La nueva Ley de Cooperación establecerá, 50 años después de que España asumiera el compromiso, la obligación de todas las Administraciones de dedicar el 0,7% a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). El anteproyecto presentado por el Ministerio de Exteriores ha sido aprobado este martes en Consejo de Ministros, y obligará por ley no sólo al Gobierno central de Pedro Sánchez, sino de los de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, el cumplimiento de este acuerdo.
Al menos, sobre el papel, habrá pasado medio siglo desde que España participó en la cumbre sobre comercio y desarrollo de Naciones Unidas de 1972. Aunque en realidad, la ley prevé que sea en el año 2030 cuando el Estado, las CCAA y las corporaciones locales deban cumplir este precepto, hasta ahora sólo teórico.
Corrían los primeros años 90 cuando el madrileño paseo de la Castellana se llenó de tiendas de campaña durante meses, en una de las primeras movilizaciones pacíficas juveniles no politizadas. Se organizaban charlas, se recolectaban alimentos y ropa... y todo al grito de "¡Cero siete ya, solidaridad!".
Acampadas en el paseo de la Castellana de Madrid, en 1994, reclamando el 0,7% para la Ayuda al Desarrollo.
Aquel cántico tenía su origen en el citado acuerdo de la ONU que comprometía a los países desarrollados a entregar el 0,7% de su Renta Nacional Bruta a la cooperación internacional. España -como casi todos los países de Naciones Unidas- lo incumplía y lo incumple. Pero ahora será ley.
El Sahel, punto clave
La norma no sólo tiene este punto clave y simbólico, sino que es una revisión completa de todo el sistema de cooperación español.
Por ejemplo, según fuentes del Ministerio de Exteriores, establece el Sahel como región de cooperación, lo cual da una clave política principal del rediseño: a partir de ahora, España no se centrará sólo en la ayuda al desarrollo, sino que enfocará su "cooperación internacional" en conceptos que se han detectado como principales, pero que constaban hasta ahora como secundarios: la salud, la seguridad, la inmigración y la lucha contra las mafias.
Poner el foco en la región fronteriza entre el norte y el sur de África viene a confirmar la importancia estratégica de la región para el departamento de José Manuel Albares. Desde su llegada al Ministerio, el pasado mes de julio, ha tenido que enfrentar e ir restañando la enorme crisis abierta por su predecesora, Arancha González Laya, con Marruecos, tras la calamitosa operación Ghali.
En las tensiones de Marruecos y Argelia y en sus relaciones con Mauritania, Senegal y demás actores en la región, España se juega, en los próximos años, gran parte de sus intereses económicos, de seguridad, migratorios...
En todo caso, aclaran las fuentes, no se pierde de vista el enfoque de la cooperación con los socios tradicionales, "incluyendo por supuesto América Latina y el Caribe".
Ley y compromisos viejos
A la norma aún le queda un paso en segunda vuelta por el Consejo de Ministros, y su remisión al Congreso, para su tramitación parlamentaria y final aprobación. Fuentes del Ejecutivo creen que a finales de este año podría estar publicado en el Boletín Oficial del Estado... 30 años después de aquellas acampadas, que se extendieron por otras ciudades de España.
Desde el compromiso de 1972, la propuesta de destinar el 0,7% de la RNB ha sido ratificada en posteriores Cumbres de la ONU -como la de Río de 1992-, ratificada en la Cumbre de Monterrey en el año 2000, y en los Objetivos del Milenio para el 2015.
Ahora, el nuevo concepto de cooperación se remite a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Además, el compromiso fue reafirmado permanentemente en España y asumido por todos los partidos políticos, incluso en acuerdo concretos nacionales -como el Pacto de Solidaridad, firmado por Loyola de Palacio en el año 1995, tres meses antes de la primera victoria del PP en las elecciones generales-.
La nueva ley sustituye a la de 1998, promulgada por el primer Gobierno de José María Aznar. Según explican fuentes del Ministerio de Albares a este diario, la norma había quedado desfasada. A partir de la aprobación del nuevo texto, se marca como objetivo "que el conjunto de actores del sistema llegue al 0,7% de la RNB como Ayuda Oficial al Desarrollo, con rango de Ley".
Nueva gobernanza
Y para ello, Exteriores reforma toda la gobernanza del sistema estatal de cooperación. Así, explican las fuentes del Ministerio, se crea una nueva arquitectura "que mejora la coordinación y eficacia del sistema", creándose una Conferencia Sectorial con las CCAA y los gobiernos locales "como espacio de coordinación, diálogo, concertación y colaboración con la cooperación descentralizada".
Además, el actual Consejo de Cooperación se refuerza para convertirse en el Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Y la Comisión Interministerial se eleva de rango a nivel de Secretaría de Estado. El actual Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPRODE) se sustituirá por el nuevo Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES), para hacerlo más ágil y eficaz en la coordinación entre ministerios.
Los objetivos principales en la gestión pasan por "la corresponsabilidad de todos los actores del sistema" y la preparación de una "planificación indicativa plurianual basada en las disponibilidades en los Presupuestos Generales".
Y los objetivos políticos dejan claro que "se cambiará por completo el modelo, que pasará a estar basado no exclusivamente en la AOD", sino que abraza el modelo del "desarrollo en transición" -es decir, no sólo atender a cuestiones económicas, sino a la salud, la seguridad, la transición ecológica justa, la igualdad de género, etc- y las necesidades de los países de renta media.