Gobierno y oposición bloquean la ley que obliga a ampliar las plantillas enfermeras de España

Los dos principales partidos del Congreso de los Diputados, el PP y el PSOE, continúan bloqueando la tramitación de la conocida como Ley de Ratios enfermeros. La norma obligaría a las autoridades sanitarias españolas a ampliar las plantillas de Enfermería hasta alcanzar unos ratios de pacientes por profesional "aptos" para la buena atención de los ciudadanos. 

Así lo han denunciado a EL ESPAÑOL fuentes cercanas al proceso: aseguran que existe una "total falta de predisposición" por parte de los principales grupos del Gobierno y de la oposición para culminar con el plazo de tramitación de enmiendas de la ley.

La futura ley lleva ya 21 prórrogas para su tramitación en la Mesa. Un bloqueo institucional que se ha repetido en otras ocasiones, como la primera vez que se tramitó la Ley de la Eutanasia en el Congreso.

En un primer momento, los partidos políticos aseguraban que el coronavirus y la campaña de vacunación habían paralizado los trabajos de la norma; la cual precisa de un importante estudio poblacional y económico por el presupuesto que acarrearía su puesta en marcha. Ahora que el 80% de la población está inmunizada y la quinta ola se ha dado por controlada, los bloqueos continúan.

Iniciativa popular

La propuesta legislativa se presentó en el Congreso de los Diputados en forma de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por parte del Sindicato de Enfermería SATSE y contó con las firmas de cerca de 700.000 ciudadanos españoles. Las ILP son el único modelo que contempla la legislación española para que sea el pueblo quien proponga normas, en lugar de los cargos públicos.

En los inicios de su tramitación, todo fueron buenas palabras para esta ley. Todos los grupos políticos se mostraron favorables y, de hecho, en múltiples ocasiones denuncian la falta de profesionales sanitarios que sufre el Sistema Nacional de Salud.

Esta misma semana, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha convocado a los consejeros de todas las autonomías a hablar de plantillas de profesionales en un Consejo Interterritorial que se celebrará presencialmente en las islas canarias. Del mismo modo, los partidos de la oposición reiteran este déficit estructural de profesionales.

Lo cierto es que todos apoyaron la tramitación de la norma en sus fases iniciales, durante el mes de diciembre, cuando daba los pasos preliminares en su trámite parlamentario. Tanto la toma en consideración como su posterior evaluación fueron aprobadas por unanimidad.

El único partido que se mostró contrario a la ley fue Esquerra Republicana quienes, en mayo de 2021, presentaron una enmienda a la totalidad. Finalmente, esta enmienda fue rechazada y los grupos acusaron a ERC de torpedear la iniciativa.

Para ERC el problema era de competencias. Si la ley de ratios se convierte en una norma nacional, "decidirá" sobre aspectos regionales como las plantillas de profesionales sanitarios. Bien es cierto que esto ya ocurre en otros ámbitos como, por ejemplo, los ratios educativos que regulan el número de alumnos por profesor.

Según algunos partidos políticos con los que ha contactado este diario, es la parte económica de la norma lo que la está bloqueando. Y es que, como explicaba en una entrevista con EL ESPAÑOL el presidente del sindicato SATSE, Manuel Cascos, una de las exigencias principales de la ley es que cuente con una memoria económica y que no sea un brindis al sol.

En un momento en el que las competencias sanitarias están transferidas a las CCAA y depende de ellas contratar a los profesionales, era esencial que la norma recogiera este aspecto. Según estimaciones del sindicato, la normal lleva ya 10 meses bloqueada. Una "irresponsabilidad e ineficacia" por parte de algunos partidos políticos.

"Si apoyaron con contundencia la norma y si está demostrado científicamente que mejorará la seguridad y salud de las personas, por qué ahora bloquean sistemáticamente, semana, tras semana, su tramitación, prorrogando incansablemente la presentación de enmiendas parciales", denunciaron este jueves con motivo del Día Mundial de la Seguridad del Paciente.

¿Qué es la ley de ratios?

La Ley de Seguridad del Paciente, que es como se llama en verdad la ley de ratios, es una normativa pionera en Europa que supondría el establecimiento legal de unas ratios enfermeras mínimas por paciente o población.

En términos concretos, la norma plantea pasar de la relación de una enfermera por cada 15-20 pacientes a una por cada 6-8. Esto supondría la creación de unos 130.000 puestos de trabajo. Algo que, desde el sindicato SATSE, defienden como "perfectamente viable desde el punto de vista económico", ya que sería "progresivo" y ayudaría a corregir el "déficit estructural e histórico de enfermeros que sufre el país".

El coste de contratar a estos profesionales sanitarios sería de, al menos, 3.900 millones de euros, teniendo en cuenta que el salario medio es de 30.000 euros brutos anuales, según adelantó Invertia. El economista Álvaro Hidalgo explicó a este medio que esta retribución varía en función de las guardias, por tener especialidad y las aportaciones a la Seguridad Social. Por lo tanto, esta cantidad podría aumentar.

Además, el propio sindicato realizó un estudio  en el que aseguraban que, sólo para llegar a la ratio media de enfermeras que había en otros países del entorno europeo, haría falta contratar unas 130.000 profesionales más de las que hay en la actualidad. 

El argumento

La necesidad de regular la ratio de enfermeras por número de pacientes es una petición que SATSE lleva haciendo desde hace tiempo. Las convocatorias electorales consecutivas que se vivieron hasta conformar Gobierno en diciembre de 2019 obligaron al sindicato a repetir los trámites de la ley en varias ocasiones.

De hecho, la pandemia no ha hecho otra cosa que incrementar la precaria situación de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud. España afrontó la crisis sanitaria de la Covid-19 con un déficit de, al menos, 87.890 enfermeras, según los cálculos del sindicato.

Además, la precariedad de los contratos en España (temporales) y los exiguos sueldos que cobran las profesionales españolas respecto a sus homólogas en otros países europeos (entre 1.400 y 1.500 euros mensuales en la sanidad pública patria frente a los alrededor de 2.500 euros de Alemania, por ejemplo) han provocado el éxodo de las enfermeras formadas en nuestro país.