Pedro Sánchez y su vicepresidenta económica, Nadia Calviño, son conscientes de que la ejecución de los fondos Next Generation EU tiene dos problemas principales: su enorme volumen y el intensísimo ritmo que se debe imprimir para cumplir los hitos, por un lado; y por el otro, el efecto retardado con el que llegan a la economía real y se traducen en más empleo, más crecimiento y más bienestar.

El primero de los obstáculos es puramente administrativo. Y, aunque parte de esos fondos se inviertan en la modernización de la Administración, su digitalización y agilización, el Gobierno sabe que la digestión de los 70.000 millones pedidos en sólo tres años es muy complicada.

El segundo es más político, y tiene que ver, además, con las circunstancias económicas sobrevenidas: el alza de los precios de la electricidad, la carestía de materias primas a nivel global y su traducción en un recalentamiento de precios combinada con un enfriamiento de la producción. Así es muy difícil que el Ejecutivo rentabilice electoralmente la gestión de tamaña inyección financiera.

El exvicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, deslizó la idea en Valencia durante una de sus intervenciones. Sorprendiendo a sus interlocutores, la eurodiputada Iratxe García y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, apuntó: "No nos va a dar tiempo a crecer sólo con este primer plan de recuperación, aunque sea inmenso".

La sugerencia iba incluso más allá de la única idea sobre la mesa que hoy en día admiten las fuentes del Gobierno en público: que los fondos europeos que se inviertan en la transición digital y ecológica no cuenten para el déficit público, ni la deuda... aunque lleguen en forma de préstamos.

En la pelea por ese objetivo, España está ya buscando aliados en Europa para intentar que la segunda parte de los fondos Next Generation EU que todavía no se han solicitado no contabilicen como deuda pública. Y es que el Gobierno de Pedro Sánchez optó por pedir la inmensa mayoría de las transferencias a fondo perdido en el primer tramo y dejar para después los segundos 70.000 millones de euros, que llegarán en forma de créditos.

Para acceder a ese segundo tramo, España debe presentar un nuevo y laborioso Plan de Recuperación y tiene marcado como plazo hasta mediados de 2023, así que todo apunta a que el grueso de esos préstamos no se utilizarán hasta la próxima legislatura.

Sin embargo, el debate, todavía discreto, de que las ayudas no contabilicen como deuda se va a convertir en una batalla política que se librará junto con la negociación de la vuelta de las reglas fiscales prevista para ese año. Y que los países frugales ya azuzan para recuperar la ortodoxia del déficit y la deuda.

Para entonces, España habrá pasado por nuevas elecciones y el nuevo Gobierno -sea de Sánchez o de Pablo Casado- deberá ejecutar el segundo Plan de Recuperación en tres años, hasta 2026. "Queremos aliviar la presión a las cuentas públicas, y el actual diseño del plan no lo permite", admite una fuente socialista europea, en conversación con EL ESPAÑOL.

Préstamos y deuda

Aunque para facilitar la ejecución de esos fondos es muy posible que ese horizonte de 2026 se amplíe, los países de la zona euro con las cuentas públicas más débiles, como Italia o España, afrontan otro problema para emplear ese dinero: el de la deuda pública.

Hasta ahora, esta petición se ha enfrentado a la oposición de un bloque de países liderado por Alemania, explican fuentes conocedoras de estos movimientos. De quién ocupe la cartera de Finanzas en el próximo Gobierno que liderará el socialdemócrata Olaf Scholz y del resultado de las elecciones francesas del próximo año dependerá la capacidad de negociación de España en este asunto.

A España le corresponden 140.000 millones de Next Generation EU, que va a recibir en dos tramos. En la primavera de 2020, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció que, de momento, utilizaría 70.000 millones de euros en transferencias de esos fondos europeos para impulsar la recuperación y transformación de la economía española. 

Dejó así para más adelante la ejecución de los otros 70.000 millones de euros, una cifra equivalente pero que se entrega en condiciones distintas, puesto que ya no es dinero inyectado en España a fondo perdido, sino préstamos que habrá que devolver en los siguientes años.

El caso italiano

En Italia, el primer ministro Draghi siguió una estrategia distinta, puesto que su Gobierno decidió optar también a esos préstamos desde el primer momento. La contrapartida es que engordará aún más su elevadísima deuda pública. Pero lo hará en un momento en el que las reglas fiscales todavía están suspendidas en la Unión Europea y el Banco Central Europeo sigue con todo su arsenal de estímulos comprando bonos soberanos.

Es un escenario que puede ser muy distinto al de 2023, cuando todo apunta a que la Comisión Europea empezará a reclamar no sólo planes, sino una vuelta a la consolidación fiscal efectiva, a pesar del cambio de color que previsiblemente se va a producir en el Gobierno alemán.

Al dejar para más adelante la solicitud de las ayudas en forma de préstamos, España se puede encontrar en el problema de tener que acceder a esos préstamos, con cargo a la deuda en un momento en el que la factura de los intereses que paga el Estado por financiarse habrá comenzado a subir por la retirada progresiva de los estímulos del BCE. Momento, además, en el que Bruselas ya no será tan permisiva con las reglas fiscales.

La era Scholz

Fuentes del Gobierno consultadas por este periódico confirmaron que la clave será que Scholz sea efectivamente canciller en Alemania. "Tenemos que hacer trabajo socialdemócrata en toda Europa", explicaron fuentes del PSOE, "para que todos seamos de los nuestros, que es un modo de decir que hay que convencerlos".

El ganador de las elecciones alemanas, líder del SPD, ha sido el ministro de finanzas en el último Gobierno de gran coalición de Angela Merkel. Y en el PSOE saben que, por muy de izquierdas que sea, es alemán, cartesiano y estricto. Es decir, que les queda mucho trabajo de convicción por delante.

Pero que no lograra gobernar el socialdemócrata y sí lo hiciera el conservador Armin Laschet haría imposible la pretensión de Moncloa de un segundo plan de recuperación europeo.  

Impacto en la deuda

Según las proyecciones del Gobierno, la deuda pública española cerrará este año, 2021, en el 119,5% del PIB y en 2022, se reducirá al 115,1%. Las previsiones del Gobierno no van más allá, pero el Banco de España estima que la deuda pública podría situarse en 2023 en el 114% del PIB. Sin embargo, en estos cálculos no ha incorporado el efecto que podría tener el uso de los préstamos de Next Generation EU. 

Esos 70.000 millones de euros supondrían un incremento de la deuda pública del 5,8% en el periodo de ejecución. Un impacto limitado, pero no menor para un país que seguirá teniendo un elevado déficit público, pese a que estará bajo un proceso de reducción de deuda con ritmos estrictos marcados por Bruselas.

Es en este contexto en el que ha surgido la idea de buscar aliados para pedir a Europa que estos préstamos no contabilicen como deuda. Sin embargo, fuentes conocedoras de esa aspiración, reconocen a este periódico que este reclamo puede ser una trampa al solitario para España. El motivo es que aunque se lograran recibir las ayudas como transferencias contabilizarían como deuda europea y España tendría que asumir su parte correspondiente de endeudamiento.