Andalucía y Valencia se asignan 3.300 millones de más para presionar con la financiación a Sánchez

Ingresos ficticios por valor de 2.336 millones en el presupuesto de Ximo Puig (PSOE), y otros 942,8 en las cuentas de Juanma Moreno (PP). Esta es la 'rebelión contable' de Comunidad Valenciana y Andalucía con la que se ha encontrado el Gobierno de Pedro Sánchez. Ambas autonomías infrafinanciadas se anotan ingresos no previstos en los Presupuestos Generales del Estado que rozan la friolera de los 3.300 millones y ponen en un serio aprieto al Ejecutivo central. ¿Rescatará vía FLA a ambas regiones cuando no les llegue el dinero o las dejará caer por falsear su balance?

Ambos presidentes autonómicos protagonizaron el pasado mes de septiembre un llamativo encuentro PP-PSOE en el que denunciaron "la financiación injusta del 30% de España". Todo invita a pensar que mantienen la alianza por la causa común de su infrafinanciación que -tal y como reconoce el Estado- padecen ambos territorios.

Pero tanto la Generalitat Valenciana como la Junta de Andalucía negaron este jueves a EL ESPAÑOL que hayan acordado este 'boicot' presupuestario. "Ha sido pura casualidad, en absoluto se ha pactado esta decisión con el Gobierno andaluz", aseguró la Conselleria de Hacienda de Puig. "No ha habido ninguna conversación", defendió en la misma línea la administración de Moreno Bonilla.

La maniobra de ambos gobiernos regionales, en cualquier caso, es sorprendentemente similar. El valenciano, en realidad, lo que ha hecho ha sido hinchar en mil millones los ingresos ficticios que viene incorporando a sus presupuestos desde el ejercicio 2016. Se trata de alrededor de 1.300 millones que, según sus cálculos, le permiten elevar su gasto al de la media de las comunidades autónomas del régimen común -entre las que no están, como es sabido, las privilegiadas País Vasco y Navarra-.

Dicha partida se mantiene en las cuentas valencianas de 2022, cifrada en 1.336 millones. Pero la novedad no estaba esta vez en dicha "partida reivindicativa", sino en otros 1.000 millones que, por primera vez, incorpora el Ejecutivo de PSOE, Compromís y Podemos. Esta última la atribuye "al fondo de transición hacia la nueva normalidad" que exigía mantener la autonomía, pero al que el Gobierno central se negó a brindar para el próximo ejercicio.

Argumentos coincidentes

Los argumentos de ambos territorios confluyen con peculiar coincidencia. El Gobierno valenciano la incorpora "para mantener el gasto social en niveles semejantes a los de la pandemia hasta consolidar definitivamente la recuperación", según expuso el martes el conseller de Hacienda, Vicent Soler.

Por su parte, el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, desglosó que la incorporación de la partida de 942,8 millones en ingresos ficticios responde a dos motivos. "El primero, porque es evidente que seguimos teniendo gastos por la Covid-19, en hospitales, en colegios…", expuso. El segundo, que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) "estima que alrededor de un 40% del gasto extraordinario en servicios públicos causado por la Covid-19 se va a convertir en estructural".

El consejero valenciano, pese a que comparte partido con Pedro Sánchez y la ministra de hacienda, María Jesús Montero, describió sin ambages que se trata de una medida de presión. La partida pretende "producir una situación de facto para que, quien no soluciona el problema, deba planteárselo", aseveró.

El propio Soler reconoció en su rueda de prensa que el Gobierno valenciano no había advertido al central de su poco ortodoxa maniobra presupuestaria. Y prueba de ello fue la reacción de la ministra Montero cuando detallaba los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados.

La dirigente, sin aparente conocimiento de la partida del gobierno socialista valenciano, replicó al PP que Juanma Moreno "coloca en su proyecto de Presupuestos en torno a 1.000 millones de euros de una transferencia del Estado, un supuesto fondo Covid, que no existe en el proyecto de Presupuestos". "Es decir, inflan las previsiones de ingresos con 1.000 millones de euros", apostilló.

María Jesús Montero. EE

Todavía fue más allá. "Las comunidades autónomas donde gobierna el PP se han metido en una espiral susurrada por Casado de bajada de impuestos que da lugar a una menor recaudación, y que tiene una significativa disminución en la capacidad de gasto público", agregó.

¿Qué piensa entonces de que haga exactamente lo mismo Ximo Puig? La pregunta, trasladada este jueves por EL ESPAÑOL al Ministerio de Hacienda, tuvo una escueta pero elocuente respuesta. "Nos remitimos a lo que dijo ayer la ministra en la tribuna", aseveraron fuentes oficiales de su departamento. Los reproches a Moreno, en consecuencia, son extensivos al socialista valenciano.

El malestar entre el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana ante el desafío presupuestario de la autonomía resulta evidente. Pero en Andalucía consideran que el Ejecutivo no es tan duro con la comunidad de su mismo signo político, con la que siempre se han mostrado comprensivos -hasta el punto que el FLA ha cubierto siempre las necesidades extraordinarias valencianas-.

"La ministra Montero no puede soplar y sorber al mismo tiempo. No puede criticar a Andalucía por incluir un fondo Covid en las cuentas de 2022 y aceptar que lo hagan otras comunidades, o aplaudir incluso que otras comunidades tengan desde hace años una partida por infrafinanciación de 1.300 millones de euros y decir que lo ve bien", replicó Elías Bendodo.