La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se comprometió a proponer un nuevo modelo de financiación autonómica "en el mes de noviembre". En apenas cinco días, los presidentes de ocho Comunidades Autónomas de la llamada España vaciada se reunirán en Santiago, convocados por Alberto Núñez Feijóo.

Fuentes del departamento de Montero confirman a este diario que el documento de la ministra recogerá sus demandas y dará peso a los criterios de envejecimiento y despoblación y dispersión. En consonancia con uno de los ejes principales del Plan de Recuperación, que es la "cohesión territorial" y el "reto demográfico".

Entre los convocados y que ya han confirmado su presencia habrá socialistas, populares y hasta regionalistas. Todos unidos "por el interés común de nuestras poblaciones", según explican los presidentes extremeño y castellano-manchego, Guillermo Fernández Vara y Emiliano García Page. El primero es además, miembro de la Ejecutiva del PSOE. El segundo, su aliado en esta lucha y el barón socialista más díscolo con las posiciones oficialistas de Pedro Sánchez.

Este miércoles, el popular castellano-leonés Alfonso Fernández Mañueco advertía de que las Comunidades Autónomas tienen que dar "un paso adelante frente a un Sánchez ausente".

Así, junto al anfitrión gallego (PP) se reunirán en Santiago los líderes de las dos Castillas (PP y PSOE), el de Asturias (PSOE), el aragonés (PSOE), el cántabro (PRC), la riojana (PSOE), y el presidente extremeño (PSOE). Este último tiene el peso especial de haber sido elevado al puesto de secretario de Política Autonómica socialista. Es decir, el encargado de poner en fila las reivindicaciones enfrentadas de los barones de Sánchez en un debate que será polémico y "durísimo", según fuentes de la negociación.

Unida a la reforma fiscal

Hasta el momento, Hacienda no ha hecho ningún movimiento. Según ha podido saber este diario, las CCAA no tienen siquiera un esbozo de lo que propondrá la ministra Montero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pasan las fechas y ni siquiera está convocada esa cita, a la que llegar con un plan en tiempo y forma.

Pero aunque todavía quedan dos semanas para incumplir el plazo, ella misma se ha puesto la venda antes de la herida. Para empezar, ha advertido de que su propuesta exigirá "una reforma fiscal", lo que retrasará cualquier avance en este sistema, caducado desde 2014. Y además, con esa condición ha pretendido embarcar a la oposición en la aceptación de una subida de impuestos que el Partido Popular rechaza de plano. 

Cabe recordar que la reforma fiscal se ha aplazado -con gran enfado de los socios minoritarios de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición- hasta más allá de febrero de 2022.

"Hay que respetar el encargo que le hicimos a la comisión de expertos", ha insistido María Jesús Montero. "No será una subida ni una bajada de impuestos", defiende, "sino una reforma en profundidad", con cambios en el IRPF, el IVA, una profundización en el nuevo suelo del 15% al tributo de Sociedades, eliminación de exenciones y "cambios en toda la estructura tributaria".

No será una subida de impuestos, dice la ministra, pero en realidad se le parecerá mucho. Porque el objetivo es "cerrar lo más posible el diferencial de presión fiscal que tiene España respecto a los países de nuestro entorno". Según Hacienda, nuestro país tiene un margen de ocho puntos de PIB en ese campo "y no se va a llegar a tanto", pero sí va a subir la presión fiscal.

Embarcar al PP en los impuestos

Entre otras cosas, porque en Hacienda se considera que no podrá contentar a todos los gobiernos autonómicos, pero "hay que esforzarse en cubrir la suficiencia que les permita financiar los servicios de los que son competentes"... de nuevo, aquéllos que también refleja el Plan de Recuperación como claves: "la sanidad, la educación y los servicios públicos".

Montero sostiene la reforma del sistema de financiación autonómica "requerirá ir acompañada de una reforma fiscal que dote de más recursos a las CCAA, bien mediante transferencias o bien mediante una mayor capacidad normativa".

Lo que es una posición oficial y de fondo es que esta reforma -postergada por la crisis financiera, después por la inestabilidad política y, finalmente, por la pandemia- además, "exige el acuerdo entre los dos grandes partidos con implantación en todo el territorio y que ostentan gobiernos autonómicos".

La ministra es consciente de que precisará de una mayoría absoluta en las dos Cámaras, al ser ésta una ley orgánica. Pero sobre todo que en esta reforma no puede recurrir a las posiciones de bloques que hasta ahora le han dado victorias parlamentarias al Gobierno de coalición. Y es que si estas ocho regiones tienen colores políticos diversos en sus gobiernos, lo mismo ocurre con el "frente mediterráneo", formado por la Comunidad Valenciana (PSOE), la Región de Murcia (PP) y Andalucía (PP). 

"Yo siempre he dicho que mi preferencia es pactarlo con el PP", señalaba Montero el pasado martes en el Senado, a preguntas de los populares. Pero la realidad es que no es una preferencia, sino una necesidad. Pero de inmediato, añadió que también espera "el acuerdo del PP en relación con la reforma fiscal" que deberá acompañar al nuevo sistema de financiación. 

Los populares se han expresado en este punto muy claramente, proponiendo un camino exactamente inverso. El líder de la oposición, Pablo Casado, reclama "una bajada de impuestos generalizada, para devolverle el dinero a los españoles, animar el consumo de los ciudadanos y la producción e innovación de las empresas". Lo cual, en su opinión, además, generaría empleo.

Así le respondió la senadora popular Elena Muñoz a Montero: "Veo que está muy verde el modelo sobre el que supuestamente están trabajando". Este periódico ha podido saber que en Hacienda, efectivamente, tienen todas las energías volcadas en la negociación de las enmiendas a los Presupuestos Generales del estado de 2022. Y que el compromiso de Montero de presentar un modelo nuevo para la financiación autonómica será muy difícil de cumplir en tiempo y forma.