Fuentes de Unidas Podemos anuncian un acuerdo con el PSOE para "derogar" la llamada ley Mordaza. Se trata de un nuevo paso posterior al "desbloqueo" de las negociaciones del que ya dio cuenta este periódico la semana pasada. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, por el Grupo Parlamentario que lidera Pablo Echenique, "los últimos acuerdos" se cerraron en una reunión celebrada este miércoles. Fuentes del PSOE insisten, en todo caso, que "ha habido avances, pero no está cerrado".

Fuentes de Unidas Podemos confirman que han pactado con el PSOE cambiar la concepción de las multas contempladas en la norma. Así, "deberán reducirse las multas que son excesivas" y, en todo caso, aplicarse siempre "criterios de proporcionalidad vinculados a la capacidad económica del administrado así como a su edad", en el caso de personas menores de edad.

De esta manera, explican desde el lado morado de la negociación, el criterio para la cuantía económica de las sanciones será "un cálculo de progresividad y proporcionalidad" que reducirá la sanción atendiendo a la capacidad económica de la persona sancionada.

El pasado 17 de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el cierre del 40º Congreso del PSOE que su partido se comprometía a "poner punto final a la ley Mordaza y a la reforma laboral del Partido popular".

Desde entonces, esta segunda ha provocado un incendio en el seno del Gobierno de coalición. Sin embargo, en el Congreso se han ido celebrando reuniones entre los morados, liderados por el diputado y secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, y un equipo de diputados a las órdenes de Héctor Gómez, portavoz parlamentario del PSOE.  

"Resocializar" y no castigar

Los "últimos acuerdos" para la parte morada, o los "avances" para la socialista, consisten en que la normativa introducirá, "como objeto de la ley, el disfrute de los derechos fundamentales y libertades públicas". Es decir, que los poderes públicos garantizarán "las efectivas condiciones para ello" y el texto legal que sustituya al actual "introducirá" una mención expresa a "la sujeción de la ley a los tratados internacionales".

Los acuerdos entre socialistas y morados apuntan a que las sanciones serán siempre "de índole restaurativo", es decir, que el concepto que se introduce es más el de indemnización que el de multa. De este modo, la nueva ley detallará que serán resultado de la "conciliación de la persona autora o la persona o institución ofendida".

Según las citadas fuentes, en el expediente sancionador "se propondrá la resocialización por encima de la sanción". El objetivo es "eliminar la limitación actual" para poder "sustituir las sanciones a menores por trabajo social o comunitario", que en la actualidad está contemplado sólo para la primera sanción.

Ida y vuelta a comisaría

Los agentes de Policía deberán dejar "constancia por escrito de la motivación" cuando practiquen registros corporales e identificación de ciudadanos. Estos limitarán los desnudos parciales y sólo estará justificado realizarlos de forma inmediata si se encuentra "un lugar que cuente con la debida garantía de protección de la intimidad".

También se ha acordado que el tiempo de identificación en comisaría sea de "un máximo de dos horas", salvo causa excepcional debidamente alegada y verificable y limitada estrictamente.

La identificación en comisaría se tratará de una situación excepcional y una vez concluida la persona identificada "deberá ser devuelta al lugar desde donde fue conducida a la diligencia de identificación" si esta se hubiera realizado en otra localidad.

Otro de los aspectos de los que ya informó este diario hace ahora una semana será que "no se podrá sancionar la toma y difusión de imágenes" cuando no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los policías o sus familias.

Además, las grabaciones de las intervenciones policiales con videovigilancia móvil deberán "hacerse constar en cada atestado de actuaciones en la vía pública", conforme a la ley de protección de datos. Y los discos deberán ser custodiados por si son requeridos por la autoridad judicial.

Derecho de manifestación

También la semana pasada se avanzó en la garantía del derecho de manifestación. Las fuentes consultadas afirman que el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos contempla que sólo haya obligación de comunicar con antelación las manifestaciones de "eventos previstos y previsibles" (como, por ejemplo, la manifestación del 8 de marzo).

En la actualidad, las manifestaciones están autorizadas de oficio, y sólo hace falta comunicarlas. A partir de la entrada en vigor de la nueva regulación, no sería necesario informar sobre aquellas concentraciones que se celebren por "imprevistos que provoquen su inmediatez" y estas sólo serán sancionables si provocan violencia o alteración del orden público. La no comunicación de las manifestaciones previstas y previsibles será sancionada como "falta leve".

Además, se garantiza la protección del derecho fundamental a la reunión pacífica mediante la "reforma de los artículos referidos al Derecho de Reunión". La ausencia de comunicación previa no impedirá el ejercicio de este derecho, siempre que sea "de forma pacífica".

El nuevo articulado de la ley, además, incorporará a "los animales como sujetos de protección". Se recogerán así las peticiones de la Federación Española de Naturismo.