Interior reactiva su plan de construir una gran cárcel psiquiátrica contra el criterio de los sanitarios

Hay que remontarse a 2010 para recordar cómo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero iniciaba los trámites de la prisión de Siete Aguas (Valencia), bautizada como Levante II. El proyecto se paralizó dos años después, con Mariano Rajoy en la Moncloa, tras haberse invertido casi 15 millones de euros. El Ejecutivo justificó la decisión en la crisis económica que afectaba al país.

Ahora, con nueve años de retraso, Prisiones reactiva el proyecto para ubicar el hospital psiquiátrico penitenciario más grande de España en un paraje natural privilegiado, lo que también ha provocado una gran movilización ciudadana en contra. 

El centro pretende custodiar a unas 500 personas con problemas de salud mental grave separándoles de la relación con otro tipo de internos. Desde los colectivos profesionales se asegura que ese sistema despoja a estos presos del sentimiento de integración en comunidad. 

Pero no sólo los sindicatos profesionales están en contra de este hospital en el que el Gobierno invertirá otros 733.000 euros. Más de medio centenar de organizaciones profesionales se han posicionado en contra del proyecto bajo la plataforma Salud mental fuera de las prisiones.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Asociación de Profesionales de la Salud Mental o la Sociedad Española de Psiquiatría Legal son algunas de las organizaciones que rechazan este modelo, que tachan de más cercano a un "manicomio" del siglo XIX que a un centro penitenciario.

En contra de la OMS

Afirman que las estrategias de intervención que se llevarán a cabo en este centro psiquiátrico penitenciario van en dirección totalmente opuesta a la que marcan organismos nacionales (como la Estrategia de Salud Mental del Ministerio de Sanidad y la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias) e internacionales (ONU, OMS y Consejo Europeo).

Su argumento es que las personas con trastornos psiquiátricos deben tratarse en "contextos que proporcionen la máxima oportunidad de recuperación personal y social", mediante equipos que trabajan en dispositivos asistenciales "insertos en el medio comunitario". "Se deben evitar las instituciones de gran tamaño y aisladas del contexto de vida diaria, que significan la marginación y riesgo de máxima exclusión de esta población", señalan.

Además, tal y como publicó EL ESPAÑOL la semana pasada, el Consejo de Europa ha reclamado a Gobierno español que los hospitales psiquiátricos penitenciarios dejen de ser competencia del Ministerio del Interior y pasen a formar parte del Sistema Nacional de Salud.

El espacio que plantea el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska en Siete Aguas es, justamente, todo lo que rechazan los expertos. Un macrocomplejo de 70.000 metros cuadrados y que, según la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), estará enfocado a ser un "pueblo". El proyecto, que se sacó a licitación el pasado mes de marzo, presentaba muchos espacios verdes e, incluso, apartamentos para los familiares.

Según el planteamiento inicial, se hará una división por módulos según el perfil del residente: agudos, agresivos, descompensados, estabilizados y rehabilitados. Ese modelo es completamente diferente a los que ya existen hasta ahora en Sevilla y en Alicante. El de Alicante, por cierto, tan falto de médicos que ha precisado de una contrata externa para su gestión sanitaria.

Los profesionales insisten al Gobierno en su rechazo que, además, supone un desembolso "innecesario". Su propuesta es crear 17 unidades psiquiátricas penitenciarias, una por comunidad autónoma.

"Estarían integradas dentro de un centro penitenciario de referencia y, en esta localización, habría una unidad psiquiátrica donde estarían médicos especialistas, psicólogos clínicos y psiquiatras", insisten.

Un 45% de enfermos

El problema de la salud mental de los presos no es algo nuevo. Según un informe de Instituciones Penitenciarias, un 45% de los 55.565 presos que hay en España sufren una enfermedad mental. Además, los "desequilibrios mentales" acapararon el 41% de los ingresos en las enfermerías de los 97 centros penitenciarios españoles.

Algunas de las prisiones que sufren una mayor tasa de internos con problemas mentales son Castellón II, Picassent, Sevilla II, Madrid VII o Murcia II. Y eso se traduce en graves problemas: por ejemplo, en 2020 la cifra de suicidios registrada en las cárceles españolas ascendió a 43, frente a los 33 de 2019.

Hasta la localización de este centro penitenciario de Siete Aguas es conflictiva. El punto elegido para la cárcel cuenta con cerca de 400 especies protegidas, En los alrededores se encuentra el Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Sierra de Malacara, el Paraje Natural de Villingordo y la microrreserva de fauna y flora de El Fresnal y el Pico Nevera.