La ministra de Igualdad, Irene Montero, perseguirá la gestación subrogada como un tipo de "violencia contra las mujeres" en la futura ley del aborto que plantea su departamento para el año 2022.

Esta reforma legislativa también incluirá la asignatura obligatoria de "educación sexual y afectiva" en la formación obligatoria, así como modificaciones de la práctica del aborto (impulso de la interrupción voluntaria del embarazo en clínicas públicas o eliminar el consentimiento paterno a las menores de edad). 

Hay que recordar que la gestación subrogada ha sido una propuesta liderada por Ciudadanos y a la que el resto de grupos parlamentarios se han puesto de perfil en varias ocasiones. 

En una Comisión de Igualdad celebra en noviembre de 2020, el PSOE, el PP, Vox y Unidas Podemos rechazaron la defensa de la gestación subrogada realizada por el partido de Inés Arrimadas. 

Ahora la ministra propone tipificar por ley y establecer "los instrumentos jurídicos que eviten que la explotación reproductiva sea una forma de violencia tolerada de facto en nuestro país". En este mismo sentido, Montero recupera su apuesta de asegurar el aborto en centros públicos y de perseguir la "violencia obstétrica".

"No nos podemos permitir que el 85% de los abortos se practique en clínicas privadas y que las mujeres sean hostigadas por grupos antiabortistas", ha reclamado la ministra de Igualdad este miércoles l ministra en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Una cita en la que Montero ha adelantado que plantea tener en marcha esta reforma legislativa para el mes de diciembre.

La ministra de Unidas Podemos ha asegurado que, dentro de la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, su equipo pretende considerar la gestación subrogada como una forma de "explotación reproductiva" y una forma de "violencia contra las mujeres".

Constitución feminista

En el ámbito educativo, algo que también atañe a esta ley, la ministra apuesta por que todos los cursos educativos tengan una asignatura de "educación sexual" de manera "obligatoria". Un trabajo en el que va a trabajar con el Ministerio de Educación de Pilar Alegría.

Montero pretende que esta modificación legislativa amplíe "los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres" en ámbitos como la "salud menstrual, anticoncepción y el duelo perinatal (después de un aborto)".

Por otro lado, Montero también plantea que la derogación de la reforma laboral incluya el "derecho al cuidado por ley". Y confía en que la ley LGTBI sea efectiva en el primer trimestre de 2022.

Montero ha confirmado este miércoles que el anteproyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las personas TRANS y para la garantía de derechos de las personas LGTBI volverá al Consejo de Ministros en segunda vuelta en el primer trimestre de 2022.

Tras su aprobación en primera vuelta por el Consejo de Ministros el pasado mes de junio, el anteproyecto se encuentra en proceso de información de los ministerios, Comunidades Autónomas y diversos órganos consultivos. Según ha recordado la ministra, se trata de un texto "necesario, largamente deseado" tanto por el colectivo LGTBI como por las Autonomías, 13 de las cuales han legislado ya en su ámbito competencial.

"Los derechos de las mujeres y las personas LGTBI deben estar blindados en nuestra Constitución. Hay una mayoría social que quiere avanzar en la igualdad, en la lucha contra las violencias machistas y en la protección de la diversidad familiar. Un país feminista debe tener también una Constitución feminista", ha añadido.

Ley de Extranjería 

Durante su comparecencia, la responsable de Igualdad ha adelantado que su departamento trabaja en el Primer Plan de Inserción sociolaboral para víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución.

"Pensamos que la primera tarea del Estado respecto a las mujeres en contextos de prostitución debe ser asumir que sus derechos tienen que estar garantizados de forma efectiva y eso pasa porque puedan acceder a alternativas laborales, habitacionales, formativas, vitales", ha argumentado.

Para todo esto, ha apuntado que es necesaria la reforma de la Ley de Extranjería "para que las migrantes víctimas de esta lacra puedan contar con la misma protección y derechos que el resto".

"Espero encontrar un consenso en este parlamento en el reconocimiento efectivo de los derechos de todas estas mujeres que han estado toda la vida en los márgenes de lo visible y de las políticas públicas", ha lamentado.

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