PSOE y Podemos pactan crear una Fiscalía para investigar los "crímenes del franquismo" hasta 1982

La Ley de Memoria Democrática continúa su tramitación parlamentaria. Unidas Podemos y PSOE han pactado en una enmienda dejar sin efecto parte de la Ley de Amnistía, promulgada en 1977, al inicio de la Transición española y que "los crímenes de lesa humanidad, genocidio y tortura" que se cometieron durante el franquismo no gocen de amparo.

Y no solo durante la dictadura, sino que extienden este periodo hasta 1982, el año en el que el socialista Felipe González llegó al Palacio de la Moncloa.

En concreto, se recoge que "todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977 de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables".

Asimismo, los dos socios de Gobierno han acordado, en otra de sus enmiendas a la ley, la creación de un fiscal de sala para la investigación de los hechos "que constituyan violaciones de derecho internacional de derechos humanos y del humanitario, incluyendo los que tuvieron lugar con ocasión del golpe de Estado, la guerra y la dictadura".

Este fiscal de sala impulsará "los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia, para lograr su debida identificación y localización", reza la enmienda.

En los libros de texto

Otros puntos de consenso son que el Valle de los Caídos vuelva a la denominación original de Cuelgamuros y que las víctimas de la dictadura tengan derecho al resarcimiento de los bienes incautados, así como de las sanciones económicas impuestas por el régimen de Francisco Franco.

La modificación que supone un guiño a ERC, dado que el grupo republicano persigue la derogación de la conocida como Ley de Amnistía al considerar que exoneraba a altos dirigentes de la dictadura franquista.

De esta forma, PSOE y Unidas Podemos estipulan que debe aplicarse el derecho internacional vigente en materia de delitos de lesa humanidad, por lo que pedirán que sea el fiscal de esta Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática aborde la investigación de los hechos que tuvieron lugar con ocasión del "golpe de estado, la guerra y la dictadura".

Sin Cs

En materia educativa, se garantiza el "derecho a la investigación histórica de los crímenes del franquismo", frente a posibles alegaciones sobre el derecho al honor de personas ya fallecidas que hubieran participado en los mismos y se añade una referencia a la necesidad de introducir estos contenidos en los libros de texto y materiales curriculares.

Respecto al procedimiento para anular las sentencias represivas, el grupo parlamentario de Unidas Podemos trabajará para llegar a un "amplio acuerdo con todas las fuerzas progresistas que permitan una puesta en práctica ágil y eficaz".

Ciudadanos (Cs), que fue la posible tabla de salvación de la ley durante el tiempo que ERC se negaba a apoyarla, ponía como condición incluir en ella puntos fundamentales de su propuesta de ley de Memoria, Dignidad y Reparación, que prohíbe los homenajes a etarras, entre otros aspectos.

Según Edmundo Bal, portavoz de Cs en el Congreso, la norma del Ejecutivo debiera llamarse "de memoria selectiva" porque "únicamente quiere acordarse de los muertos de hace 80 años".

Indemnizaciones a herederos

Junts per Catalunya (JxCat) ha pedido en sus enmiendas que se indemnice con 60.000 euros a los herederos de quienes murieron condenados a pena de muerte por motivos políticos en la dictadura franquista, cuando no se haya reconocido por ello una "pensión o indemnización" pública.

JxCat considera que la Ley de Memoria Democrática debe incluir una previsión de indemnización para víctimas franquistas y en concreto para quienes "murieron ejecutadas en cumplimiento de condenas dictadas por jueces del régimen o en circunstancias excepcionales".

Señala en su enmienda que el Ministerio de Economía o el de Hacienda determinarán "el procedimiento, las condiciones para su obtención y el órgano competente para el reconocimiento y abono de estas ayudas".

Además, en otra enmienda pide que el Estado compense económicamente a los Gobiernos catalán, valenciano y vasco "por los perjuicios causados por el franquismo al patrimonio de las respectivas instituciones autonómicas que actuaron en sus territorios durante el periodo republicano".