La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este miércoles un anteproyecto de ley de autonomía fiscal para "proteger" la Comunidad de Madrid del Gobierno de España, y que recogerá un "nuevo derecho" de los ciudadanos de "conocer en qué se gasta la Administración regional el dinero de sus impuestos".
Lo ha hecho a través de sus redes sociales, aunque ha sido Enrique Ossorio, portavoz de la Comunidad de Madrid, el encargado de desgranarla en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la Real Casa de Correos (Puerta del Sol). Ahí, Ossorio ha defendido su pertinencia porque "no puede ser que las leyes fiscales no se debatan en la Asamblea de Vallecas y se debatan por el Gobierno de España u otras formaciones políticas", en referencia a las fuerzas separatistas.
El anteproyecto de ley incorporará, según han anunciado Ossorio y la propia Díaz Ayuso, el derecho de los ciudadanos madrileños de saber "en qué se gasta la Administración sus impuestos". Una medida en pos de mejorar la "transparencia" y la "eficiencia".
El anteproyecto de ley de defensa de la autonomía financiera de Madrid se ha elevado este miércoles al portal de transparencia para su consulta pública, y se trata del enésimo anuncio en materia fiscal dentro de un curso político que la presidenta madrileña ha arrancado con fuerza.
Política fiscal
En el primer Consejo de Gobierno del nuevo curso, Ayuso ya anunció la eliminación de los impuestos propios de la Comunidad de Madrid, convirtiéndose así en la primera región española que no cobra un euro a sus ciudadanos a través de estos tributos, ahorrando una media de 99 euros al año por contribuyente.
Este lunes, aprovechando su paso por Milán para recibir el premio La Llama de la Libertad que entrega el Instituto Bruno Leoni, adelantó para el próximo 20 de septiembre el fin de los límites horarios en hostelería y ocio nocturno, así como el fin de las restricciones de aforo en cines y teatros.
Y ahora la nueva ley de autonomía fiscal, que supone "un paso adelante para blindar la política fiscal frente a cualquier intento de cambiarla", según ha expuesto Díaz Ayuso en la jornada Computación responsable: hacia una era tecnológica, organizada por IBM España inmediatamente después del Consejo de Gobierno.
Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, futurible presidenta del PP en la región, quiere ir más allá: a su compromiso de bajar medio punto todos los tramos de la parte autonómica del IRPF ha sumado hoy uno nuevo, el de invertir más de millón y medio de euros en convertir la región en el "nodo tecnológico y digital" del sur de Europa.
"Seguiremos simplificando tabas burocráticas, facilitando la vida de nuestros empresarios y generadores de empleo y bajando impuestos", ha avanzado.
"Me importa Cataluña"
La presidenta también ha aprovechado su paso por el acto organizado por IMB para denunciar la "indignidad" que supone la mesa de diálogo que mantiene hoy el Gobierno de España con el Govern de la Generalitat de Cataluña. Una mesa que "no sólo dinamita la estabilidad institucional, sino que supone una deslealtad nacional, una humillación para los españoles de bien y un camino que está arruinando multitud de proyectos empresariales".
Pese a exhibir su beligerancia habitual con el Ejecutivo Central, Ayuso ha querido subrayar "la lealtad del Gobierno de la Comunidad de Madrid con el Gobierno de la Nación para asegurar la estabilidad institucional": "A Madrid le importa Cataluña y a Madrid le importa España".
Eso no significa, claro, que la presidenta madrileña esté dispuesta a aceptar que se "ceda al chantaje de quienes pretenden romper el país" o, "peor aún, seguir permitiendo que se trate a los ciudadanos de primera o de segunda en función de dónde han nacido, de qué lengua hablan o de sus inclinaciones políticas".
Y es que frente al modelo catalán, la última medida de la Comunidad de Madrid pretende abundar en las políticas fiscales que han permitido que el PIB de la región haya crecido un 31,7% en el último año (12 puntos por encima de la media nacional) o que pronostican "un crecimiento de casi 8.300 millones de euros y 2.500 empleos para los próximos años como consecuencia de la inversión en centros de datos".