Podemos se opone al pago en autovías y Sánchez tendrá que buscar el apoyo del PP para implantarlo

Según ha podido saber este diario, Unidas Podemos no apoyará de ningún modo "una medida que hace pagar a la gente trabajadora". Pero el problema no es sólo el déficit de 9.000 millones de euros acumulado en el mantenimiento de las carreteras españolas de gran capacidad. Sino el compromiso con la Comisión europea, adquirido por el Gobierno de España dentro del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

Según fuentes del Ministerio de Transportes, Bruselas aceptó que el pago por uso en las autovías entrara en vigor "como muy tarde" el 1 de enero de 2024. Lo cual significa que será responsabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez impulsar la medida... y buscar quién se la apoye.

Pero sus socios morados se niegan, efectivamente, a pasar por ese aro: "O se mantienen gratuitas, o se exime del pago a rentas bajas y medias, a transportistas y otros profesionales", apunta un dirigente de Unidas Podemos. La ministra socialista, a pesar de los continuos anuncios que nunca se concretan, sostiene que "no hay retrasos" en la medida, y que "se están estudiando modelos".

Lo cierto es que con el "no" de Podemos y del resto de socios parlamentarios, sólo le quedaría mirar al PP para sacarla adelante, ya que es un compromiso adquirido con la Comisión Europea a cambio de los fondos de recuperación.

Pero el Partido Popular difícilmente cargará con el peso de una medida tan impopular: "El Gobierno quiere hacer pagar por el uso de las carreteras, pero no llamarlo peaje", apuntaban líderes del PP a este diario. "De acuerdo, llamémosle 'otro hachazo fiscal' y estaremos siendo más sinceros".

Desahucios y "escudo social"

En esa tesitura, la ministra, además se enfrenta a la primera semana clave de sus tres meses y medio al frente del departamento. El mismo día, el martes que viene, llevará la ley de Vivienda y una nueva prohibición temporal de los desahucios, que caducaba el 31 de octubre. Sin embargo, según las fuentes consultadas, por el momento el texto no contempla prorrogar más que eso, no el resto de medidas del llamado "escudo social".

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, exigía este martes a la parte socialista del Gobierno "el cumplimiento del acuerdo del Congreso, entre PSOE, Unidas Podemos y Bildu". Y recordaba que Unidas Podemos "quiere desde hace meses que el Gobierno prorrogue el escudo social hasta que sea necesario". 

Entre otras cosas, porque hace apenas una semana recibió del ala PSOE del Ejecutivo una respuesta negativa. Y además, porque los morados sienten que los socialistas no son un socio de fiar, ni cuando los pactos se ponen por escrito.

De hecho, a este respecto utilizan como ejemplo la propia ley de los alquileres, que llegará al Consejo de Ministros exactamente un año después de que Pablo Iglesias le arrancara un compromiso firmado a Pedro Sánchez que sus sucesivos ministros se negaron a cumplir, hasta que hace dos semanas el presidente metió en su despacho a los negociadores y ordenó alcanzar una solución ya, en esa misma sala.

Lo curioso es que las negociadoras moradas, Ione Belarra y Yolanda Díaz, sí eran las afectadas. Pero no los convocados socialistas. Allí estaban el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la de Hacienda, María Jesús Montero, que tiene la llave del dinero en plena negociación presupuestaria. Pero, ¿dónde estaba la titular de Transportes? ¿Y la vicepresidenta primera?

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en Moncloa, junto a la portavoz y a la titular de Justicia, Pilar llop. Moncloa

Donde tampoco está Raquel Sánchez, según las fuentes moradas, es en lo que aprobaba este martes el pleno del Congreso con los votos a favor del PSOE: una Proposición No de Ley de Bildu para "mantener el escudo social" en su integridad y vía decreto hasta que las medidas se incluyan en las leyes que correspondan, dentro del programa legislativo del Gobierno.

Quizá ni ella ni Nadia Calviño estaban en aquella reunión en el despacho de Sánchez porque no están de acuerdo tampoco en esto.

A Belarra, también líder de Podemos, se le transmitió que en el Consejo de Ministros del 26 de octubre se aprobaría la moratoria de la prohibición de los desahucios a las personas en situación de vulnerabilidad, "ya que es una medida que incluye la ley de Vivienda, que se aprueba el mismo día". Pero aún no hay texto que revisar, según fuentes del Gobierno.

La vicepresidencia económica sigue estudiando las disposiciones una a una. Y las tensiones crecieron en la reunión del Consejo de Ministros de este martes a cuenta de este punto y el del pago por uso de las autovías, rechazado de plano por los morados. Y sin embargo, horas más tarde, el PSOE apoyaba la PNL de Bildu... para sorpresa de su socio de Gobierno.

Echenique avisó en junio

Fuentes de Unidas Podemos recuerdan que "es el PSOE el que no ha incluido la reforma para una fiscalidad más progresiva" en los Presupuestos Generales y que, "si ahora entienden que el Estado necesita ingresos, la última de las opciones debe ser generar impuestos a la mayoría social".

Para los morados, la mejor opción es "subir el IRPF a las grandes rentas, subir los tipos a los grandes patrimonios, apretar a las grandes empresas con un verdadero impuesto de sociedades... pero nunca hacerle pagar a millones de trabajadores que ya no están en situación de aportar más".

En junio pasado, el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, ya expresó que su formación aboga por "la fiscalidad verde, pero siempre y cuando no tenga un carácter regresivo". Y aclaró a qué se refería: "La propuesta de los peajes", los morados sí utilizan ese término, "no cumple estos criterios".

La ministra Sánchez trató de zafarse a los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros alegando que el sistema se implementará en todo caso, pero que quiere diseñar una tarificación "justa, rigurosa y sostenible".

El objetivo de esta medida, que ya han implantado 24 de los 27 países de la Unión Europea, según la ministra, es obtener recursos adicionales para mantener la conservación de las carreteras en buen estado de seguridad, una partida que ahora acumula un déficit de 9.000 millones de euros debido a la gratuidad actual de las autovías, cuyos recursos procedentes de los Presupuestos del Estado no son suficientes.