generalitat.

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, clausuró el pasado 25 de julio el Congreso de su partido en Baleares. Durante su discurso, defendió la "libertad lingüística" en el ámbito de la educación con las siguientes palabras: "Vosotros no habláis catalán, habláis mallorquín, habláis menorquín, habláis ibicenco y habláis formenterenc".

Sus palabras eran coherentes con la política que han defendido los expresidentes del Govern balear Jaume Matas y José Ramón Bauzá (éste último, ahora en las filas de Ciudadanos), que intentaron sacar adelante reformas legales para evitar que la enseñanza en las Islas se realice íntegramente en catalán.

Ataque a Casado

El Institut d'Estudis Catalans (IEC) tardó apenas 48 horas en emitir un comunicado en el que sostiene que "las declaraciones de Pablo Casado son producto de la ignorancia o la mala fe. Como institución académica de le lengua catalana, el IEC rechaza que se utilice la lengua como elemento de crispación o con intereses partidistas".

Pero este organismo financiado por la Generalitat sí utiliza la lengua con fines políticos. Su Diccionario de la Lengua Catalana (DLC) ofrece hasta 13 acepciones distintas del término "catalán".

Desde el punto de vista cultural, lo define como "lengua románica hablada en Cataluña, en la mayor parte del País Valenciano [su nombre oficial es Comunidad Valenciana], en las Islas Baleares, en la Franja de Poniente [de Aragón], en la Cataluña Norte [es decir, las comarcas del Pirineo oriental de Francia], en Andorra, en la ciudad sarda de Alguer y en la comarca murciana de El Carche" [la sierra que abarca los municipios de Yecla, Jumilla y Abanilla, donde el uso del valenciano es residual].

El Diccionario oficial del IEC no se detiene en esta exhaustiva enumeración, sino que también define "catalán" como "natural de los Países Catalanes" y "relativo o perteneciente a los Países Catalanes o a sus habitantes".

Un murciano es "catalán"

De este modo, traspasa la acepción pretendidamente cultural del término "países catalanes", con que empezó a utilizarlo el nacionalismo catalán a finales del siglo XX, y le da verosimilitud como realidad política. Así pues, un ibicenco, un murciano nacido en Yecla o un francés de Perpiñán pasan a convertirse en "catalanes".

El término "catalán" en el diccionario del Institut d'Estudis Catalans (IEC).

El organismo financiado por la Generalitat asume así los postulados pancatalanistas de ERC y Junts, que ya han anunciado que si culminan el proceso de independencia de Cataluña, el próximo paso será hacerlo extensivo a la Comunidad Valenciana y Baleares. Ya trabajan con este objetivo, desde hace años, Compromís y Més como socios del PSOE en ambas regiones.

El término países catalanes no tiene larga tradición en el nacionalismo, pero se ha impulsado en los últimos años para referirse a los territorios antiguamente vinculados a la Corona de Aragón como una alternativa política que confrontar al resto de España.

Los partidos independentistas utilizan este concepto para legitimar sus tesis expansionistas: la lengua catalana debe contar con un Estado propio, que además ha de servir para unificar todos los territorios en los que se habla, pese a que jamás exisitió en el pasado esa unión política y el Estatuto valenciano consigna como lengua propia el valenciano.

El Institut d'Estudis Catalans está presidido actualmente por el doctor en Biología Joandomènec Ros, que ha sido miembro del Consejo de Protección de la Naturaleza de la Generalitat catalana y coordina la Cátedra Unesco de Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad de Barcelona (UB).

El 26 de marzo de 2018, el IEC emitió un comunicado el en el que calificaba de "presos políticos" a los condenados por el Tribunal Supremo por organizar el referéndum ilegal de independencia del 1-O.

"El Institut d'Estudis Catalans", señalaba en su nota, "denuncia una vez más la represión de los derechos cívicos y políticos de los ciudadanos catalanes por parte del Estado español. Desde los principios de la democracia, exigimos la puesta en libertad de los presos políticos, la restitución de las instituciones catalanas y el respeto por la libertad de Cataluña y por la voluntad democráticamente expresada por los catalanes".