Interior tenía como "reto prioritario" aumentar los terceros grados cuando se lo dio al asesino del niño

En una larga entrevista en La Voz del Patio, una publicación elaborada en el Centro Penitenciario de Burgos, el responsable de las cárceles españolas, preguntado por sus "principales objetivos" fijaba tres, pero el primero, decía, es "incrementar el número de terceros grados".

Era finales de 2019 y poco después, en febrero, su departamento le concedía ese régimen de semilibertad a Almeida, un criminal reincidente cuyo asesinato en una inmobiliaria había conmocionado a la opinión pública en los años noventa. Esa medida se tomó, como contó EL ESPAÑOL, en contra del criterio de los responsables de la cárcel cántabra de Dueso donde cumplía condena y supuso el paso previo a la situación de libertad condicional en la que se hayaba cuando esta semana fue detenido por el asesinato del menor.

Entrevista a Ángel Luis Ortiz González en La Voz del Patio. EE

En la citada entrevista, Ortiz presumía de haber aumentado de un 15% a un 18% el porcentaje de terceros grados sobre toda la población reclusa, si bien afirmaba taxativamente que "sigue siendo bajo, por lo que es un objetivo que continúa estando en vigor". Pero además, desvelaba cómo conminó a los directores de los distintos centros a implementar esa filosofía: "Mantuve [a su llegada al cargo en 2018, al mismo tiempo que Markaska fue nombrado ministro] varias reuniones con los directores de prisiones en las que se habló de intentar incrementar ese porcentaje, dentro de la legalidad y porque el marco jurídico español así lo permite". 

En otro momento de la entrevista, se manifestaba partidario de una "Justicia Restaurativa" sobre la que "he escrito algunos artículos", decía. Una postura que sintetizaba así: "Creo que el Derecho Penal tradicional que conocemos ya ha dado de sí todo lo que puede dar, la pena de prisión da de sí hasta cierto punto. En primer lugar, hay que poner el foco tanto en la víctima como en la persona que induce un daño hacia ella". 

Cuca Gamarra. EFE

El PP pide explicaciones 

El primer partido de la oposición, el PP, ya ha solicitado la comparecencia del secretario general de Instituciones Penitenciarias, así como la de Marlaska, como también ha hecho Ciudadanos, para que den explicaciones y "respuestas" y "asuman responsabilidades" por la puesta en libertad del asesino de Lardero. Ambas comparecencias se registraban telemáticamente a última hora de este sábado, para que se produzcan cuanto antes.

En declaraciones a este periódico, la portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ex alcaldesa de Logroño, asegura que el Gobierno tiene que abandonar su "silencio" ante este caso, algo que, asegura la dirigente popular, "no es admisible, porque estamos hablando del asesinato de un niño de nueve años que ha sumido en la rabia, el dolor y la incomprensión a toda la sociedad". 

Preguntada por el objetivo del jefe de Prisiones de aumentar la concesión de terceros grandos a los presos españoles, Gamarra concluye que sus palabras prueban una "línea política" que en última instancia permitió poner en la calle a Almeida, pese a su reiteración delitiva y pese a que los responsables de su centro penitenciario se habían opuesto a adoptar esa medida. La portavoz del PP en la Cámara Baja advierte también que solicitarán explicaciones sobre los terceros grados concedidos durante el primer confinamiento o sobre el relajamiento en aquel momento de algunas condiciones de la libertad condicional. 

Por otra parte, los de Pablo Casado advierten contra la intención de algunos de los socios del Gobierno, como el PNV, de derogar la Prisión Permanente Revisable, algo que los peneuvistas solicitan esta misma semana mediante una iniciativa en el Senado.

Los populares, en cambio, ven necesario mantenerla e incluso ampliar sus supuestos, por ejemplo a los criminales que además escondan el cuerpo de su víctima, como ha ocurrido en varios casos de los últimos años en nuestro país. "Hay un clamor social sobre ello" asegura Gamarra, quien subraya que la norma, introducida por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, ha recibido el aval del Tribunal Constitucional (TC) que resolvió en contra del recurso presentado en su día por el PSOE.