El PSOE ofrecerá una 'segunda reforma laboral' más profunda a ERC y Bildu para lograr su apoyo

A ERC y Bildu, el Ejecutivo les insistirá para que el texto salga sin cambios del Congreso, y a cambio les ofrecerá "otros cambios que aún quedan por hacer en el mercado laboral" antes del fin de la legislatura. Una especie de segunda reforma laboral por partes, en lo tocante a los contratos, los despidos y el bautizado como Estatuto de los trabajadores del siglo XXI.

Al PNV, por el contrario, no hay mucho que ofrecerle. Su no es categórico. Y si el PSOE no quiere ver peligrar el gobierno de coalición en el País Vasco, preferirá darle la victoria de ser el nacionalista más duro en esta ocasión.

El objetivo es, como dijo el presidente, "que la Cámara valore", es decir, que respete "que esta reforma es fruto del acuerdo social". Que no se tenga que tramitar como proyecto de ley y sí se cierre el capítulo cuanto antes.

Tres compromisos

Sánchez ha cumplido con su compromiso de tener una reforma laboral aprobada y en vigor antes de que acabara 2021. Ha cumplido con la exigencia de que la norma combine la "flexibilidad" que precisan las empresas y la "seguridad" que demandaban los sindicatos. Así lo exigió el comisario Paolo Gentiloni, en su última visita de control a España.

Es decir, la cuadratura del círculo de no "derogar" los avances que permitieron salir de la crisis financiera iniciada en 2008 recuperando los niveles de empleo previos, al tiempo que recuperar "derechos arrebatados" a los trabajadores. Y eso le ha permitido cumplir con la tercera exigencia de la UE, que el decreto fuera fruto de un pacto social tripartito.

Pero los equilibrios de los que era consciente Yolanda Díaz a la hora de sentarse por primera vez a negociar en marzo y que han presidido los nueve meses de discusiones con CEOE, Cepyme, UGT y CCOO, no han sido entendidos por los aliados del Ejecutivo en el Congreso.

Pepe Álvarez (UGT), Unai Sordo (CCOO), Antonio Garmendi (CEOE) y Gerardo Cuerva (Cepyme), en la mesa del diálogo social con Yolanda Díaz. Efe

Ni PNV -el llamado "socio preferente"-, ni Esquerra -el que de verdad lo es, por su peso en escaños-, ni EH-Bildu -la alternativa al partido que gobierna el País Vasco en alianza con el PSOE y cuyos cinco diputados votan siempre de la mano de los 13 de ERC- aceptan lo aprobado.

Los tres han dicho que "mucho tienen que cambiar las cosas" para que puedan votar a favor de convalidar el decreto. Los nacionalistas vascos, porque exigen la "prelación del convenio autonómico sobre el estatal". Y los otros dos, por lo mismo... y más cosas. Son esas otras condiciones a las que se va a agarrar el PSOE para tratar de convencerlos de que "respeten este acuerdo social", que ya ha dicho CEOE que se romperá si cambia "una sola coma" de lo escrito y publicado por el BOE.

"Coma a coma"

Por eso la reforma laboral no se publicó el día 29, miércoles, cuando debía hacerse, en el Boletín Oficial del Estado. La misma vicepresidenta Díaz lo confirmaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: "La reforma entrará en vigor mañana mismo, cuando se publique en el BOE, con la vacatio legis necesaria de entre tres y seis meses para la adecuación de los contratos".

¿Por qué no fue así? Según fuentes del Gobierno, porque "todo va más lento estos días". Es decir, por burocracia interna, alegaron.

La realidad es que los equipos técnicos de UGT, CCOO, Cepyme y CEOE no recibieron el documento final hasta el lunes por la noche. Y tardaron más de la cuenta en comprobar que el Gobierno había respetado exactamente lo acordado la semana anterior, antes de Nochebuena, en un par de folios que sólo recogían las ideas madre. Pero no los detalles.

Hasta ese punto quisieron las partes estar seguras. Hasta ese punto revisaron "coma a coma" lo que se publicaría oficialmente y regiría las relaciones laborales en adelante. ¿Y si hubiera habido algún problema? Por suerte, no ocurrió, ya que se habría abierto una batalla final muy peligrosa para cumplir los tres objetivos citados al inicio de esta información. En todo caso, esos tres objetivos eran, sobre todo formales.

Una fuente cercana a Moncloa explicaba la víspera de Nochevieja a este diario que sólo la necesidad de formalizar con Bruselas lo comprometido hizo que se cerrara el acuerdo en esas fechas. Que sólo la obligación de llegar a un pacto -porque si no, los fondos europeos verían cortado su flujo de Bruselas a España- creó el marco en el que finalmente se movió el Gobierno.

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, de espaldas a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Efe

Y que ahí estaba la explicación de que hace mes y medio la líder de Unidas Podemos se quejara de "injerencias" de Nadia Calviño, su superior como vicepresidenta primera y del área económica, y todo se tambaleara hacia la ruptura.

Contactos iniciados

Claro, que por lo mismo, fueron esos compromisos adquiridos los que recondujeron todo hacia el compromiso interno de las dos formaciones del Gobierno, y hacia la negociación y el pacto. Nadie quería quedarse fuera... aunque lo que se acordara no fuera a satisfacer a ninguno.

Ni siquiera a ERC, Bildu y PNV, cuyos votos son imprescindibles para que ahora el decreto sea aprobado en el Congreso. Hay de plazo hasta el día 27 de enero, último día hábil para convocar un pleno en la Cámara Baja antes del cumplimiento de los 30 días que marca la ley. Y en ese tiempo, la negociación con los grupos parlamentarios será comandada por el ministro de la Presidencia (y de Relaciones con las Cortes), Félix Bolaños, y los portavoces de PSOE y Unidas Podemos en el Congreso, Héctor Gómez y Pablo Echenique, respectivamente.

Gómez ya ha comenzado la ronda de contactos con los grupos. Ha dejado las cosas muy avanzadas con gran parte de los pequeños, que integran el Grupo Mixto y el Grupo Plural. Y ha constatado que con el PNV no hay nada que hacer. Si Aitor Esteban no se contradice públicamente y, lo que es más improbable, si el Gobierno vasco no se enfrenta con sus sindicatos y sus patronales, es imposible contar con el sí de los nacionalistas vascos.

Pero hay esperanzas con ERC y Bildu. Ambas formaciones reclaman también la prevalencia del convenio territorial, pero han dejado claro que "hay más aspectos" que se pueden (y deben) negociar con ellos para que se replanteen el "no rotundo" en el que ambas formaciones están. La carta en la manga del Gobierno de coalición es esa segunda reforma laboral que comprende otras muchas normas que, según las fuentes consultadas, "quedan por modernizar, actualizar y adecuar".

Cómo hacerlo

Existen varias fórmulas que se podrían desarrollar en 2022 (o en 2023) para contentar a los socios del Gobierno y que no se tocara la reforma laboral recién aprobada. De hecho, son planes que el Ejecutivo ya se había planteado al principio de la legislatura pero, igual que el real decreto-ley recién aprobado, tuvieron que quedar postergados por la pandemia.

La principal carta que se guarda el Ejecutivo en la baraja, en realidad, es el llamado "Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI". Fue uno de los grandes compromisos de Pedro Sánchez, anunciado hasta la saciedad en su primer Gobierno -en solitario- por la entonces sólo ministra de Economía, Nadia Calviño.

Lo publicitaron los socialistas durante las dos campañas electorales generales de 2019 -como contrapunto al compromiso de "derogación" del rival en la izquierda, el Unidas Podemos de Pablo Iglesias- y, finalmente, fue incluido en el acuerdo de Gobierno de coalición.

¿Cuál es el contenido de esta propuesta? En realidad, es tan amplio y difuso que se le podrían colgar cuantas características prometidas como uno quiera, y así tratar de  calmar a los separatistas. El enunciado del compromiso sólo recoge el reconocimiento de "nuevos derechos de los trabajadores propios de la realidad económica, social y laboral actual".

En un principio, lo que se pretendía es que ésta fuera la tercera fase de la gran revolución laboral que quería emprender Díaz, que aceptó asumir este compromiso electoral de los socialistas... para que ellos acogieran la promesa de la "derogación" de la ley del PP de 2012. Pero hoy se plantea como el vehículo más adecuado para contener medidas en el campo laboral que puedan saciar a ERC y EH-Bildu.

Por otro lado, Díaz ambicionaba una reforma del despido, algo que han pedido en varias ocasiones los sindicatos. Quizá por eso, en estos nueve meses de negociaciones, ni UGT ni CCOO ni los medios más afines han afeado a la vicepresidenta segunda y líder morada que jamás se planteara "derogar" ese "aspecto lesivo" de la reforma de Fátima Báñez: bajar la indemnización de 45 a 32 días máximo por año trabajado.

Desde el inicio, se ha dado por descartado que se fueran a subir de nuevo las indemnizaciones por despido en España. Pero lo que sí estará sobre la mesa es abordar fórmulas para hacer que el despido sea la última herramienta a la que pueden recurrir los empresarios. Es decir, que la ley ponga más difícil al empresario la liquidación de un puesto de trabajo, aunque no por la vía de las rigideces, sino por todo lo contrario: aportándole soluciones que le sean más atractivas... y sirvan para salvar un puesto de trabajo.

Todos ganarían.

Los mimbres para profundizar en más cambios en el campo del despido están sobre la mesa. La reforma laboral aprobada en Consejo de Ministros ya estructuraliza los ERTE, que incluso por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas (ETOP) permiten exoneraciones de cuotas sociales a las empresas del 20%. A cambio, tendrán que formar a los trabajadores afectados y no podrán despedir a ningún miembro de sus plantillas durante el periodo del ERTE, ni en los seis meses siguientes a su finalización.