Pese a la alarmante cifra de contagios provocada por la llegada de la variante ómicron, Pedro Sánchez ha asumido finalmente la tesis de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso de adoptar las medidas contra la pandemia que puedan ser menos lesivas para la economía. Lo hace un año y medio más tarde.
En nombre de la "cogobernanza", Sánchez se ha limitado a celebrar el éxito del proceso de vacunación y ha dejado la lucha contra la pandemia en manos de las comunidades autónomas, que aplican un puzle de medidas muy dispares para intentar frenar los contagios durante las fiestas de Navidad.
La ausencia de una Ley Orgánica de Pandemias que viene reclamando el PP y las sentencias del Tribunal Constitucional que han anulado los sucesivos estados de alarma decretados en 2020, por limitar de forma inconstitucional los derechos y libertades de los ciudadanos, no dejan mucho más margen de maniobra al Gobierno.
El último informe difundido este jueves por el Ministerio de Sanidad muestra que la cifra de contagios continúa completamente disparada. España alcanza ya una incidencia acumulada a 14 días de 1.775 casos por cada 100.000 habitantes.
Las UCI de Cataluña
La situación es especialmente grave en Navarra (con una incidencia acumulada de 3.810 casos, que duplica la media nacional), La Rioja (2.861), País Vasco (2.731), Castilla y León (2.538), Aragón (2.455) y, en sexto lugar, Madrid (2.426). Varias de estas regiones implantaron el pasaporte Covid que, aunque ha incentivado las vacunaciones, no ha mostrado una gran efectividad para frenar los contagios.
En sus últimas intervenciones públicas, Pedro Sánchez se ha hecho eco de la tesis de numerosos expertos, según la cual aunque la variante ómicron tiene una tasa de transmisión mucho más elevada que las anteriores, provoca menos hospitalizaciones e ingresos en las UCI.
En este sentido, la situación más preocupante es la de Cataluña, que ya tiene el 37,41% de sus camas de UCI ocupadas por enfermos de Covid. Le siguen a larga distancia el País Vasco (con una ocupación del 27,73% de las UCI), la Comunidad Valenciana (26,23%), Melilla (23,53%), Navarra (22,03%) y Aragón (20,91%).
El presidente Pedro Sánchez no se dio por enterado de la irrupción de la variante ómicron hasta el pasado 19 de diciembre. Lo hizo en una comparecencia televisada desde Barcelona (donde había acudido a clausurar el Congreso del PSC) en la que anunció la convocatoria de una Conferencia de Presidentes, que se celebraría 48 horas antes de la Nochebuena, para analizar la situación y tomar nuevas medidas.
Encuestas en vez de "expertos"
Pero dedicó buena parte de su intervención a lanzar un mensaje de "tranquilidad" a los ciudadanos porque el 90% de la población mayor de 12 años ya está vacunada. Aunque la vacuna no evita los contagios, hace posible que la enfermedad se transmita de una forma mucho más leve, en la mayoría de los casos.
La Conferencia de Presidentes, celebrada tres días después, no permitió aliviar la situación de las comunidades autónomas que se encuentran más desbordas por la pandemia. El principal acuerdo fue la aprobación de una medida cuyo impacto sanitario es prácticamente nulo: el Consejo de Ministros aprobó al día siguiente un decreto que impone de nuevo el uso de la mascarilla en exteriores con sólo dos excepciones, cuando se practica deporte o se pasea por el campo.
El Gobierno ha dado explicaciones confusas que delatan la ausencia de cualquier criterio científico. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, justificó primero esta medida en el resultado de una encuesta realizada entre 1.000 personas. Ya no es un "comité de expertos", sino las encuestas, lo que guía la lucha del Gobierno contra la pandemia.
Durante la presentación del informe Cumpliendo, el presidente Pedro Sánchez justificó en cambio el uso de la mascarilla en exteriores porque "así lo habían pedido la mayoría de las comunidades autónomas" (entre ellas, Andalucía y País Vasco).
La pandemia como oportunidad
Lo cierto es que el Gobierno ha evitado imponer cualquier medida que pueda frenar la actividad económica -como los toques de queda, prohibición de actos multitudinarios o las limitaciones del horario en la hostelería- y deja esta decisión en manos de las comunidades autónomas. Algo que depara para este viernes 17 modelos distintos de celebración de la Nochevieja, como había denunciado el PP.
En su comparecencia del miércoles ante los medios desde La Moncloa, Pedro Sánchez lanzó de nuevo un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos ante la cifra disparada de contagios: aseguró que la situación es muy distinta a la de hace un año, gracias al éxito del proceso de vacunación.
Y dejó una frase difícil de digerir, tras más de 100.000 muertos: "La pandemia no ha sido un freno, sino un acelerador del gran proceso de modernización que está viviendo España". A preguntas de los periodistas, señaló que la lucha contra el coronavirus debe respetar un equilibrio entre la protección de la salud física, la salud mental y la actividad económica.
El Gobierno asume finalmente, con año y medio de retraso, la tesis de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, a la que el PSOE ha acusado reiteradamente de anteponer la economía a la protección de la salud. Pero la fórmula aplicada por el Ejecutivo de Ayuso ha funcionado.
Mano dura contra Ayuso
Quedan atrás los meses en los que el PSOE ha puesta en la diana a la Comunidad de Madrid por la gestión de la pandemia, mientras Podemos ridiculizaba la construcción del hospital Enfermera Isabel Zendal, que ha sido clave primero para aliviar la situación de las UCI y luego para agilizar el proceso de vacunación.
"España tiene tantos muertos por Covid porque Madrid está en España", llegó a decir el diputado socialista Rafael Simancas (hoy secretario de Estado de Relaciones con las Cortes). Por su parte, el ministro Salvador Illa legó a imponer un estado de alarma específico para la Comunidad de Madrid, que luego, durante su campaña como candidato a la Presidencia de la Generalitat, le permitió presumir de que había mostrado mano dura contra Ayuso.