Sánchez renuncia a tocar la prisión permanente revisable que aprobó el PP y el PSOE recurrió al TC

El hoy presidente del Gobierno consideraba hace seis años que la norma era contraria al espíritu del sistema penal español, que es "esencialmente, la reinserción" del reo. Y la llevó al Alto Tribunal ante la falta de una mayoría parlamentaria para derogarla. Es más, ante casos como el de Diana Quer o el niño Gabriel Cruz, las dos formaciones que hoy gobiernan llamaba la atención para "no legislar en caliente".

Pedro Sánchez suele presumir de que "cuando el PSOE gobierna, el Partido Popular se opone a todo, y lo que no consigue con los votos, lo intenta en los tribunales". Y arranca aplausos en sus mítines recordando "la ley del matrimonio homosexual" de José Luis Rodríguez Zapatero o, ahora, su norma para legalizar la eutanasia. "Recurren esas leyes y cuando el Tribunal Constitucional las avala, ya no se atreven a tocarlas".

Ésa es exactamente la posición en la que ha quedado ahora el Partido Socialista, que se niega siquiera a reabrir el debate "porque el Constitucional ya ha hablado". Sin embargo, sus socios de Unidas Podemos sí mantienen la misma argumentación de hace años. Una cosa es que se pueda hacer y otra es que deba hacerse.

Podemos no cambia

En las filas moradas no se hacen declaraciones, por lealtad al socio mayoritario del Gobierno. Pero se sigue opinando que aunque el TC avaló la constitucional de la medida -por siete votos a tres, y amparándose en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos-, ese castigo es contrario al espíritu de la tradición democrática española.

Por ejemplo, el PNV ha insistido hasta esta misma semana, tratando de que el PSOE vuelva a sus antiguas posiciones. Los nacionalistas vascos, que entonces eran socios preferentes del Gobierno de Mariano Rajoy, ya intentaron en marzo de 2018 la derogación de la norma.

A los pocos días del crimen de Lardero -que ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre esta figura punitiva-, el PNV llevó este martes dos preguntas a la sesión de control en la Cámara Alta para la ministra de Justicia, Pilar Llop.

La idea era obligar al PSOE a retratarse y presionar para que el Gobierno cumpla aquellas promesas socialistas porque este "sucedáneo de la cadena perpetua", como la calificó el PSOE en su momento, "ni se ajusta a principios básicos del derecho penal como el de la humanización de las penas, desde el respeto a la dignidad de las personas, ni resulta efectiva en su función disuasoria". 

Así, el debate político no lo sitúan los peneuvistas en si la reforma del Código Penal es o no ajustada a la Constitución, sino en "si es oportuna, necesaria, idónea y proporcional".

Pilar Llop, ministra de Justicia, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado. Efe

Fuentes del Gobierno confirman a este periódico que el asunto "ni se ha hablado" en el seno del Ejecutivo, que ha pasado página renunciando a cambiar la ley. De hecho, el PSOE ya fue a las pasadas elecciones olvidando esta bandera en su programa electoral, tratando de evitar el tema, amparándose en el recurso presentado al TC y a la espera de la sentencia.

Es decir, renunciando a la derogación. De hecho, la ministra Llop zanjaba el asunto en el pleno del Senado alegando que la sociedad "no merece" que se le genere incertidumbre y porque el Constitucional "ya ha hablado". Ésa fue la argumentación de su contestación al senador Imanol Landa.

Contra el PP

El pasado 6 de octubre, el TC avaló la constitucionalidad de esa medida, lo que supuso "un antes y un después que no se puede soslayar". La ministra alegó que actuar como defendía antes su partido sería ahora una medida "con la misma falta de sensatez", de estudios y de diálogo con la que, a su juicio, actuó el PP a la hora de implantarla.

La titular de Justicia admitió que se trata de una cuestión que afecta "al sentimiento social y al dolor", y que esto debe tenerse en cuenta, aunque no de manera exclusiva. "La sociedad no merece que el Gobierno reabra ahora este debate que genera incertidumbre en cuestiones de gran sensibilidad y que lo haga justo cuando el TC ya se ha pronunciado".

El senador del grupo vasco recalcaba que la figura punitiva fue fruto de una legislación "en caliente" y que introdujo en el sistema penitenciario una "función vengativa" impropia de "sistemas democráticos maduros".

Según el PNV, "es momento de actuar con responsabilidad y con altura de miras". Landa pidió medidas para evitar entrar en una deriva que conduzca a un "derecho penal totalitario, desigualitario, desproporcionado e injusto".