La oposición del CGPJ, nuevo golpe para la Ley de Vivienda que Sánchez desearía no ver aprobada

Desde entonces, la eterna Ley de Vivienda ha llenado titulares y, sobre todo, discusiones en el seno del Gobierno. La última, este mismo viernes, cuando Unidas Podemos se limitó a mostrarse "preocupado" tras saberse que el Poder Judicial había tumbado el informe favorable a la norma, y se daba un nuevo plazo de dos semanas para elaborar otro.

Ni ministros ni portavoces, sólo una nota de la formación calificó de "retraso injustificable" esta decisión del CGPJ. Y es que en el seno de Unidas Podemos se atribuye a la mayoría socialista del Ejecutivo el origen principal de este nuevo golpe a la norma.

Ningún dirigente de la formación minoritaria del Gobierno ha criticado al órgano de gobierno de los jueces, habitual objetivo al que se acusa de "estar secuestrado por el PP". Nadie habló más alto a pesar de que cuando ya triplicaba el plazo del que disponía para emitir su informe sobre determinados aspectos de la norma, ha vuelto a pararla.

¿Un "olvido"?

Y es que los casi tres meses acumulados desde que se aprobó en Consejo de Ministros tienen su origen en un presunto "olvido" del ala mayoritaria del Ejecutivo, que no mandó el texto al CGPJ hasta el 1 de diciembre.

El texto había pasado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de octubre. Y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se comprometió públicamente a llevarla al Congreso "en la segunda quincena de diciembre". Según fuentes consultadas en los órganos funcionariales del Gobierno, "el procedimiento habitual es que en esa misma semana, o el lunes siguiente, se mande el anteproyecto a los órganos consultivos".

Es el equipo jurídico de Moncloa, en colaboración con el del Ministerio afectado, el que determina a qué institución es obligado pedir dictamen. En este caso, y según confirmó Transportes, el informe del CGPJ era "preceptivo pero no vinculante". Ningún dictamen más era necesario por ley, y no se pidieron.

El Poder Judicial debía dar su opinión, en concreto, sobre "la modificación de tres artículos la Ley de Enjuiciamiento Civil" que hace la Ley por el Derecho a la Vivienda, siempre de acuerdo a "lo establecido en el artículo 561.1.6º de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial". Ésta es la parte de la ley en la que se establece el nuevo procedimiento de garantías obligatorio para los desahucios.

Dilación en el CGPJ

Este periódico ha podido confirmar en fuentes del Gobierno que la norma se mantuvo en un cajón, sin enviar al CGPJ durante 36 días. Entretanto, la ley sí se elevó a información pública, hasta el 18 de noviembre. Fue una consulta informal entre ministros, alarmados por la paralización de los trámites, la que levantó la liebre, y los responsables admitieron un "lamentable olvido".

Transportes reconocía este viernes que "el informe se solicitó el pasado 1 de diciembre". Y que se hizo "por trámite de urgencia, para que fuera emitido en el plazo de 15 días".

Sin embargo, tampoco se urgió a los vocales del CGPJ a que cumplieran ese plazo. De hecho, y a pesar de la "urgencia" del Ejecutivo, no se nombró ponente del dictamen hasta el 9 de diciembre, ocho días después. Cuando el vocal Álvaro cuesta entregó su borrador, hace unos días, y a la vista de las dificultades para hallar consenso, el CGPJ solicitó más plazo, que le fue denegado por Moncloa.

Lo cierto es que fuentes del ala socialista del Ejecutivo contradicen en privado el discurso que mantienen en público. El PSOE quiere mantener las promesas del presidente a los grandes inversores internacionales, y por eso no querría ver aprobada la norma, al menos en los términos en los que ha tenido que consensuar con Unidas Podemos. La pelea principal entre ambos partidos fue la de la intervención del mercado de los alquileres.

Los alquileres

Desde el inicio, con José Luis Ábalos al frente del Ministerio, los socialistas apostaron por bajar los precios de los arrendamientos por la vía de los incentivos fiscales. Y en esa postura se mantuvo su sucesora, Raquel Sánchez. Pero tanto Pablo Iglesias primero como Ione Belarra después defendieron el acuerdo de coalición y el sellado para los Presupuestos de 2021, en los que se hablaba expresamente de "mecanismos de contención y bajada de los precios del alquiler".

De hecho, el borrador del dictamen del CGPJ avalaba el diseño final de este mecanismo. Según fuentes del Poder Judicial, "el diseño contenido en el anteproyecto para intervenir en el mercado de alquiler de viviendas es compatible con el derecho a la propiedad del artículo 33 de la Constitución".

Pero aun así, la última etapa de negociación, liderada por Félix Bolaños del lado socialista, fue muy tensa. Y no fue hasta que Yolanda Díaz y Belarra impusieron el "no" a los Presupuestos de 2022 hasta que se aceptara este precepto que cedió el PSOE.

Finalmente, en todo caso, con enormes salvedades que descafeinaban las pretensiones moradas: la intervención del mercado de los alquileres sólo afectará al 2% del parque de viviendas arrendadas en España, la norma puede tardar año y medio en pasar por el Congreso y el Senado... y la vacatio legis hará que el control de precios del alquiler no entre en vigor hasta 18 meses después de que la norma termine su tramitación parlamentaria.

Y eso es precisamente lo que sospecha Unidas Podemos que están haciendo los socialistas y, ahora, el Poder Judicial con sus retrasos "injustificables": dilatar una norma que es bandera de la coalición morada.

Junto con la reforma laboral -también encallada en el Congreso y con la misma mala mirada por parte de los socios habituales del Gobierno, ERC y Bildu-, la Ley de Vivienda es la medalla principal con la que Unidas Podemos quiere comparecer en los próximos procesos electorales. Y en ambos casos, con retrasos y discusiones, el texto ha quedado muy lejos de lo que anunciaban en su programa electoral.