La operación rescate se ha cerrado con 2.206 personas evacuadas desde Afganistán (1.037 mujeres y 1.169 hombres) que habían sido atendidas en las instalaciones provisionales de tránsito de Torrejón, según el dato oficial ofrecido por el Gobierno. Entre ellas, y según otras fuentes del Ejecutivo, el 85% han procedido ya a la solicitud de protección internacional, casi todas para quedarse en España.

Y es que habría que descontar los 284 rescatados pertenecientes al contingente europeo y los 131 del estadounidense. En total, la Oficina de Asilo y Refugio española tendrá que atender casi 2.000 solicitudes en los próximos meses... mientras acumula más de 100.000 expedientes sin resolver.

Concretamente, son 103.410 las solicitudes acumuladas, según el informe anual de la OAR (datos oficiales del Ministerio del Interior).

Expedientes sin resolver acumulados en la Oficina de Asilo y Refugio.

La comparación de cifras puede parecer ridícula, pues los nuevos dossieres suponen simplemente poco menos de un 2% añadido. Pero la pila de informes taponados es tal que la OAR ha tenido que reforzarse en personal, como no lo había hecho nunca, en los últimos años. 

Según fuentes del Ministerio del Interior consultadas por este periódico, "se ha multiplicado por cinco el personal desde los últimos picos de tensión". Un esfuerzo que, por ahora, sólo ha logrado que 2020 fuera el primer ejercicio en el que se resolvieron más que solicitudes se recibieron. A ese ritmo, aún tardarían cuatro años más en despejar todas las carpetas de polvo.

"Nada que celebrar"

Los trabajadores de la Oficina de Asilo y Refugio, por su parte, lamentan la situación. "No podemos celebrar nada", explica una fuente sindical. A pesar de los tres meses de confinamiento, en 2020 se iniciaron 88.826 expedientes, seis veces más que en 2015, en plena crisis de los refugiados por la guerra en Siria. En aquel curso, de repente, se habían multiplicado las solicitudes por tres: se abrieron 14.887 informes. 

Pero es que en 2019, último ejercicio antes de la pandemia con el que comparar datos, fueron 118.346 las peticiones de protección internacional en España. "El pasado año, la Oficina experimentó un incremento destacado en la tramitación de solicitudes y resolvió un 86,2% más de expedientes que en 2019", explican las fuentes de Interior. "En dos años, la OAR ha multiplicado por nueve su capacidad de gestión".

Expedientes de protección internacional abiertos y resueltos anualmente por la OAR.

Fue precisamente en 2015 cuando Interior se vio obligado a convocar 234 plazas urgentes de funcionarios interinos para reforzar los trabajos, que acumulaban expedientes sin resolver a un ritmo del 200% anual. Pero en 2018 los despidió a todos.

"Cuando nos contrataron en 2015, lo hicieron porque se había pasado de 5.000 a 15.000 expedientes de golpe", explica uno de aquellos funcionarios interinos. La idea era descongestionar la Oficina de Asilo y Refugio, pero a los tres años el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska prescindió de sus servicios expertos en la AOR, cuando la "bola imparable" había llegado ya a 65.000 informes sin resolver acumulados. Hoy, a pesar de los esfuerzos, son más de 100.000.

Pelea Marlaska-Belarra

¿Y cómo se explica? Es cierto que se ha ampliado la plantilla, como explican las fuentes de Interior y corroboran las de los sindicatos. "Pero a los nuevos funcionarios que entran por oposición, para ganar la plaza sólo se les exige ser licenciados, ningún requisito de especialización".

Por el contrario, con aquel contingente de 234 interinos que se incorporaron durante la época del Partido Popular, las exigencias fueron mucho mayores: "Muchos teníamos másteres en Asilo y Refugio, especializaciones, se nos exigía hablar idiomas...".

Un funcionario interino de la OAR, junto a Ione Belarra, ante el Registro del Congreso en 2018. ADP

Nada de eso opera hoy. Y por eso mismo todos los nuevos empiezan de cero. "No conocen la oficina, las leyes, los expedientes, los trámites administrativos... hay que enseñarles todo desde el principio".

En noviembre de 2018, Unidas Podemos estaba era simplemente un apoyo externo al Gobierno en solitario del PSOE, recién llegado tras la moción de censura. La hoy secretaria general, Ione Belarra, era casi una diputada rasa e impulsó una Proposición No de Ley para evitar la salida de los especialistas que podían aliviar la carga de la AOR: "El Ministerio del Interior no está haciendo lo que debe y todo lo que puede para solventar este problema, la ley les permite prolongar 12 meses más estos contratos", afirmaba entonces.

Hoy, ella misma es ministra de Derechos Sociales y presenta batalla contra Interior en la polémica por los 800 menas marroquíes varados en Ceuta. Nada ha dicho sobre las dificultades que encontrará la oleada de refugiados afganos para tramitar su estatus de protección internacional.

Proceso de acogida

Hasta el pasado viernes, un total de 1.108 afganos han sido ya derivados a centros de acogida del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y distribuidos entre 16 Comunidades Autónomas. Así lo ha certificado el departamento de José Luis Escrivá, que detalla que el 40% de estas personas son menores.

La respuesta a la crisis afgana refuerza el papel internacional de España.

Castilla y León es la comunidad que más ciudadanos de procedentes de Afganistán había acogido (146), seguida de Cataluña (136), Andalucía (108) y Aragón (100). Además, País Vasco (85), Madrid (82), Murcia (70), Navarra (63), Castilla-La Mancha (61), Comunidad Valenciana (59), Cantabria (42), Galicia (36), Asturias (32), La Rioja y Extremadura (18 cada una) y Baleares (3).

Según explicó el departamento de Escrivá en un comunicado, el objetivo de estas derivaciones a pisos o centros de acogida "es ayudar a los solicitantes de asilo y a su familia a integrarse y construir una nueva vida en España".

Del las 2.058 personas atendidas en las instalaciones de Torrejón a mediodía del viernes, más de 400 formaban parte de la colaboración con los aliados -europeos o estadounidenses- y 1.641 pertenecían al contingente de España. Éstos comprenden al grupo de naturales del país asiático que han estado trabajando o lo hicieron en algún momento en la misión española durante los últimos 20 años de presencia en Afganistán y sus familiares. 

Si alguno se ha "quedado atrás", el presidente Pedro Sánchez ha prometido "buscar otras alternativas" para seguir rescatándolos: "Queda mucho por hacer", sostiene. Traerlos, acogerlos... y tramitar su asilo y refugio.