La decisión del juez Manuel Piñar de denegar la libertad para Juana Rivas tras el indulto parcial concedido por el Gobierno de España no ha gustado nada a la facción de Unidas Podemos del Gobierno de coalición. Los morados, que lideraron la defensa de la madre granadina, se han visto desacreditados por Piñar a quien han acusado de ejercer "violencia institucional" y ser un "activista de ultraderecha".

Así pues, el portavoz en el Congreso, Pablo Echenique; el exlíder del partido, Pablo Iglesias, y la actual secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam; se han unido en una campaña de desacreditación en las redes sociales hacia el magistrado.

A su parecer, la decisión se ha tomado condicionada por las ideologías del juez al que acusan, por publicaciones en sus redes sociales personales, de insultar al Gobierno y atacar al feminismo.

"Lo de Juana Rivas es una barbaridad, pero también señala un problema estructural de nuestra democracia: ¿Qué hacer cuando alguien tan poderoso como un juez —alguien que te puede destrozar la vida sin rendir cuentas ante nadie— es básicamente un activista de ultraderecha?", apuntaba Echenique en sus redes sociales.

Las acusaciones del portavoz de Unidas Podemos no se han quedado ahí. Durante toda la jornada del 11 de diciembre, Echenique ha acusado de machista y "difundidor de bulos" al Magistrado. Para ello, ha usado publicaciones de su Facebook personal, como también había hecho el exlíder del partido, Pablo Iglesias.

"Difunde un grupo que tiene como foto de portada la cruz de Borgoña, considerado símbolo ultra por la policía. Imagínate de lo que hablará el señor juez con sus amigos en ese grupo", insiste el portavoz de Unidas Podemos. 

También se pone a él mismo en la diana (o a Gabriel Rufían) haciéndose eco de "bulos" que el magistrado publicaba ("difundía" según Echenique) en sus redes sociales. "Difunde el mismo bulo racista que no para de repetir Vox. El objetivo sería que los menores extranjeros no acompañados voten a Pedro Sánchez. Doble bulo porque los extranjeros aunque estén en situación regular no pueden votar en las elecciones generales", reitera.

Los morados olvidan que fueron los médicos quiénes, en abril de 2017, habían denunciado los supuestos abusos sufridos por el menor. Hay que retomarse a esa primavera, cuando Rivas y sus hijos se alojaron en una casa rural con otras cuatro personas (tres mujeres y un hombre, según aseguró ella).

Los hechos

Tras el fin de semana, los médicos del Hospital Materno-Infantil Virgen de la Nieves, de Granada, y el centro de salud de Macarena (también en la provincia de Granada) habían examinado al menor y habían observado "signos de abuso sexual". Los pediatras elevaron estos hechos al juzgado que abrió diligencias.

La Junta de Andalucía, en ese momento gobernada por la socialista Susana Díaz, también abrió un procedimiento notificado por una posible resistencia de Rivas hacia su hijo. Se trata de la 'hoja Simia' (Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía).

Al final, la Guardia Civil no encontró nada concluyente y el Juzgado en el que los facultativos habían dado parte decidió cerrar "provisionalmente" la causa dejando la posibilidad de reabrirla si aparecían más pruebas. Rivas no quería que eso ocurriera y propuso un sobreseimiento total y no parcial como pedía la Fiscalía y el padre.

Según argumentaba el abogado de la madre, la Guardia Civil había cerrado su atestado y una ONG que analizó al menor aseguró no encontrar "sintomatología de daño sexual". Por tanto, no había indicios para que la causa se cerrara y el suceso (que había ocurrido cuando la madre tenía sustraídos a los menores del padre) quedara en el olvido.

El magistrado Manuel Piñar no ha querido que esto sea así y, por ello, en su auto ha asegurado "no saber cómo hacer" para que los tribunales del país y el Gobierno tengan constancia de que "que estando los hijos bajo el cuidado y custodia de la madre, uno de ellos fue abusado sexualmente, según dictaminó la pediatra, un forense y manifestó el propio menor".

El Gobierno

Un Gobierno que, este mismo sábado, se desmarcaba de hacer un pronunciamiento público sobre la decisión del juez y llaman a la ciudadanía a "extremar la sensibilidad".

Fuentes del Ministerio de Justicia han apelado a que la opinión pública a que extreme la "sensibilidad" en relación con el caso de Juana Rivas e insisten en que el Ejecutivo ha hecho "lo que debía hacer" ante la concurrencia de "ineludibles y prioritarias razones de equidad" que debían "atenderse necesariamente".

La reacción del Gobierno se produce después de que este viernes el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada rechazara suspender la ejecución de la pena impuesta a Juana Rivas, condenada a prisión por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017, tal y como la madre de Maracena solicitó tras el indulto parcial que le concedió el Gobierno.

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