Sánchez se compromete a pagar con dinero público hasta el 80% del coste de las películas en catalán

La imposición llega con dinero público que, en todo caso, reduce mucho su impacto en las cuentas de las multinacionales. Tendrán que producir un 6% de su catálogo en catalán, gallego o euskera, pero estas obras audiovisuales se pagarán con hasta el 80% de fondos públicos.

Según anunció este martes Gabriel Rufián, el Gobierno tendrá sus votos el jueves para los Presupuestos tras el acuerdo. Y concretamente, tras firmar un documento que le obliga a incluir en la nueva Ley Audiovisual que el 6% de los títulos que ofrezcan estas compañías de Vídeo a Petición (VAP, en la jerga de la Comisión Europea) tendrá que ser "producciones en catalán, euskera o gallego".

Así consta en el acuerdo alcanzado por Rufián con el Grupo Parlamentario Socialista, liderado por Héctor Gómez. "Estaban obsesionados con lo de las cuotas", valora una fuente socialista en conversación con este periódico. ERC tensó las reuniones hasta última hora, según este socialista presente en la negociación de los apoyos a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022.

Las prisas del Gobierno

Esquerra ha jugado no sólo con la premura de la votación de los Presupuestos, sino con las prisas del Ejecutivo para terminar la nueva ley audiovisual. La norma viene a sustituir la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual y a trasponer con retraso la Directiva (UE) 2018/1808 de servicios de comunicación audiovisual.

El Ejecutivo tendría que haber mandado ya el primer informe de cumplimiento de las disposiciones, tras haberlas puesto en vigor hace 14 meses. Y la Comisión Europea ya ha iniciado expedientes de incumplimiento por la demora.

Así, el Gobierno ha tenido que rascarse aún más el bolsillo con dos medidas. La primera, según ha podido confirmar este periódico es que las series o películas rodadas en las lenguas cooficiales "minorizadas" (en la jerga de ERC) podrán ser subvencionadas con hasta 20 puntos más de dinero público que las filmadas en castellano.

La ley actual del cine prevé ayudas públicas de hasta el 60% del coste reconocido de la producción para las películas rodadas en cualquiera de las lenguas de España. A partir de la entrada en vigor de la nueva Ley Audiovisual -según lo acordado entre el Gobierno y ERC-, las subvenciones podrán ascender al 80% para lenguas cooficiales que no sean el castellano. Y ya no se referirá sólo a obras cinematográficas, sino a "todas las obras audiovisuales", lo que incluye a las series, que es el principal negocio de las plataformas.

La segunda medida es la creación de un fondo de hasta 10,5 millones de euros para "incentivar la creación de contenidos audiovisuales en lenguas cooficiales diferentes del castellano". Este fondo tendrá una partida propia en los PGE y, tal como confirman fuentes de ERC, ayudará a "fijar las cuotas" y la "obligatoriedad en el doblaje y la subtitulación para proteger, fomentar y normalizar el catalán" en el uso y consumo de series y películas a través de las plataformas VAP.

El fondo referido servirá para la conversión de los catálogos ya disponibles, "generará empleo en la industria catalana, gallega y vasca del audiovisual", y acelerará la conversión de la oferta en multilingüe.

"Pero según la directiva europea que está trasponiendo España", explican expertos consultados por este periódico, "los porcentajes se refieren a producciones de nueva creación". Esto quiere decir, explican, que ERC habría logrado que Netflix, HBO, Amazon o Disney deban rodar el 6% de las nuevas producciones que vayan a emitir en España en catalán, gallego o vascuence.

Compromisos 

Esquerra ha arrancado más compromisos. Como los casi 52 millones de euros en inversiones sectoriales y territoriales.

Ha logrado la desaparición en las cuentas públicas de los dos millones largos que el Gobierno iba a gastarse para terminar las obras de modernización de la comisaría de la Policía Nacional en la vía Layetana de Barcelona. Y ha beneficiado a los Mossos d'Esquadra con una jubilación a los 60 años, más baja que la de sus compañeros del resto de España.

...pero la clave estaba en la reivindicación destinada a la Ley General Audiovisual que todavía está redactando el Ministerio de Economía de Nadia Calviño.

Obligaciones

"La directiva (UE) 2018/1808 impone dos obligaciones", aclara un especialista en jurisdicción europea. "La primera es de financiación anticipada de obra audiovisual europea". En el caso de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición (las VAP), afecta a las que tengan ingresos superiores a 50 millones de euros anuales.

Según el borrador de la ley al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, las plataformas deberán "destinar el 5% de dichos ingresos a la financiación de obra audiovisual europea, a la compra de derechos de explotación de obra audiovisual europea ya terminada y/ o a la contribución al Fondo de Protección de la Cinematografía".

El acuerdo del PSOE con ERC indica que, "por primera vez", la ley estatal obligará a destinar a la producción en lenguas cooficiales "un 10% de los fondos que recaude el ICAA a través del impuesto del 5% que la ley fija para las plataformas privadas y el 6% de las públicas".

La otra obligación que establece la ley que traspone la directiva europea es la ya referida de los catálogos. Es decir, "el porcentaje del 30% de producción europea, que luego cada país puede especificar", y que en España el borrador de la ley adjudicaba "como mínimo el 50% de la cuota prevista" para series o películas "en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas".

Ahora, apunta el experto, "lo que se añade es una especificación de que ese resultante del 15% se divide, a su vez en una proporción 60/40 entre el castellano y el resto de lenguas".

Así, según las fuentes de ERC consultadas por este diario, "se mejora una ley que no tenía presente el catalán en ninguno de sus puntos". Y además, se logran medidas que redundan en otros territorios, porque "se garantiza y se fomenta la presencia de las lenguas cooficiales del Estado" a través de todas estas fórmulas.