El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entra esta semana en la recta final para negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2022. Una carrera contrarreloj en la que su principal aliado y socio, Unidas Podemos, no se lo pondrá nada fácil. En las últimas 48 horas, Sánchez ha tenido que escuchar las presiones de su ministra de Trabajo y del que fuera su vicepresidente bajo un lema bastante claro: "Sólo pueden pactar con nosotros".
Por si no fuera suficiente con las peticiones de EHBildu y Esquerra Republicana (este segundo un actor que cobra relevancia tras la detección de Carles Puigdemont en Cerdeña), a Sánchez le toca perder el sueño por los de Ione Belarra que ya le avisaron que no le pondrían fácil la negociación.
Aunque esta semana Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y Pablo Iglesias, exlider de Podemos, hayan sido los más tajantes en sus declaraciones, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ya ha presentado unas cuantas enmiendas a la totalidad al plan presupuestario de Maria Jesús Montero, ministra de Hacienda, y Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos.
Asegurando que los presupuestos están "muy lejos", Belarra ya ha pedido unas cuentas con más "ambición fiscal" y "perspectiva social". Unidas Podemos quiere leyes "que no ocurrirían si nosotros no estuviéramos en el Gobierno", como ha declarado este domingo Yolanda Díaz. Una baza para demostrar su valor ante una hipotética convocatoria electoral y para recuperar los escaños que les quitan las encuestas.
"O con Podemos, ERC y EHBildu" o con nadie. Ese ha sido el mensaje que ha lanzado el exlider de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, desde el banquillo en el acto del centenario del Partido Comunista de España (PCE). Jornadas por las que han desfilado todos los ministros de la rama morada para clamar que el "cambio social" que ha llevado a cabo el Ejecutivo ha sido "gracias" a ellos.
Una prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la regulación de los alquileres o la reforma laboral han sido sólo algunos de los puntos que los de Unidas Podemos han puesto sobre la mesa. Su mensaje es claro: saben que los presupuestos penden de un hilo y quieren sacar lo máximo posible.
Más reuniones
La situación es de lo más propicia, sobre todo tras la llegada de Carles Puigdemont a Cerdeña. Su detección y posterior puesta en libertad se ha presentado como un elemento que no condicionará la negociación con ERC, pero ha avivado el debate de independencia alrededor de la mesa de diálogo.
El PSOE ha salido rápidamente a decir que este hecho se quedará en el aspecto judicial y no traspasará a la negociación presupuestaria. En una entrevista en Radio Nacional España (RNE), el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha asegurado que el arresto del expresident no afecta a la negociación de los Presupuestos Generales para 2022 y que es una cuestión puramente judicial.
"La detención de Puigdemont afecta exclusivamente al ámbito judicial. Desvinculamos una realidad de la otra", ha insistido Gómez, quien se ha mostrado "optimista" con el avance de las negociaciones.
Con todo ello, el reloj sigue corriendo. Pedro Sánchez se había propuesto aprobar las cuentas públicas el 28 de septiembre o el cinco de octubre. Apenas diez días (con suerte) en los que tiene que cerrar una negociación en una de las Cámaras más plurales de la democracia.
De hecho, esta misma semana, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tiene previsto verse con los partidos que integran el Grupo Mixto (la CUP, UPN, CC, NC, Foro Asturias, Teruel Existe y PRC) y con los portavoces de los dos partidos que integran el Gobierno, esto es, con el PSOE y Unidas Podemos.
El trabajo del equipo de Pedro Sánchez para elaborar estos presupuestos empezó allá por el mes de julio cuando se dio luz verde al límite de gasto no financiero. El llamado techo de gasto de los PGE de 2022 se mantiene en 196.142 millones de euros, lo que supone apenas 45 millones más que la cifra registrada un año antes.
En este techo de gasto se incluyen las transferencias extraordinarias por parte de los fondos europeos. Estos contantes, que irán a parar a Comunidades Autónomas y Seguridad Social, jugarán un papel fundamental en los PGE. Según ha adelantado el Gobierno de España, los fondos europeos suponen una llegada de 75.000 millones de euros a disponer en tres años.