Quedan exactamente 30 días para que expire el plazo que tiene el Gobierno para llevar el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado 2022 a las Cortes Generales. No es un mandato legal, es constitucional. Pero María Jesús Montero no parece tener prisa. La ministra de Hacienda no ha llamado a negociar a Nacho Álvarez, secretario de Economía de Podemos y designado por Yolanda Díaz para el trabajo.
Todos los inquilinos de la Moncloa dicen, rimbombantes, que la ley de los PGE es la más importante del año. Y así lo creyeron los padres de la Carta Magna, tanto que decidieron dejar ahí, negro sobre blanco en el artículo 134.3), que "el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior".
Es decir, el 30 de septiembre, a más tardar. Y para eso hace falta que se apruebe en Consejo de Ministros: el último es el 28 del mismo mes, martes... total, que a Montero le quedan cuatro semanas peladas. Y por ahora sólo ha intercambiado documentos por email con Álvarez, su contraparte morada para la negociación.
Así lo atestiguan fuentes del Gobierno a este periódico. Aunque sorprendentemente, ni del lado socialista ni del de Unidas Podemos parecen apremiarse. "La negociación como tal no ha comenzado, aún no se han reunido", confirman desde fuentes gubernamentales. Y a pesar de que la titular de Hacienda dejó las responsabilidades de la Portavocía hace ya casi dos meses, no ha habido avances.
El jueguecito con Cs
El año pasado, la negociación ya se había lanzado en pleno mes de agosto. Entonces, los primeros contactos fueron políticos, con grupos parlamentarios como Ciudadanos, al que Moncloa quería tener cerca de las conversaciones para atemperar las exigencias de los socios en el Congreso -Esquerra, Bildu, PNV y Junts- y, sobre todo, las de Unidas Podemos, con un Pablo Iglesias desatado.
El entonces vicepresidente segundo del Gobierno contaba con ese concepto citado al inicio de este artículo, que los PGE son la ley más importante del año.
Y una negociación clave de políticas es el escenario predilecto para los morados: es ahí donde lanzan sus apuestas, que suelen tener tres longitudes. La primera, lo que quieren, aunque no esté firmado (desechable); la segunda, lo contemplado en el acuerdo de coalición (se pelea); y la tercera, la línea roja, el mínimo sin el que no hay acuerdo (se ponga como se ponga el PSOE).
Carmen Calvo se reúne con representantes de Ciudadanos para negociar los Presupuestos de 2021.
Por eso, y aunque el 3 de agosto de 2020 Carmen Calvo citó en Moncloa a una delegación de Ciudadanos liderada por Edmundo Bal, en Unidas Podemos no se pusieron nerviosos. Su versión de los hechos era que todo eso se limitaba a "una escenificación".
Para empezar, porque la entonces vicepresidenta primera no tenía competencias en materias económicas. Y además, porque Pedro Sánchez era consciente -Iglesias se lo decía en sus citas semanales cara a cara en Moncloa- de que "con Cs, no".
Por eso, este año ya no hay representación teatral con el partido de Inés Arrimadas. Además, ella misma también extrajo una lección del jueguecito del año pasado. Moncloa los utilizó para rebajar las exigencias de independentistas y podemitas. Y a la hora de la verdad, Montero los dejó tirados atribuyendo "a la negociación con el PNV", la retirada del 'dieselazo' en las cuentas públicas.
Antecedente clave
El año pasado, las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos se alargaron hasta la noche del 28 de octubre. Hubo órdagos y amenazas de madrugada, cuando el presidente ya se había comprometido en una Conferencia de Presidentes autonómicos -a la que asistió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen- a que ese martes se aprobaría el proyecto de ley en el Consejo de Ministros. Iglesias aprovechó y apretó hasta el infinito, y más allá.
...tanto, que arrancó algo "imposible". Que el Ministerio de Transportes aceptara al suyo, el de Derechos Sociales, como coproponente de la primera Ley de Vivienda de la Democracia. Y que en ella se introdujera la posibilidad de "intervenir el mercado" del alquiler con potestades para CCAA y Ayuntamientos para "fijar precios máximos que congelen e incluso bajen" las rentas en zonas declaradas "tensionadas".
José Luis Ábalos, entonces titular de la cartera, nunca se lo creyó. Y no tanto porque él no aceptara la medida, sino porque la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se negaba en redondo... y con ella, el mismo corazón del PSOE.
Ése será el primer escollo de la negociación este año. Y quizá por eso Montero no tiene prisa en reunirse con Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y secretario de Economía de Podemos: porque ya ha pasado casi un año desde que se firmó ese compromiso que aún no se ha cumplido.
La ley sigue encallada en los cajones del Ministerio, incluso ahora que Ábalos ya es historia y ocupa su sillón Raquel Sánchez, una exalcaldesa, la de Gavà, que activó una cláusula similar al amparo de la ley catalana de Vivienda. "Es un incumplimiento flagrante", explican las fuentes de Unidas Podemos, "al que además se añade que el mismo Gobierno que se comprometió darle cobertura legal a esa norma autonómica, ahora la tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional".
Para la parte morada del Gobierno, el cumplimiento del acuerdo será en esta ocasión más que una línea roja: será el inicio de todo y, sin ello, ni se hablará de nada más. Ya avisó Yolanda Díaz al presidente en las semanas previas a la crisis de Gobierno: nada de ninguneos, o la coalición no podrá durar mucho. Veremos...