Ayuso plantea que la Asamblea de Madrid no elija a 'sus' jueces del TSJ y eleva el caso al Congreso

La propuesta del Gobierno regional necesitaría de la aprobación del Congreso, que acaba de avalar en una votación secreta y -por primera vez- telemática a los candidatos pactados por el Gobierno y el PP para renovar el Tribunal Constitucional.

La presidenta madrileña ha anunciado el Proyecto de Ley en el pleno celebrado este jueves en la Asamblea de Madrid, justo después de que la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, le afeara que el PP pactase "con el Gobierno socialista, con los comunistas, el reparto de los candidatos del Constitucional y del Tribunal de Cuentas".

Ayuso ha aprovechado esa intervención para avanzar que retomará su propuesta de despolitización de la Justicia y recalcar "que la amenaza a la independencia de la Justicia" está en el Gobierno de España y en sus socios.

La pasada legislatura, con Partido Popular y Ciudadanos gobernando en coalición, el Gobierno regional ya aprobó el Proyecto de Ley con el que se proponía eliminar la potestad de la Asamblea de Madrid para proponer el nombramiento de una de cada tres plazas de juez en las Salas de lo Civil y Penal del TSJM.

El proyecto de ley

Con este proyecto de ley, que supone reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Demarcación y Planta Judicial, el Ejecutivo regional pretende ampliar y asegurar la independencia del Poder Judicial, permitiendo que los magistrados de estas salas sean nombrados directamente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

¿El perfil? "Un jurista de reconocido prestigio con más de 10 años de ejercicio profesional en la comunidad autónoma". Las plazas restantes serían cubiertas por magistrados nombrados a propuesta del CGPJ entre los que lleven diez años en la categoría y en el orden jurisdiccional civil o penal y tengan especiales conocimientos de derecho civil, foral o especial, propio de la Comunidad, como ya se hace en la actualidad.

Pero la iniciativa decayó al disolverse el Parlamento madrileño el pasado mes de marzo, cuando Isabel Díaz Ayuso convocó elecciones anticipadas tras la doble moción de censura que Ciudadanos y PSOE presentaron en Murcia para desbancar al PP regional y municipal.

Ahora, el Gobierno madrileño volverá a remitir el Proyecto de Ley con la reforma propuesta, que una vez culmine su aprobación en la Asamblea, se remitirá como proposición de ley a la Mesa del Congreso de los Diputados. Eso obligará a pronunciarse a los grupos parlamentarios, en plena polémica por la renovación del CGPJ, y cuando una de las exigencias del PP de Pablo Casado es que se cambie la ley para despolitizar este órgano.

Ayuso censuró ayer al Ejecutivo de Pedro Sánchez "que está sometiendo a la Fiscalía General del Estado, que amenaza a la Abogacía General y que amenaza también ahora con controlar el Poder Judicial mediante cambios legislativos", por lo que ha tenido que intervenir la Unión Europea.

"Nosotros los que vamos a hacer es impulsar la independencia en el nombramiento de jueces en el TSJM, desde aquí, y dotando a los profesionales de la Administración de Justicia de las mejores herramientas. Para eso, para ellos, en Recursos Humanos vamos a destinar 316 millones más en estos Presupuestos y también relanzando la Ciudad de la Justicia", ha zanjado.