Montero ve una "violación de DDHH" negar un aborto y exige a Sánchez regular la objeción de conciencia

La ministra de Igualdad, Irene Montero, cree que es "urgente" reformar la Ley del Aborto después del aumento de las denuncias sobre las dificultades para abortar en hospitales públicos y se ha puesto de plazo hasta diciembre para tener listo un borrador.

Además, exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y obviando a Sanidad, regular la objeción de conciencia, que cree que es un "obstáculo" para abortar en los centros públicos y una manera de "infantilizar" a las mujeres. 

Montero recuerda que en España "está reconocido el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo", algo, ha dicho, no pueden hacer "miles de mujeres" a pesar de que les ampara la ley. "Esto es una violación de los derechos humanos. Es un derecho que reconoce nuestra Constitución", ha apuntado la titular de Igualdad, que insiste en que el derecho a abortar "es un derecho fundamental".

Objeción de conciencia

En una entrevista en la SER, Montero cree necesario y urgente regular también la objeción de conciencia de los médicos, porque "no puede ser un obstáculo para abortar", algo que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, rechaza. De hecho, este miércoles en rueda de prensa aseguró que "no hay ninguna intención" de regular esta cuestión por parte del Ejecutivo. 

Ante esto, Montero ha desvelado que a título personal ha hablado sobre ello con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que se ha mostrado "de acuerdo" en la reforma. "Yo he hablado con el presidente y la ley hay que reformarla", ha señalado. 

"Hay que regular la objeción de conciencia para que sea individual. Hay que garantizar que haya en los hospitales públicos gente que practique abortos", ha explicado Montero, que considera que la objeción "es el principal problema" para que no se cumpla la ley debido "a su mal uso".

"Yo decido sobre mi cuerpo"

En este punto ha opinado que la objeción de conciencia es también una forma de "infantilizar a las mujeres". "Es como si nos dicen 'No tienes tú la capacidad de decidir, lo tiene que decidir un profesional sanitario'. No, es una decisión sobre mi propio cuerpo", ha dicho. 

"Es un derecho individual, no de departamentos enteros", ha insistido Montero, remarcando que es un derecho que "hay que proteger y cuidar". En este punto, la ministra de Igualdad también ha recordado que es una "obligación constitucional" respetar a aquel profesional sanitario que no quiere realizar un aborto, aunque ha explicado que esto no puede impedir que un centro público no los realice. 

Montero también ha denunciado que hay "miles de mujeres" que tienen que recorrer "miles de kilómetros" para abortar "en centros privados y concertados" porque su médico de la pública, así como su equipo, se niegan a realizarlo.

"Tiene que existir un registro, un control, un informe de por qué no sea realiza... y apenas hay registros, por ejemplo en Madrid, sobre ello", ha apuntado para señalar que existe "un estigma" entre los profesionales sanitarios que realizan estas intervenciones. 

Días de reflexión

El pasado mes de julio, Montero avanzó su intención de eliminar los tres días de reflexión obligatorios antes de proceder a una interrupción voluntaria del embarazo  y promocionar los métodos anticonceptivos masculinos en la futura reforma de la ley de aborto.

Tratar la violencia de la mujer dentro del ámbito reproductivo, es otra de las cuestiones que Montero quiere incluir en la futura Ley del Aborto. Así, se prevé que se dé respuesta a la "explotación reproductiva", en referencia a la gestación subrogada.