El peñón español de Vélez de la Gomera, en el norte de África, está unido a Marruecos por un estrecho istmo de arena. De hecho, este límite fronterizo que separa España y Marruecos es el más pequeño del mundo, con apenas 85 metros de longitud.
Se puede acceder a él andando, aunque suele estar controlado por varias unidades del Ejército de Tierra. Situado a 126 kilómetros de Melilla y a 117 kilómetros de Ceuta, depende de la capitanía marítima melillense.
Allí consiguieron llegar 125 migrantes de origen subsahariano la madrugada del lunes, entre ellos 8 niños y 60 mujeres, algunas embarazadas. A pesar de que parte de ellas estaban heridas, “no han querido llamar a Salvamento Marítimo porque avisan a la Marina Real marroquí y los devuelven a Marruecos”. Lo explica a EL ESPAÑOL uno de los activistas que les ha dado asistencia desde Tánger.
Y así sucedió. “El Gobierno español ha vuelto a violar los derechos humanos en la frontera. 125 personas demandantes de asilo han sido devueltas a Marruecos en una operación militar hispano-marroquí”, denunció el lunes por la tarde en su cuenta de Twitter Helena Maleno, portavoz de la organización Caminando Fronteras.
Por su parte, la ONG Alarm Phone denunció en sus redes que “carecen de agua y comida”. Los migrantes solicitaron asilo y protección ante las autoridades militares del peñón. Sin embargo, “más de doscientos militares marroquíes comenzaron a llegar a la zona con materiales antidisturbios. A ellos se unieron también los españoles”, relata Maleno.
Expulsión colectiva
“Las mujeres se desplazaron al puesto de la bandera, una parte peligrosa, y amenazaban con saltar al mar para evitar que se las llevaran”, describe un activista de Nador. A pesar de poder caer al mar, las detuvieron. De hecho, Maleno definió la expulsión como “colectiva y violenta”.
Caminando Fronteras, junto a otras organizaciones, formuló una queja al Defensor del Pueblo, que recordó al Gobierno español sus obligaciones. Además, el relator de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes explicó que esta práctica viola los derechos de estas personas.
Hace justo un mes, otras 41 personas subsaharianas alcanzaron el islote de tierra a 50 metros de la costa de Alhucemas, también territorio español. Fueron devueltas a Marruecos, a pesar de que en el grupo había tres mujeres embarazadas, dos bebés y cuatro niños menores de 15 años, de siete países diferentes, entre ellos algunos susceptibles de asilo debido a encontrarse en conflicto.
Los islotes de tierra y mar, junto al peñón de Alhucemas, se encuentran frente a la costa mediterránea de Marruecos y están clasificados históricamente como “plazas menores” dentro de las plazas de soberanía.
¿Qué pasa en Melilla?
Actualmente, la Ciudad Autónoma de Melilla sufre la presión migratoria, después de que el pasado mes de mayo quedase en evidencia la apertura de la frontera terrestre de Castillejos con Ceuta por parte de las autoridades marroquíes tras el enfado de Rabat por la acogida de Brahim Ghali, el secretario general del Frente Polisario.
La última entrada se registró la madrugada del martes. A las 6.30 horas, diez migrantes subsaharianos de un grupo de 50 accedieron a Melilla por la zona de Río Nano. “Los efectivos del dispositivo anti-intrusión de la Guardia Civil y la colaboración de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos han impedido el acceso de la mayoría de ellos, logrando entrar finalmente diez migrantes”, informó la Delegación del Gobierno de la ciudad autónoma.
La presión recae ahora sobre Melilla, desde donde se gestionan directamente los peñones. “Las fuerzas de seguridad están todas las noches en la frontera. El domingo estaba el helicóptero también rondando por ahí”, confirma a El ESPAÑOL un Policía Nacional desde la ciudad española.
En mayo, pasaron a Ceuta más de 10.000 personas, la mayoría ciudadanos marroquíes. Por entonces, apenas había migrantes del África subsahariana en la región colindante con España porque las autoridades los trasladaron esposados en autocares hasta la localidad de Tiznit, a 860 kilómetros de la frontera terrestre.
Después de varios intentos sin éxito de regresar a Tánger, los migrantes se instalaron en el Sáhara Occidental, donde incluso encontraron trabajo en las empresas de pescado del puerto.
Control de fronteras
Marruecos venía de recibir 140 millones de la Unión Europea para potenciar el control de las fronteras del sur del continente. Y cumplió con lo pactado, aferrándose a la ley 02-03 que permite a la Administración marroquí imponer las zonas a las personas que están en situación irregular.
Esa población arrinconada en el desierto desde 2018 se vuelve a mover por el país, y de ahí las concentraciones en montes cercanos a las ciudades autónomas españolas que habían peinado las fuerzas auxiliares.
“Los están sacando en autobuses del Sáhara Occidental desde el mes de junio. Los empezaron a cargar en autocares, por cientos, y los llevaron directamente al norte de Marruecos. Solo a los subsaharianos, y a las zonas de Ceuta y Melilla para presionar”, desvelaron por teléfono a El ESPAÑOL testigos que prefieren mantener su identidad en el anonimato desde El Aaiún, capital del Sáhara Occidental.
De esta manera, desde 2018, los flujos migratorios se mueven dentro de Marruecos del norte al sur, y del sur al norte, según la conveniencia política y económica, bajo el paraguas de acogida migratoria frente a tránsito migratorio.