Moncloa se frota las manos tras el batacazo del independentismo en su fiesta cumbre, la Diada de Cataluña. Pedro Sánchez y su equipo conciben que la desmovilización es consecuencia directa de su política de los indultos. Anulado el argumento de "los mártires" –ya están en la calle–, ERC y Junts se han enfangado en una disputa interna que aleja cada vez más la era dorada del procés. O eso es lo que cree el Gobierno.
Del mismo modo, el entorno del presidente procurará, a raíz de lo sucedido en las calles de Barcelona, abrillantar lo que en su día se llamó la "Operación Illa". Sin un horizonte claro para el actual Govern, Sánchez y el exministro de Sanidad razonan que las imágenes de este sábado "dan alas" a Salvador Illa como alternativa, y que tendrán una oportunidad para convencer con su "tercera vía".
La cifra de participantes, según la Guardia Urbana, es la más baja en diez años. Poco más de 100.000 personas frente al cálculo inverosímil de los organizadores, que hablan de más de 400.000.
Pero este sábado no fueron los números lo que puso de manifiesto la batalla perdida –que no la guerra– del separatismo. La clave anidó en los insultos y las pitadas... a los propios líderes de la secesión. Oriol Junqueras, recién salido de prisión, fue tachado de "botifler"; y Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, acabó abucheado como si de un adversario se tratara.
En realidad, el proyecto común –la patria prometida– que unió a Esquerra Republicana y a Puigdemont parece haberse difuminado para dar paso a los "adversarios" dentro de la coalición que gobierna la Generalitat.
Hasta los "presos políticos" son insultados por el sector más radical del independentismo. Junqueras y compañía, que antes daban razón de ser a manifestaciones como la Diada, no obtuvieron el cariño de la marcha.
Laura Borràs, en nombre de Puigdemont, puso de manifiesto que su partido echa de menos la táctica que funcionaba, la del victimismo. Liberados los presos, clamó por "los exiliados y los represaliados".
"El hartazgo"
Al mismo tiempo, Aragonès y Junqueras pedían apoyo a la mesa de diálogo. El Gobierno de Sánchez cree que, mientras el independentismo esté dividido, la mesa entrañará un riesgo menor.
Además de los indultos, Sánchez cree que la negociación rota de El Prat ha desenmascarado a los independentistas. "Los catalanes lo han visto claro", publicaba este sábado EL ESPAÑOL en boca de Moncloa.
"Paseas las calles de las capitales catalanas y notas el hartazgo, la gente quiere que se hable de las cosas de comer, y no de quimeras que sólo han empobrecido a su tierra", celebraban fuentes ministeriales.
Mientras tanto, en la oposición, se advierte de los riesgos de esa mesa y se acusa al Ejecutivo de fomentar una bilateralidad que privilegia a Cataluña sobre el resto de Comunidades.
Partido Popular, Ciudadanos y Vox recriminan a Sánchez que "premie" de esa manera a la Comunidad que llevó a cabo un proceso separatista en contra del marco constitucional.
Casado y Abascal, condenados a entenderse a la luz de todas las encuestas si quieren conformar una alternativa, exhiben un razonamiento estrictamente contrario al de Moncloa: el coqueteo de Sánchez con el separatismo "tendrá consecuencias".
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