Castells atrasa su Ley de Universidades tras 2 años de trabajo por el rechazo de rectores y estudiantes

La gran apuesta del ministro Manuel Castells ha sufrido un "encontronazo" con la comunidad educativa y necesita de "más consenso" para salir adelante. Así lo han confirmado fuentes cercanas al Ministerio de Universidades al ESPAÑOL tras conocerse que la Conferencia de Rectores (CRUE) se había negado a emitir un informe preceptivo para aprobar la ley.

El plantón de los rectores se materializó hace unas semanas, coincidiendo con las revueltas estudiantiles en las calles de toda España. Castells asegura que la ley no está terminada y que todavía quiere contar con más actores para que exista "consenso". De no conseguirlo, tiraría por la borda dos años de negociaciones con la comunidad educativa.

Lo que está claro es que la fecha que el ministro se había puesto para sacar adelante la ley ya no es real y ahora hablan de su aprobación para el "primer trimestre de 2022".

Hay que recordar que la norma ya pasó por una primera lectura en el Consejo de Ministros y que, lo que tocaría ahora, es presentar la redacción final que llegará al Congreso de los Diputados para recibir las aportaciones de los grupos políticos.

Los rectores y estudiantes dudan acerca de cómo presentar el texto final de la ley porque, después, será ERC (el principal socio con el que cuenta el PSOE para que la ley se apruebe en el pleno de la Cámara Baja) quien ponga las comas.

Lo mismo ha pasado con la Ley de Convivencia Universitaria. En su trámite parlamentario ERC consiguió que, en lugar de existir una regulación única para todas las CCAA a la hora de configurarse los órganos de convivencia, fueran las Universidades las que lo pactaran de forma individual. Una medida muy rechazada por la comunidad universitaria, que acusó al Gobierno y sus socios catalanes de dar un "paso atrás".

El temor ahora es similar. ERC ha presentado ya un centenar de páginas con alegaciones a la LOSU. Entre sus principales reivindicaciones está que las Universidades tengan una mayor autonomía y la LOSU se desprenda de su carácter "regulador" con carácter estatal.

De agosto a octubre

El problema de la ley de Castells, según los sindicatos, es que ha querido tocar "demasiados palos" en una sola norma. Hay que recordar que en los anteriores intentos de modificar la ley universitaria se apostaba por dividir el estatuto del personal docente (mejora de la situación de los profesores asociados, por ejemplo) de la regulación universitaria (el trabajo del rector, cómo se elige, etc).

En este último punto, por ejemplo, Castells ha conseguido agradar a los rectores. Durante el primer anteproyecto presentado en agosto y el borrador de octubre, el ministro accedió a que la elección del rector continuase como estaba. En un primer momento, Universidades había escuchado a los estudiantes y había propuesto que fuera un comité (con representación de varios estamentos educativos) el que eligiera al rector.

Castells se volverá a sentar con todas las partes y seguirá trabajando para que la ley no salga sin consenso. 

Entre los puntos calientes de la ley está la creación de la figura del profesor distinguido. Una forma de aprobar la presencia de docentes que están de paso y que vienen de universidades fuera de España.

El objetivo del Gobierno es reclutar a personas que llevan a cabo su carrera en el extranjero, personas con excelencia reconocida que, según los rectores, no van a someterse a una prueba para ser docente como si ocurre si eres español.

Profesores distinguidos

A este respecto, Universidades siempre ha defendido que los profesores distinguidos deberán de tener "excelencia reconocida internacionalmente" y que la figura sólo facilita que una universidad española los reclute al carecer de acreditación española. "Es la vía que nos habría permitido contratar a Einstein", ejemplifican de estos contratos que durarían de 1 a 3 años.

La LOSU tiene el gran reto de adaptarse a la formación del futuro. Algo en lo que coinciden todas las partes y que se va a ejecutar gracias a los itinerarios abiertos. Según se ha negociado hasta ahora, estos itinerarios los marcará y diseñará la propia universidad en la medida que su Consejo de Gobierno lo estime oportuno.

En este punto, Universidades también trabaja con la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría. Tendrán que llevar a cabo pasarelas con las FP. En este caso, lo que se hará desde la universidad es reconocer los estudios previos con hasta 24 créditos, un curso entero.

Uno de los puntos que más han gustado a los docentes es la figura del profesor asociado sin doctorado. Es la solución de Castells para todos aquellos profesores asociados que no tienen el doctorado puedan acceder a una plaza. Se trata de un plazo de tres años para que obtengan el puesto mediante una especie de "figura transitoria".

En los concursos tendrán igual mérito la docencia y la investigación, un tema clave para el profesor asociado que hace mucha docencia y así puede igualar su etapa de docente con la de un investigador. Garantizará la igualdad de oportunidades para el conjunto del profesorado.

En un primer momento, los representantes de la Universidad privada pusieron el grito en el cielo porque el borrador apostaba por imponer un IVA a los centros privados. Finalmente, este punto se eliminó en el último momento y el debate que se puso sobre la mesa era otro: financiar la educación universitaria.

El coste de formación universitaria es de un 19% del gasto total en Educación y hace falta un acuerdo de las para que las CCAA aumenten su partida en los próximos dos años. De momento, ese punto no ha llegado a un punto en común.