Lo adelantó este diario el 30 de diciembre: el Gobierno de España sabía que no iba a conseguir apoyos para aprobar el Real Decreto por el que se regula la obligatoriedad de usar las mascarillas en exteriores y, por eso, pensaba en otras opciones para ponerlo en marcha.
Ahora, muchas Comunidades Autónomas reconocen que la viabilidad de la norma es "muy frágil" y que la gran posibilidad de que decaiga en el Congreso de los Diputados hace casi "imposible" multar a sus ciudadanos. Se crea así una suerte de vacío legal. De hecho, los policías desisten de hacerlo en la gran mayoría de los casos. La sanción prevista por esta falta es de 100 euros.
Así, los departamentos de Salud Pública apenas reciben notificaciones por esta infracción, pese a que fue una de las más sancionadas durante el primer estado de alarma. "Las multas las pone la Policía Local y ahí no podemos saber si hay alguna indicación, pero a nosotros no nos llega nada", explican desde los órgano sanitarios.
"Es una cuestión de matemáticas", afirman fuentes autonómicas a EL ESPAÑOL, tanto de regiones del PSOE como del PP, que aseguran que es casi imposible poner en marcha el Real Decreto del Gobierno para el uso de mascarillas en exteriores. Cuando se anunció por parte del Gobierno fue criticado por la gran mayoría de los partidos (desde Vox hasta Más País) por lo que cuando se vote en la Cámara será "imposible" conseguir los apoyos.
"Desobediencia"
En este sentido, fuentes policiales consultadas en distintos puntos del país aseguran que no se están haciendo propuestas de sanción por no llevar mascarilla porque "no valen para nada y no se llegan a enviar". Entre los cuerpos de la Policía Local, encargados de poner estas sanciones, están bastante "desmotivados" después de lo vivido con los anteriores estados de alarma.
Así, el vacío legal que quedará latente cuando el Congreso rechace el Real Decreto del Gobierno obliga a los pocos policías que ponen multas por no llevar mascarilla a usar otra vía: la de la ley de seguridad ciudadana.
Por eso, las pocas que se están poniendo responden a motivos de "desobediencia" por la ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana, cuando los agentes dicen a alguien que se ponga la mascarilla y éste se niega.
"Todo el mundo sabe que no se van a sostener las propuestas de sanción y, seguramente, ni se tramiten desde las Subdelegaciones", afirman. La labor de los cuerpos de seguridad está siendo la de hacer pedagogía. "Se le explica a la gente que es obligatorio, se la ponen y continúan con la marcha", aseguran.
Y es que, aunque reconocen que han recibido instrucción de denunciar desde el día 23, "la tónica general, tras haber quedado anuladas las miles y miles de denuncias anteriores" es intervenir "por requerimiento".
Cambios de criterio
La medida de la mascarilla en exteriores fue criticada por expertos sanitarios y por las propias Comunidades Autónomas. Además, y según reconocen estas mismas fuentes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no lo han tenido nada fácil para poner multas al respecto.
Si durante los estados de alarma quedaba claro que no se podía ir por la calle sin mascarilla (y fue cuando más multas en este sentido se pusieron), la cosa se diluyó al decidirse que en exteriores no debían usarse si se guardaba la distancia de seguridad.
Agentes de la Policía Nacional y Policía Local de Málaga en un operativo.
El Real Decreto de las sonrisas (así lo llamó la ministra de Sanidad, Carolina Darias) permitía que se multara a las personas que llevaban mascarilla sin cumplir la distancia de seguridad, pero llevarlo a la práctica no era fácil, el propio Ministerio reconoció su complejidad y llamó a la "responsabilidad social".
Un claro ejemplo de que la medida no podía ser ejecutada como se pedía fue el órdago de las Comunidades Autónomas que decidieron que, en el recreo, los menores no debían llevar mascarilla.
Era difícil justificar que no se guardaba la distancia y ahí se quedó. Sanidad les acusó de "deslealtad institucional" pero regiones como Madrid continuaron en su intención de eliminarla.
El Real Decreto se aprobó por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre. De esta manera, y según el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que se publicó al día siguiente, tenía un mes de vigencia hasta pasar por el Congreso para su validación. Si no se aprobaba, la medida había estado vigente un mes y, después, se desautorizaba.
Pedro Sánchez y Carolina Darias.
Antes del 24 de enero será cuando le toque a Darias pasar por el Congreso, pero todo parece indicar que antes de eso presentará una nueva norma que corrija a esta. Así lo publicaba en exclusiva EL ESPAÑOL el 30 de diciembre.
El plan del Gobierno de Pedro Sánchez es preparar otro decreto con restricciones para suplir al de la mascarilla en exteriores. Sobre las medidas concretas todavía no hay nada sobre la mesa. El Ministerio de Sanidad actúa con pies de plomo, confiando en que remita "en enero" la sexta ola y "en tres o cuatro semanas" regresen "las sonrisas".