El debate sobre la descentralización de organismos del Estado para ubicarlos fuera de Madrid acaba de entrar en la agenda del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero hace años que forma parte del discurso de uno de sus barones territoriales, el socialista Ximo Puig.
El presidente de la Comunidad Valenciana utiliza de manera recurrente el discurso del "efecto capitalidad" para reclamar un reparto de organismos del Estado por toda la geografía española. La última vez, este 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana, cuando abogó por una "segunda transición" territorial hacia el federalismo.
Sin embargo, lo cierto es que, en el caso del territorio valenciano, la prometida descentralización se ha quedado en un ramillete de promesas y gestos de poca relevancia. Es más, el Gobierno de Ximo Puig ha acabado por cerrar organismos provinciales, como la gestión de las emergencias sanitarias a través de los CICU, al considerar que un mando único desde Valencia es "más eficaz".
El anuncio más sonado de descentralización se produjo al inicio de la legislatura. Entonces se dijo que una de sus 11 consellerias, la de Innovación, tendría su sede operativa en Alicante. Era la primera vez en la historia que la central de uno de los órganos de Gobierno de la Generalitat se ubicaba fuera de Valencia.
Dos años después, la experiencia se ha cumplido a medias. Es cierto que la consellera, Carolina Pascual, trabaja en Alicante con su equipo. Pero la mayor parte de funcionarios de Innovación, así como los organismos que dependen de la Conselleria, siguen en Valencia.
El turismo como ejemplo
En su argumentario sobre la descentralización, Puig suele citar la paradoja de que Puertos del Estado esté en Madrid en lugar de en una ciudad costera con una actividad portuaria importante, como por ejemplo Valencia. La afirmación contrasta con la gestión turística del presidente, cuando el 60% del negocio turístico de la Comunidad Valenciana se concentra en la Costa Blanca, en la provincia de Alicante.
El entorno de Puig suele citar como ejemplo de descentralización que la Dirección general de Turismo está en Alicante, en referencia a que el director general de la Generalitat, el alicantino Herick Campos, tiene un despacho en el Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invattur), que está en Benidorm. Pero todos los técnicos y personal del departamento, además del secretario autonómico (que ejerce básicamente de conseller), continúan en Valencia.
El tema resulta especialmente sangrante porque el presidente anunció en la última campaña electoral que Turismo, generador del 13% del PIB valenciano, contaría con su propia Conselleria y que se ubicaría en Benidorm. Pero Puig ha optado por mantener el departamento como un área adscrita a Presidencia.
Aún así es evidente que el gabinete del presidente Puig quiere mantener su discurso de descentralización, aunque sea con gestos que, en la práctica, apenas varían los núcleos de poder territorial. Es el caso de la Agencia de Protección del Territorio, un organismo de nueva creación con 20 funcionarios y sede en Elche encargado de "velar por el uso racional y legal del suelo, con el objetivo de proteger del territorio valenciano". El problema es que se trata de un organismo cuya adscripción es voluntaria, por lo que solo funcionará para los municipios que decidan someterse a su disciplina.
La "aspiradora" valenciana
Otro dato que contradice las palabras de Puig es el del volumen de inversiones en obra pública que la Generalitat destina a sus tres provincias. Según los datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan), desde junio de 2019 hasta septiembre de 2021 el Ejecutivo autonómico ha pagado 1.159,02 millones de euros en licitaciones.
De esta cantidad a Alicante le corresponden 340,44 millones de euros, el 29% del total, mientras Valencia se lleva 665,73 millones, el 57%. Castellón acapara 152,95 millones, el 14% restante. Es decir, que Alicante recibe prácticamente la mitad de licitaciones en obra pública que Valencia.
Este porcentaje aleja a la provincia alicantina de su peso específico en el conjunto de la economía valenciana, ya que genera el 34,1% del PIB autonómico con el 36,8% de la población. El peso de Valencia en el PIB es del 52,5%, con el 51,4% de la población, mientras Castellón sí recibe el 14% que le correspondería por su aportación a la riqueza valenciana. Es decir, la beneficiada es, de nuevo y en contra del discurso descentralizador de Puig, la provincia de Valencia.