Irene Montero considera que "la masculinización del medio rural hace que la lucha para reducir la brecha de género en estos territorios sea fundamental". Por eso destinará 32,5 millones de euros en "favorecer la conciliación y corresponsabilidad", así como en "dar recursos asistenciales y de apoyo a las víctimas de violencia contra las mujeres" en estos entornos.
Así se recoge en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 facilitado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública a EL ESPAÑOL. Ahí se prescribe que el Ministerio de Igualdad contará con una dotación total de 516 millones de euros; un 14,4% más que el año pasado, cuando contaba con 451.
La publicación de las cuentas públicas ha coincidido, casualidad, con el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Una jornada reivindicativa que Irene Montero ha celebrado en San Pelayo (Valladolid) con un acto en el que también han participado la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, y la secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Ángela Rodriguez.
La directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas (2i); la ministra de Igualdad, Irene Montero (4i), y la secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez (1d), durante el acto por el Día Internacional de las Mujeres Rurales, a 13 de octubre de 2021, en San Pelayo, Valladolid, (España).
Ahí ha defendido que el Ministerio tiene una "deuda" con las mujeres rurales, que han estado "desatendidas históricamente por las instituciones": "Tenemos que ser capaces de que las políticas que hagamos no tengan que ser especiales para vosotras, sino pensadas sabiendo que tienen que llegaros".
Por su parte, Rodríguez ha asegurado que la violencia de género "se intensifica en el ámbito rural" y que "tenemos [el Ministerio de Igualdad] una responsabilidad enorme" con las mujeres y las personas LGTB de zonas no urbanas.
Según el INE, en España hay cinco millones de "mujeres rurales", que es como se llama a las que habitan en poblaciones pequeñas (<1.000 habitantes). Un tercio de estas mujeres supera los 65 años. Desde el Ministerio de Igualdad se considera que estas sufren "una doble brecha": la de género y la rural. Y por eso van a destinar 32 millones de la partida presupuestaria en "reducirla".
24h para víctimas sexuales
Otros 76 millones de euros del presupuesto de Igualdad irán destinados al programa Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que insistirá en la "mejora, digitalización y ampliación" del servicio de atención telefónica a víctimas de violencia contras las mujeres. Pero también en la creación de centros de atención integral 24 horas a víctimas de "violencia sexual" en todas las provincias y autonomías.
Por último, y como parte de este mismo plan, se desarrollará una plataforma online que centralice la información en materia de cuidados disponible en la Administración General del Estado (AGE) y en las Comunidades Autónomas (CCAA).
Desde el Gobierno presumen de que la "igualdad de género" queda "incardinada en el epicentro de la presupuestación", y de que "la plena igualdad" impregna, a través del Informe de Impacto de Género que acompaña al Proyecto de Ley de PGE, el diseño de las políticas públicas "desde el momento mismo de su concepción".
'Fichajes'
El aumento del presupuesto viene acompañado de un incremento en la nómina de trabajadores. Irene Montero ha fichado para su Ministerio a la coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, y los exconcejales en el Ayuntamiento de Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer.
Mayer ocupará el puesto de jefa de gabinete de la Secretaría de Estado de Igualdad mientras que Mato y la también exportavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid serán asesores.
Los tres cuentan con un denominador común: sus problemas con la Justicia. Sánchez Mato y Mayer están acusados de un presunto delito de malversación y prevaricación tras una denuncia cursada por el Partido Popular, mientras que Serra fue condenada por un delito de atentado contra agentes de la Policía.
Pero eso no preocupa a su nueva jefa, que ha defendido a sus asesores asegurando que su Ministerio acoge a "quienes defiendan la democracia aunque sean perseguidos mediática, política o judicialmente". En sus manos estará ahora la mayor cuantía jamás destinada al Ministerio de Igualdad: 516 millones de euros.