Sanidad gastará 7 millones de euros en un sistema de verificación de fármacos que ya existe

El Ministerio de Sanidad ha sacado a consulta pública Nodo SNSFarma, un sistema de verificación de medicamentos que costará en torno a siete millones de euros y que duplica otro anterior instaurado por los Colegios de Farmacéuticos de España.

Por eso, el proyecto tiene en contra a la profesión farmacéutica y a los representantes de la industria del medicamento, y está siendo revisado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El nuevo sistema, según ha cuantificado el Consejo de Estado, "tendrá un coste estimado de 500.000 euros" abonados por el Ministerio de Sanidad y una inversión de "160.000 euros" necesaria para "actualizar los sistemas de gestión informática" que correría a cargo de las Administraciones autonómicas.

Además, el documento del Consejo de Estado añade que la implantación del Nodo SNSFarma conllevará "unos costes mínimos para las oficinas de farmacia" ligados a la actualización del escáner para la lectura (100 euros por oficina) y del programa informático de gestión (unos 181 euros por oficina).  O lo que es lo mismo, un extra para las más de 22.000 farmacias que hay en España de cerca de 300 euros por botica (más de seis millones de euros en total).

La problemática

Todo se remonta a diciembre de 2019 cuando el Consejo de Ministros aprobó, a petición de la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo, la norma que modificaba el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de medicamentos de uso humano de fabricación industrial. Un real decreto que llegaba con diez meses de retraso, puesto que pretendía transponer una directiva europea de verificación y autenticación de medicamentos que se había empezado a implantar en febrero de 2019.

Pero el sector farmacéutico sí había hecho los deberes. El 9 de febrero se puso en marcha el Sistema Español de Verificación de Medicamentos (Sevem). Un sistema por el que el conjunto de farmacias españolas comenzaban a verificar medicamentos con el Nodofarma Verificación, creado por el Consejo General de Farmacéuticos y costeado por los propios profesionales. La adaptación tuvo un coste de 200 millones de euros.

A partir de entonces surgió el problema. Las operaciones de verificación y autenticación no podían ser realizadas por los hospitales públicos españoles porque no estaba traspuesto el modelo. Debía de ponerse en marcha el real decreto, que se aprobó en diciembre de 2019. Pero, desde entonces, apenas ha habido cambios.

Tras la pandemia, el Ministerio de Sanidad ha presentado el proyecto de consulta pública del sistema de verificación Nodo SNSFarma, y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha recurrido ante el Tribunal Supremo su legalidad. El organismo nacional ha elevado el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como una "cuestión prejudicial". Los farmacéuticos piden, básicamente, suspender el proceso hasta que las prejudiciales sean resueltas.

En el recurso contencioso-administrativo que los farmacéuticos elevaron al Supremo se denunciaba que Sanidad obliga a las farmacias a utilizar SNSFarma aunque ya tengan un sistema vigente desde 2019. A su juicio, es una "complicación innecesaria" porque, hasta ahora, han cumplido con la función encomendada por Europa con NodoFarma Verificación.  

"No hay justificación"

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con representantes de la industria farmacéutica, que han tachado el proyecto de Sanidad de "duplicidad". Desde el Consejo General de Farmacéuticos piden a Darias que pare su proyecto y "espere" hasta que se pronuncie el TJUE.

Jesús Aguilar, presidente de los Farmacéuticos de España, subraya que la gestión del sistema de verificación de medicamentos es competencia de "los agentes de la cadena del medicamento", como así se recoge en la legislación europea.

"El compromiso con Europa era comenzar a verificar el 19 de febrero de 2019. Desde entonces la red de farmacias ha estado verificando a través de Nodofarma Verificación y se han realizado 3.100 millones operaciones, de las cuales 1.800 millones corresponden a verificaciones y 1.300 millones de dispensaciones", señala Aguilar.

En este momento, recuerda, "todos los laboratorios, toda la distribución, las 22.137 farmacias y todos los hospitales privados" están verificando gracias a su programa y, de no haberlo utilizado, España hubiera sido sancionada, porque llevaría "30 meses" incumpliendo un reglamento europeo. 

Desde el consejo reiteran que no hay justificación "de ningún tipo" para la construcción de la plataforma de verificación del Ministerio que, a su parecer, "va a duplicar esfuerzos e inversiones en un sistema que ya existe y funciona".

"El Sevem ((Sistema Español de Verificación de Medicamentos) es fruto del consenso y cooperación de todos los integrantes de la cadena del medicamento. Desde el primer momento echamos de menos falta de voluntad política para sumarse a este proyecto desde la dirección general responsable de esta materia", critican.

El argumento de Sanidad

Con todo ello, Sanidad se agarra a un argumento para seguir adelante: el documento del Consejo de Estado emitido en enero de 2020 avala la compatibilidad entre Nodo SNSFarma y el Sistema Español de Verificación de Medicamentos.

Según ese informe "Nodo SNSFarma, gestionado por el Ministerio de Sanidad" podría dedicarse a "los casos en los que los medicamentos dispensados sean financiados por el Sistema Nacional de Salud", y Nodo FarmaVerificación, desarrollado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, a "los casos en los que los medicamentos dispensados sean financiados con medios exclusivamente privados".

Aun así, el Consejo de Estado consideraba necesaria la firma de un acuerdo en el que se concretaran "las obligaciones de las partes y las especificaciones que requiera el cumplimiento del Reglamento Delegado". Esto exigiría la "supresión o cambio de redacción" del proyectado artículo 85.4, en el que se podría introducir una cláusula de salvaguarda que asegurase la puesta en marcha y el correcto funcionamiento de Nodo SNSFarma en el hipotético caso de que las negociaciones entre el Ministerio de Sanidad y Sevem, se estancasen y el acuerdo pareciese inviable.

"Solo entonces", asegura el organismo consultivo, "en aras del interés general que ha de presidir el actuar de la Administración pública ex artículo 103 de la Constitución, sería asumible que las funcionalidades y operativa del nodo fuesen determinados por una orden ministerial".