El modelo que utilizará el Gobierno para su proyecto de descentralización institucional es el de la Unión Europea. Fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez confirman a este diario que los planes del Ministerio de Política Territorial pasan por un desarrollo legislativo que desarrolle las "ofertas de libre concurrencia" para la adjudicación de sedes institucionales.
Por otro lado, un miembro del Consejo de Ministros implicado en el proyecto confirmaba en los últimos días que el proyecto en el que está pensando el presidente "no extraerá de Madrid ningún organismo". El plan sólo contempla sedes de instituciones de nueva creación o nuevas divisiones "con capacidad tractora" de agencias o empresas públicas.
Es decir, que no habrá traslados sobrevenidos ni de ministerios, ni del Senado a Cataluña -como se llegó a plantear en la época de José Luis Rodríguez Zapatero-, ni de otras instituciones que ya tengan su sede principal en la capital. "O en otras ciudades, como Barcelona", recuerdan las fuentes consultadas, que ponen el ejemplo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
Ese organismo tuvo su sede en Madrid cuando era la Autoridad Nacional de Regulación (ANR), y fue así hasta que el Gobierno Zapatero decidió su traslado a Barcelona por razones políticas, en 2005.
El traslado tuvo un coste de más de 18 millones de euros. Pero el plan actual "no contempla traslados, sino dejar de concentrarlo todo en las grandes ciudades y compartir estado con las demás".
Modelo europeo
De este modo, serán esas nuevas instituciones las que se vayan instalando en las distintas ciudades que compitan, de la mano de su gobierno regional. "El proyecto es muy serio, pero aún está en fase de estudio", admite este miembro del Gobierno, que pide calma y sosiego en el debate público.
Eso sí, al presidente le ha gustado tanto el proyecto de la nueva ministra Isabel Rodríguez que lo repite y desarrolla en cada intervención pública desde hace un par de semanas. De hecho, encaja con la estrategia diseñada por Moncloa desde la vuelta de verano, en la que Sánchez ha ido visitando pequeñas localidades de provincias casi cada jueves.
Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, en Moncloa.
Según el modelo europeo, de manera sucinta, las instituciones comunitarias están repartidas por diferentes ciudades de los Veintisiete. Y como se pudo comprobar tras el brexit, cuando hubo que readjudicar la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Que con la pandemia que llegó en febrero de 2020, Barcelona hubiera sido sede de la EMA habría aportado mucho más que los 900 empleados y sus familias que se habrían trasladado previamente a la capital catalana.
Pero la decisión se tomó en una votación entre los ministros de Asuntos Europeos en noviembre de 2017. Justo un mes y medio después del referéndum ilegal, a los pocos días de la declaración unilateral de independencia, de la aplicación del artículo 155 de la Constitución que destituyó a Carles Puigdemont, y de su misma huida, escondido en el maletero de un coche hacia Bélgica.
Barcelona ni siquiera llegó a la última votación, que se dirimió por sorteo en favor de Ámsterdam, tras el empate final con Milán. A Barcelona le perjudicó sobremanera el procés y la propia salida de las sedes sociales y fiscales de las principales empresas de Cataluña, por la inseguridad jurídica que crearon las llamadas "leyes de desconexión".
Según ha podido saber este periódico, quedan meses para que el nuevo proyecto vea la luz desde las oficinas de Política Territorial. Aunque, de momento, ya se han comenzado a dar ejemplos, como los cinco centros tecnológicos de RENFE abiertos en Jaén, Miranda de Ebro (Burgos), Mérida, Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y Teruel, que han creado "unos 400 empleos".
Y ése es el modelo, nuevas sedes de investigación de empresas públicas, o desarrollos de investigación con capacidad de arrastre.
Para ello, las localidades interesadas deberán presentar pliegos con su oferta, que incluya la ubicación en un edificio con características determinadas, comunicaciones y logística adecuadas. Se valorará la sinergia con polígonos o empresas privadas ya instaladas, etcétera. "De inicio, no prevemos traslados de funcionarios, sino que será por la vía de la puja para nuevos desarrollos".
Isabel Rodríguez, al frente
Por eso la propia Rodríguez lamentaba las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, que este lunes se descolgaba con un aldabonazo contra el Gobierno por "querer destrozar Madrid" con este proyecto. "Son declaraciones que parecen forzadas", decía la responsable del proyecto en la sala de prensa de Moncloa. "Parece como si cada día, la presidenta madrileña necesitara una excusa para confrontar con el Gobierno de España y con el presidente Pedro Sánchez".
La exalcaldesa de Puertollano, de hecho, sabe de lo que está hablando y ella misma lo aprovechó para la localidad que regía hasta que ascendió a ministra. El Centro Nacional de Hidrógeno (CNH2) está residenciado en Puertollano por iniciativa suya, ya que la localidad concurrió a un concurso en competencia con otras ciudades de la región.
El proyecto ahora está cofinanciado por el Gobierno de España y el de Castilla-La Mancha. De hecho, este lunes, el Consejo de Ministros aprobaba una partida de 14 millones de euros de financiación para nuevos programas de ingeniería en esa sede.
Las instalaciones se han convertido en un centro de referencia nacional, y según el entorno de la ministra han "atraído a una cincuentena de los mejores ingenieros de España" en la materia. Y "han fijado población, sobre todo, jóvenes y sus familias que han encontrado oportunidades de empleo en la ciudad".