Escrivá se niega a incluir a Yolanda Díaz en la mesa social de negociación de la reforma de las pensiones

El problema tiene dos patas. Una, que el plan del ministro de Seguridad Social afecta directamente a la reforma laboral, tal como advierte el entorno de la ministra de Trabajo. Concretamente, al mercado de contrataciones, porque subir un 0,5% las cotizaciones puede ralentizar la recuperación del empleo, que es la única cifra económica que le cuadra al Ejecutivo en estos momentos. Y la otra, que Escrivá se niega a incluir a Yolanda Díaz en las negociaciones.

De hecho, la última propuesta lanzada por Escrivá —que es, al menos, la tercera distinta en los últimos meses— no pasó por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. "Fue directamente al diálogo social", confirman fuentes de ambos lados del Gobierno. Y todavía no ha llegado el documento a la mesa de Nacho Álvarez, la mano derecha económica de la líder morada en el Ejecutivo. 

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, entre Nacho Álvarez y su jefe de gabinete, Josep Vendrell. Efe

"No tiene sentido que esté el Ministerio de Trabajo en la negociación, las pensiones son competencia de Seguridad Social", explican desde el departamento de Escrivá. "La medida planteada afecta directamente a nuestras competencias, y a nosotros sí que nos han obligado a coordinarnos en la reforma laboral, porque la normativa afecta a otros ministerios", apuntan desde la cartera de la vicepresidenta segunda.

Apoyo negado

Al PSOE, en todo caso, "le sale bien jugar a que tiene 180 escaños", comentan en los pasillos del Congreso portavoces del Partido Popular. "Le sale bien porque sus socios están entregados al único presidente que les va a dar, si no todo, sí mucho de lo que pidan... con nosotros en Moncloa, eso no pasará".

Pero lo que no dicen los populares es que eso no es así siempre. Preguntemos en Unidas Podemos, pues: "Somos el socio minoritario, tenemos 35 escaños y no nos quisieron dar un solo ministerio de Estado, vale. Pero esto es una coalición, y lo firmado obliga".

Entonces, ¿qué hay firmado? Según el pacto de coalición [consúltelo aquí], que la reforma de las pensiones tiene que cumplir tres condiciones. La primera, que éstas se revaloricen con el IPC; la segunda, que nunca bajen y siempre que se pueda suban su nivel adquisitivo; y la tercera, que su sostenibilidad no se ancle en un perjuicio para los trabajadores.

Más allá de que todo eso parece una imposible cuadratura del círculo, lo cierto es que sólo lo primero (lo fácil de pactar) está cerrado, y que en sólo 10 días hay que cincelar lo demás. Y si no, el "socio minoritario" dirá que no.

Hay pocas líneas rojas en la formación liderada por Yolanda Díaz, como ya ha quedado claro desde que forman parte del Ejecutivo. Pero al menos dos sí que están marcadas a fuego, porque tienen que ver con la extracción social de la que nació este espacio a la izquierda del PSOE. Una es la vivienda, y la otra son las pensiones: de esas dos mareas contra el viejo Gobierno de Mariano Rajoy sacó Unidas Podemos su fuerza electoral (y sus cuadros actuales).

Las ministras Irene Montero y Ione Belarra, durante la manifestación del 7 de abril de 2011 que sirvió como antesala del 15-M. E.E.

Eso ya se vio cuando los morados prefirieron dilatar un año la aprobación de la Ley de Vivienda a que ésta no incluyera su medida estrella: la intervención del mercado de los alquileres para poder fijar precios a la baja por decreto. Lo importante, en realidad, fue poder decir que se incluía, porque la realidad es que la medida no afectará ni al 2% del parque actual ni entrará en vigor antes de que acabe 2023.

Y ahora se ve en la cerrazón absoluta a apoyar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional que ha inventado Escrivá para sustituir el Factor de Sostenibilidad de la norma promulgada por el PP en 2013.

Como ya informaba EL ESPAÑOL este viernes, fuentes cercanas a Yolanda Díaz ya han advertido al PSOE de que ni ellos, ni ERC, ni Bildu votarán a favor de "ninguna medida que suponga un perjuicio para los trabajadores". Y que una subida de las cotizaciones del 0,5% repartida entre empleadores y empleados "incumple el pacto de coalición, reduce el poder adquisitivo de los trabajadores y no sube las pensiones".