Bruselas obra el milagro: Gobierno y sindicatos se conforman con pactar una reforma laboral blanda

Si este martes, Bruselas daba el visto bueno definitivo a los primeros 10.000 millones de euros y este miércoles se celebraba en el Ministerio de Economía (no sólo la llegada del dinero, sino) que España es el primer país de la UE en recibir un tramo de los fondos Next Generation EU es porque Yolanda Díaz cumplió.

Es decir, que llegó a tiempo y lo hizo con unos párrafos lo suficientemente ambiguos como para que entonces nada más que rozara las fronteras del acuerdo de coalición, sin incumplirlo. Así lo analizaba entonces EL ESPAÑOL, que reveló en exclusiva el documento enviado a Bruselas.

Y con un texto en el que cabían todos... lo necesario para que ahora, una vez cerrado el acuerdo con los agentes sociales la blandura de la reforma laboral que se aprobará el martes 28 en Consejo de Ministros contente a todos.

Satisface a Moncloa, porque no se cambia sustancialmente el mercado laboral, única fuente de alegrías en esta recuperación más justa por corta que porque esté llegando a todos. Sólo el empleo calma al presidente, con sus nueve meses de rally alcista, cuando le pasan cifras de la economía española, que crece menos de la mitad (4,6%) de lo prometido (9,8%) y cuya inflación (5,5%) casi triplica lo presupuestado (2%).

Pero también se queda satisfecha del "mal menor" la patronal, porque no se toca una gran parte de la "flexibilidad" que exigía. Los sindicatos se pueden colgar una medalla, ya que sí recuperan una sustancial porción de la "seguridad" que reclamaban... esos dos componentes son los que exigía el comisario Paolo Genitloni, en su última visita a Nadia Calviño.

Y ambos socios de la coalición, PSOE y Podemos, dan por cumplido el acuerdo de gobierno y las lideresas dejan de discutir (al menos por esto) y de acusarse de "injerencias" o de "frivolidades".

Díaz y Calviño, contentas

Si la hoy vicepresidenta segunda decía hace dos años que había que "derogar" la norma del año 2012 promulgada por el PP, lo cierto es que habrá una nueva, así que la anterior queda derogada. Eso dice, siempre, la penúltima disposición final de todo texto legal: "Queda derogada cualquier disposición legal contraria al contenido de este real decreto"... y tal y tal.

Si a la hoy vicepresidenta primera le daban vueltas los ojos cada vez que escuchaba eso, aunque fuera pronunciado en el Congreso en el escaño de al lado, hoy puede decir que, en realidad, sólo se ha "modernizado" el marco de relaciones de trabajo en España.

Y ambas están contentas, primero, por el acuerdo con empresarios y trabajadores, y segundo porque esto es lo que pedía Bruselas.

La Comisión Europea, una vez recibido el Componente 23 (que llegó al mismo tiempo que el Componente 30, el de las pensiones, en el sprint final de Moncloa), dio el visto bueno, con alguna queja de palabra por su falta de concreción -según pudo saber este periódico de fuentes europeas- e instó al Gobierno de Pedro Sánchez a tenerlo en vigor con el cambio de año y con acuerdo de patronales y sindicatos.

Lo primero, la fecha, condicionaba la llegada del siguiente tramo de los fondos. Porque aunque si en julio de 2020, el presidente se ganó un aplauso de sus ministros al regreso de cinco días de "durísima negociación", la ovación era merecida: fue él quien lideró entre los Veintisiete el invento de la deuda mancomunada para cambiar las políticas de salida de la crisis.

Pero en el pecado se trajo la penitencia. El relato oficial dijo que era dinero no condicionado, pero ¡vaya si tiene condiciones!

Los 140.000 millones en seis años (unos 70.000 en transferencias y el resto, en préstamos) se irán librando por tramos y bajo la vigilancia trimestral de enviados de Bruselas -según el contrato firmado con la Comisión- para comprobar el cumplimiento de los llamados "hitos", en forma de reformas legales e inversiones productivas.

Y lo segundo, lo del acuerdo, porque la Comisión es consciente de que Sánchez preside el Ejecutivo más débil de la democracia. Y para garantizarse la estabilidad de la norma y la seguridad jurídica (de que no se cambiará en su trámite o en los años venideros), precisaba del pacto tripartito: Gobierno, clase empresarial y clase trabajadora, juntos, en la foto, satisfechos y comprometidos con el nuevo marco.

Así, además, cualquier enmienda que se quiera introducir en la tramitación parlamentaria del real decreto -que, sin duda, se hará vía proyecto de ley- habrá de contar con un enorme consenso. "¿Tú crees que la CEOE se va a arriesgar a levantarse de la mesa?", planteaba hace sólo dos semanas un ministro en conversación con este diario. "Saben que el acuerdo es mejor para ellos si lo firman que si no, porque en caso de irse de la mesa habrá castigo, y además ya no habrá blindaje para que Esquerra o Bildu no quieran colar sus exigencias".

Temores de rebelión

De hecho, si PSOE y Unidas Podemos trataron el martes pasado de forzar un pleno extraordinario este mismo jueves para adelantar la votación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso, no era sólo por adelantar las vacaciones navideñas de sus señorías diputados. Sino porque temían que la reforma laboral blanda que se ha cerrado, definitivamente, a última hora de este jueves enfadara a los aliados parlamentarios.

En la sesión de control del miércoles, cuando aún se confiaba en que los PGE se votaran el jueves y no el día 28 de diciembre, la independentista vasca Mertxe Aizpurua ya lo advirtió: "Lo que hemos leído hasta la fecha no indica que vayan ustedes a cumplir sus compromisos de derogar del todo la reforma laboral del Partido Popular". El tono de advertencia lo han usado en demasiadas ocasiones los aliados independentistas de Sánchez en el Congreso como para resultar creíble. Pero...

...la portavoz de Bildu tenía legitimidad para exigir. Y es que los portavoces socialista (Adriana Lastra, entonces) y morado (Pablo Echenique) se lo firmaron, de su puño y letra, hace ahora un año y medio. Aunque, con freno y marcha atrás de Moncloa, en pocas horas, tras las presiones de Nadia Calviño.

Aún puede ocurrir. Y aunque queda muy lejos de la imaginación, los republicanos y los abertzales todavía podrían amenazar con no votar a favor en el último (y definitivo) trámite de los PGE el martes que viene. El actual portavoz del PSOE, Héctor Gómez, se afana por evitarlo. Y este jueves mantenía contactos y reuniones constantes en su despacho.

Sánchez sabe que no puede permitirse esa deserción. No, precisamente, la de esos socios en el Congreso: sin sus 18 escaños (ambas formaciones tienen un acuerdo parlamentario y siempre votan juntas) lo dejarían sin la mayoría absoluta de 188 votos con la que cuenta el Ejecutivo... y sumados a los 160 noes de la primera vuelta, tumbarían las cuentas públicas del año que viene.

Así que Bruselas ha obrado un milagro. Hay reforma laboral, ha sido con acuerdo, no "estropea lo que funciona", y llega a tiempo.

A cambio, todos contentos pero ninguno satisfecho. Los empresarios, porque pierden poder; los sindicatos, porque no ganan todo el que tuvieron antes de 2012; Unidas Podemos porque tiene que forzar la realidad para sostener que ha "derogado" la reforma del PP; Sánchez porque ha tenido que contentar a demasiados actores...y porque (ahora sí) quizá no duerma del todo bien de aquí al Día de los Inocentes.