La guerra interna del Gobierno, en realidad, no ha cesado. Si hubo una tregua el martes por la mañana, ésta no duró más de 12 horas porque se rompió en la misma tarde. Ni a Unidas Podemos le consuela que el PSOE haya vuelto a conjugar el verbo "derogar" ni al PSOE le resulta fiable Unidas Podemos. Y la prueba está en que una propuesta del ministro de Seguridad Social que afecta directamente al mercado laboral no era conocida por la ministra de Trabajo.

El plan presentado por José Luis Escrivá en la mesa del diálogo social a empresarios y sindicatos para "asegurar el futuro de las pensiones" consiste en subir las cotizaciones un 0,5% durante los próximos 10 años.

Es decir, imponerle a cada contrato un nuevo impuesto para llenar la hucha de las pensiones, que se ha quedado esquilmado en los últimos años por el déficit estructural de la Seguridad Social, pasando de casi 67.000 millones en 2011 a los actuales 2.000 millones.

Según fuentes del Ministerio de Seguridad Social, la medida está "estudiada", y los documentos fueron entregados a las partes en la reunión mantenida el martes con los agentes sociales.

Pero la parte morada del Gobierno, liderada por la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, no fue consultada. De hecho, la propuesta no había pasado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, y fue directamente a la mesa del diálogo social.

Coordinar... o no

Se da la circunstancia de que a la misma hora se estaba celebrando otra reunión. La que reunía a Trabajo con Seguridad Social y Economía para preparar su cita del miércoles por la mañana con sindicatos y empresarios en la negociación de la reforma laboral. Ésa que impuso Pedro Sánchez, por sugerencia de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, para "mejorar la metodología" y "coordinar mejor la acción del Gobierno".

¿Por qué había que coordinar a las alas de PSOE y de Unidas Podemos? Según Calviño, porque "si estamos hablando del mecanismo de los ERTE, habrá que incorporar la visión del ministro Escrivá; si estamos hablando de la Formación, tendrá que estar la ministra de Educación; además, el ministro de Agricultura también tendrá algo que decir si estamos hablando de temporalidad".

La jefa de la política económica del Ejecutivo explicaba así en la Cadena Ser su visión del asunto: "Así es como yo trabajo, incorporando las visiones del resto de compañeros".

Sin embargo, en las filas de Unidas Podemos no salían de su asombro porque ese modelo no sirve para la reforma de las pensiones. De hecho, conocieron la medida que proponía Escrivá por una filtración periodística. Consultadas fuentes del lado morado del Gobierno, se negaron a hacer declaraciones, alegando que no quieren alimentar el ruido que acompaña a estos dos meses clave hasta que salgan adelante las dos reformas.

Pero la realidad es que ambas van tan de la mano que incluso en el Ministerio de Escrivá se entendía la afectación laboral de su propuesta. Sobre todo, teniendo en cuenta que ésta llega a menos de dos semanas de que se tenga que cerrar el acuerdo, previsto para "antes del 16 de noviembre", según el acuerdo del pasado mes de julio... y en plena tensión por la reforma laboral.

Y todavía más teniendo en cuenta que la idea se lanzaba después de cuatro meses de silencio del ministro, sin proponer ningún modelo para el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), desde que en aquella fecha lanzó otro globo sonda de que "los babyboomers tendrán que elegir entre trabajar más o cobrar menos" en su jubilación.

Dudas y recelos

Alega Escrivá que su plan, si se acaba aplicando, será "de manera transitoria y muy contingente".

Es decir, que durante ese plazo de una década se considerará que los trabajadores y/o los empresarios estarán cotizando "de más" para contribuir a la sostenibilidad del sistema de pensiones español. Aunque desde su Ministerio se admitía que nadie sabe quién gobernará ni cuáles serán sus intenciones dentro de 10 años, se defiende que "si el resto de medidas surten efecto, este dinero se devolverá" a partir de 2032.

"Es un recargo muy pequeño y que, en todo caso, aún no está detallado", explica una portavoz de Seguridad Social. O lo que es lo mismo, que en el documento presentado no queda claro si ese 0,5% más lo pagarán el empleador, el empleado o ambos, ni en qué proporción cada uno.

En todo caso, la patronal no se mostraba muy conforme. Antonio Garamendi lamentaba la propuesta, apuntando que es un ataque al mercado laboral, en un momento de recuperación. Similar razonamiento que el esgrimido por Cuca Gamarra, portavoz del PP, y Edmundo Bal, de Ciudadanos. 

A pesar de que las cifras de empleo están evolucionando de una manera espectacular -con más de 700.000 nuevos cotizantes ganados el último año-, los empresarios advierten de que "las incertidumbres en España y las dificultades globales no son el mejor escenario para dificultar aún más la generación de nuevo empleo".

Tampoco los sindicatos recibían con recelo la idea, a la espera de que la negociación aclare que "los trabajadores no perderán más poder adquisitivo" de la que ya está provocando el IPC, que multiplica por seis en 2021 el previsto por el Gobierno.

El mismo argumento que defendían los aliados del Ejecutivo en el Congreso, como ERC o Más País... y la misma diputada de Unidas Podemos Sofía Castañón, la única representante morada que puso voz al enfado en las filas del socio minoritario del Ejecutivo.

La propia Calviño admitía esto mismo en su entrevista. Y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la exposición de sus Presupuestos en el Congreso: "Existe una presión inflacionista en España y unos cuellos de botella en las cadenas de suministro mundiales que tenemos que atender", decían ambas.