Félix Bolaños presumía en la mesa de Moncloa de que "ésta es la primera vez que un Gobierno aprueba la evaluación del Plan Anual Normativo", a pesar de que es una obligación de la Ley de Gobierno, que data de 1997. Pero el Plan llega casi en septiembre, con ocho meses de retraso... del que habrá que culpar a la Covid-19.
Y aunque en Moncloa se han propuesto que este nuevo curso sea de "menos propaganda y más acción", el mensaje del ministro de la Presidencia se centró en que este Ejecutivo "cumple" y "cumplió el 87% de sus compromisos, a pesar de la pandemia". Es más prometió 144 normas nuevas hasta final de 2021, "para que la recuperación llegue a todos".
Pero lo cierto es que la evaluación se aprueba ocho meses después de cerrar el año, y que si se hubiera cumplido con la previsión legal, a 31 de diciembre el cumplimiento habría sido del 65%. En todo caso, la "agenda social" que prioriza el Gobierno en estos cuatro meses que quedan de año, servirá para otro acto de presentación del presidente, Pedro Sánchez, este mismo miércoles, con empresarios, sindicatos "y gente de la Cultura", según fuentes del Gobierno.
El mismo Bolaños lo admitió: "En 2020, este Gobierno aprobó 316 normas, 59 de ellas no previstas", y que se añadieron por culpa del coronavirus. Entre estas últimas, "hasta 39 decretos leyes", lo que le valió al Consejo de Ministros de Pedro Sánchez el récord histórico de la Democracia. Ningún Gobierno legisló tanto sin el Parlamento en los 42 años de vigencia de la Constitución.
El último Consejo de Ministros de agosto, como anunció Isabel Rodríguez, ha servido para aprobar la ley Castells, primera reforma universitaria desde hace 14 años -y de mucho calado-, y para presentar también el Plan Anual Normativo 2021. Para ello, comparecieron junto a la portavoz y a Bolaños, el titular de Universidades, Manuel Castells.
Según Bolaños, el grado de cumplimiento normativo, "y de transparencia" sitúan a España estamos "en las mejores prácticas legislativas de la OCDE y de la Unión Europea". El ministro dijo que el Ejecutivo está satisfecho "y continuaremos en esta senda".
Eso significa que nada que no sea social y económico... y en ese punto la factura de la luz protagonizó la rueda de prensa, cortada abruptamente por la ministra portavoz: "Gobernar es difícil, lo sencillo es reivindicar", dijo Isabel Rodríguez en referencia evidente a los socios morados, sentada junto a Castells.
Al otro lado, Bolaños recordaba hitos del año pasado: "No sólo atendimos las urgencias del coronavirus, sino que mantuvimos nuestra agenda". Así, repasó la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, la ley de la Cadena Alimentaria, la de Libertades Sexuales, el incremento Salario Mínimo (SMI) "muy importante en 2020", y la Ley del Cambio Climático.
Claro, acto seguido, casi todas las preguntas de la prensa se centraron en la factura de la luz, que este martes alcanzaba su récord histórico -y subiendo- y en la reunión de este miércoles para pactar una nueva subida del SMI. La patronal se niega, el Gobierno está dividido y los sindicatos ya parecen contentarse con algo "simbólico" si se les garantiza una senda hasta 2023 que llegue al 60% del salario medio. A ninguna de esas cuestiones respondió ninguno de los ministros con datos, y sí con evasivas.
Para lo que queda de año, en esas 144 normas, Bolaños anunció la Ley de Formación Profesional, que ya está en el Congreso; la de Ciencia, la de Creación y Crecimiento de Empresas, el desarrollo de la Ley educativa (la LOMLOE), la Ley del 5G "que nos pondrá a la vanguardia de la tecnología"; pero sobre todo, "la reforma laboral" y la Ley de Vivienda, como compromisos con la Comisión Europea: "Hemos avanzado y seguimos avanzando", sentenció.
Nada a la Generalitat
Ese anuncio dejó dos cosas claras. Que el PSOE está preocupado por su encalladísima ley de Vivienda, asignatura sin aprobar por el ministro Ábalos antes de ser decapitado y de la que no se ha escuchado ninguna palabra a su sucesora. El asunto, comprometido hace ya casi un año, promete ser un escollo grave en la tramitación de los Presupuestos de 2022.
Y, por otro lado, que Nadia Calviño ha ganado la batalla -de la comunicación, al menos- a Yolanda Díaz: Moncloa no habla de "derogar la reforma laboral del PP", sino de hacer la suya propia.
El paquete de normas e iniciativas para los próximos cuatro meses "son sólo una agenda social y económica para la recuperación justa". Y por eso no hay opción de que se atienda nada de la agenda catalana, aclaró Bolaños: ni reforma del Código Penal para rebajar el delito de sedición y el de rebelión, ni retoques en temas de libertad de expresión.
Éste es otro punto de lo que quiere Moncloa en este nuevo curso: que se vea a Sánchez interesado en más territorios que Cataluña. E incluso que se le vea menos interesado en Cataluña, en atender las reivindicaciones y en bailar al son del lío independentista: "Miren su agenda, ellos sabrán por qué no dejan de pelearse internamente", comentan fuentes de Moncloa.
"Sabemos que va a haber un crecimiento económico muy importante", presumió Bolaños. "La OCDE y la UE dicen que España es la que más crecerá de los Veintisiete en 2021. Y nosotros queremos que la recuperación sea justa, para que llegue a todos, a través de mecanismos de redistribución, de la ampliación de derechos y libertades y de la modernización de este país".
Tanto la portavoz como Bolaños insistieron mucho en que "todas las cifras económicas son esperanzadoras", y en que "en pocas horas alcanzaremos el 70% de la población total vacunada"... aunque los datos de sanidad hablen de mayores de 12 años. Pero para Moncloa eso significa que "ya no estamos como estábamos en 2020, empezando un curso con incertidumbres, sino que podemos afrontar una proceso modernizador que nos haga recuperar nuestras vidas normales".
Esas palabras son de Bolaños, que añadió: "Y en nuestra visión progresista, eso significa que este país tenga más derechos y libertades, pero sobre todo que las cifras del crecimiento se traduzcan en cohesión social". Así, el Gobierno quiere no sólo salir de la pandemia, "sino hacerlo con cohesión y solidaridad".