Finalmente, las "cuotas obligatorias de producciones en catalán, euskera o gallego" no obligarán a las plataformas internacionales como Netflix, HBO, Disney+ o Prime Video.
La nueva Ley Audiovisual, que inicia desde este miércoles su tramitación parlamentaria tras ser aprobada en Consejo de Ministros, sólo será aplicable en este punto a las distribuidoras de Video a Petición (VAP, en la jerga de la ley) con sede en España.
Así, las grandes multinacionales se verán sometidas a otro tipo de obligaciones sobre su catálogo o el acceso al doblaje y/o subtitulado en lenguas cooficiales, pero no a la producción de series o películas en "lenguas distintas al castellano".
En el primer Consejo de Ministros de la semana -el viernes habrá otro-, el Ejecutivo de coalición ha aprobado dos grandes leyes presentadas por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. La también ministra de Economía ha detallado las bondades del proyecto Crea y Crece, para el impulso de las empresas "y la mejora del clima emprendedor en España" y el de la Ley Audiovisual.
Esta última es la trasposición de una directiva europea a la que ya llega tarde el Ejecutivo de coalición. De hecho, la Comisión Europea esperaba el primer informe de ejecución el pasado mes de septiembre, y la norma aún no ha llegado al Parlamento.
Clave para los Presupuestos
Las idas y venidas de la norma han tenido que ver con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022. De hecho, según ha podido confirmar este periódico en fuentes gubernamentales, el texto estaba preparado desde hace tiempo. Pero fue la insistencia en incluir las "cuotas obligatorias en lenguas cooficiales" del socio parlamentario principal, Esquerra Republicana, la que ha retrasado su segundo paso por el Consejo de Ministros, camino de la tramitación parlamentaria.
Fuentes de la Vicepresidencia primera confirman a este diario que "tras las dos audiencias públicas, las larguísimas negociaciones y la atención a las sugerencias y propuestas" de todos los implicados en la norma, la ley no cumplirá aquello que anunció a bombo y platillo Gabriel Rufián en sede parlamentaria: no "habrá cuotas en Netflix para el catalán, ni para el gallego ni para el euskera". Y no "será ERC quien las negocie".
Según estas fuentes, "es la propia directiva europea la que indica qué tipo de obligaciones se les puede imponer a operadores cuya sede social esté fuera de España".
Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno, en rueda de prensa.
Y esto es porque en el derecho comunitario "opera el principio de país de origen". El objetivo de este principio general es que cualquier empresa global pueda competir en igualdad de condiciones en toda la Unión Europea y no se vea sometida a los requerimientos legales de cada uno de los Veintisiete.
ERC lo sabía
También siempre según las mismas fuentes del Gobierno, ERC era consciente de esta salvedad durante la negociación. Y de ahí que las conversaciones se alargaran tanto hasta que se encontró una fórmula de "compensaciones" en otros apartados de la ley.
Este periódico pudo confirmar con fuentes oficiales de Esquerra que, en un principio, a la formación independentista catalana le bastaba con que las cuotas pudieran ampliarse más allá de la producción de nuevos títulos y que en ellas entraran los subtitulados y los doblajes.
Finalmente, ambos aspectos -por las diferencias jurídicas que marca la propia directiva europea- están separados en la ley. Pero lo que es evidente, confirman las fuentes del Gobierno, es que "Esquerra sabía que esto era así desde el principio, el derecho comunitario no nos permitía hacerlo de otro modo".
Ventaja para el Gobierno
En realidad, esto no sólo era una imposición legal al Gobierno, sino una ventaja para sus intereses. En las próximas semanas, la vicepresidenta pretende presentar nuevas normas que fomenten "la conversión de España en un hub audiovisual europeo y un hub global para producciones en español". Es decir, que cualquier disposición jurídica que dificultara "la atracción de talento e inversiones" habría sido un obstáculo en ese objetivo, incluido en el Plan de Recuperación.
"La promoción de todas las lenguas españolas es un compromiso de este Gobierno", insistía Calviño en la mesa de Moncloa, sentada junto a la portavoz, Isabel Rodríguez, y la ministra de Ciencia, Diana Morant. "Son una riqueza cultural de nuestro país y los operadores tendrán que cumplir determinadas condiciones":
Pero no en las cuotas de producción. Quien más obligaciones tendrá, en todo caso, es RTVE, cuya "cuota en lenguas cooficiales distintas del castellano" se eleva hasta el 15%, muy por encima del 6% que sí tendrán que cumplir AtresPlayer y MiTele, las plataformas de los operadores privados de televisión, por ejemplo. También se amplía hasta el 80% la posibilidad de acceder a ayudas públicas a producciones en catalán, euskera o gallego. Para el castellano se mantendrá en el 60%.
El Ejecutivo asegura estar satisfecho con el "equilibrio" alcanzado en el texto final. Un balance que le ha permitido recabar los apoyos de ERC y Bildu a los PGE de 2022, cuyos 18 votos eran imprescindibles para la tramitación en el Congreso de las cuentas públicas. "Se atrae inversión extranjera, se impulsa el sector audiovisual", proclamó Calviño, "y al mismo tiempo, se protege nuestra cultura, nuestras lenguas".