Reforma laboral: las 4 exigencias inasumibles de los socios de Sánchez que le obligarán a recurrir a Cs

Pero no ha habido ningún avance. Yolanda Díaz no quiere mover una coma del texto. Gabriel Rufián y Mertxe Aizpurua responden que "así nunca va a aprobarse". Y de ahí que Pedro Sánchez y su ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, estén a la espera del fracaso de la negociación de Díaz para llamar a Ciudadanos.

Este periódico está en condiciones de afirmar que los liberales, aunque no están a gusto con la reforma tal como está redactada, podrían dar su voto afirmativo si el Gobierno accede a ulteriores negociaciones. Sobre todo, la introducción de la llamada mochila austriaca en la legislación laboral española.

Los hechos son éstos. Los encuentros, mensajes y videollamadas del equipo de Yolanda Díaz a sus contrapartes en la izquierda independentista son constantes. Incluso en el día de Reyes hubo conversaciones. Pero las condiciones son inasumibles.

Las condiciones

En las reuniones, los líderes de Esquerra han hecho saber dos cosas, según detallan fuentes republicanas a este diario: la primera, que hay cuatro condiciones de partida sin las cuales "no hay nada que hablar".

A saber: uno, mejorar la situación de las 'kelis', las camareras de piso cuya falta de formación, trabajo estacional y subcontratación "no queda defendida en esta reforma"; dos, la vuelta del salario de tramitación (es decir, lo que cobraba de la empresa un trabajador despedido mientras se dilucidaba en el juzgado si la extinción de su contrato era o no legal); tres, la mejora de la indemnización por despido (que antes de la reforma del PP llegaba a 45 días por año trabajado y después quedó en un máximo de 32); y cuatro, una reforma "a fondo" de la contratación a tiempo parcial.

La segunda salvedad advertida por Rufián y su negociador jefe, el diputado Jordi Salvador, es que habrá más: sus equipos técnicos están revisando punto a punto el documento para exponer su propio texto alternativo.

Recordemos que es un decreto de 54 páginas [consúltelo aquí en PDF]. Y tan complejo que su revisión por las partes firmantes del acuerdo, los agentes sociales, retrasó 24 horas su publicación en el BOE. Ni UGT y CCOO ni CEOE y Cepyme permitieron la entrada en vigor de la norma hasta comprobar, coma a coma, que lo pactado estaba explícitamente en su articulado.

De ahí que ahora tanto PSOE como Unidas Podemos insistan en que "el decreto debe ser convalidado por el Congreso sin tocarle una sola coma".

"Pero no es una negociación", explican fuentes de Esquerra a este periódico, "la vicepresidenta y sus representantes se limitan a presionar con la falsa excusa de que ésta es una reforma mejor que la del Partido Popular de 2012". Según advierte una portavoz de ERC, "si la vicepresidenta quiere sacar este acuerdo con la CEOE y Ciudadanos, tendrá que explicarle ella a las kelis sus razones". 

Cena con Aragonès

El pasado miércoles, el president de la Generalitat viajó a Madrid. Pere Aragonès ofreció una conferencia sobre su diagnóstico de la política en Cataluña y con Cataluña en el Club Siglo XXI. Ésta es una tradición entre los inquilinos del Palau de la Generalitat desde los tiempos de Jordi Pujol, a la que ninguno ha faltado. A la salida del acto -al que acudieron dos ministros, la de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y el de Universidades, Joan Subirats-, Aragonès fue a cenar con la vicepresidenta Díaz.

El encuentro fue distendido según las fuentes del entorno del president, pero hubo dos causas de fricción. La primera, la sensación de parte del líder independentista de un cambio en el compromiso de Unidas Podemos con la causa soberanista desde la salida de Pablo Iglesias. La segunda, la "decepción" de los republicanos con los modos de la negociación de la reforma laboral.

Aragonès apoyó a Rufián y Salvador en sus lamentos. Éstos se quejan de que "en los nueve meses en los que Trabajo negociaba con sindicatos y empresarios, nunca contó con nosotros". Y que "la democracia implica acuerdos sociales, pero los representantes del pueblo, elegidos por éste, están en el Parlamento". Es decir, que si el Gobierno quiere los votos de ERC, "tendrá que negociar", es decir, ceder en algunas de sus pretensiones.

Y de la mano de ERC van los votos de EH-Bildu. Ambas formaciones tienen un acuerdo de estrategia parlamentaria. El pacto implica votaciones coordinadas, salvo excepciones puramente territoriales. Y no es el caso, porque los reclamos de los abertzales coinciden esencialmente con los de Esquerra. 

Y es que las reivindicaciones de Esquerra no se habían hecho explícitas públicamente hasta el momento. Sólo las quejas del "mal negocio" que es "no contar con nosotros para un decreto y luego pedirnos un voto de adhesión". Sin embargo, ha sido Bildu la formación que más claramente ha expuesto en público sus exigencias: la formación heredera de Batasuna quiere el regreso a los 45 días por año trabajado en la indemnización por despido y la prelación del convenio autonómico sobre el estatal (como el PNV).

Ciudadanos, a la espera

Fuentes consultadas en el Gobierno rechazan de plano ambas pretensiones. "Lo primero no está sobre la mesa, ni lo ha estado en los nueve meses de negociación; no va a entrar ahora". Y lo segundo, "es imposible" por mucha cogobernanza que defienda Moncloa. Entre otras cosas, porque fue lo primero que advirtió Antonio Garamendi que provocaría la salida de CEOE del acuerdo.

De hecho, Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, pone el grito en el cielo. "Lo del convenio autonómico sería romper la unidad de mercado en España, una locura", advierte. Y añade: "El mercado de trabajo se organiza por unidades de producción, no por territorios, no tiene ningún sentido".

El dirigente liberal afirma no haber recibido más que rumores, pero ninguna llamada del Gobierno. "Parece que Moncloa está interesada en nuestros votos, pero no lo demuestran". Su jefa, Inés Arrimadas, sugirió este lunes que su formación estaría dispuesta a negociar "para evitar que los que actúan contra España conviertan en peor esta reforma".

Y ante la afirmación de Yolanda Díaz de que Cs no puede entrar en este pacto "porque va en contra de lo que ellos defienden", la formación naranja ha desempolvado su acuerdo de 2016 con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, que prácticamente calca lo que ahora se ha aprobado [consúltelo aquí en PDF]. Los socialistas lo saben, y de hecho de ahí vino la intervención de Nadia Calviño en octubre, para lograr este objetivo. 

"Han cambiado las cosas, porque han pasado seis años y una pandemia, por eso querríamos introducir otras medidas", explica Bal en conversación con este diario. Pero "para ser ésta una reforma de Podemos, nos damos con un canto en los dientes", remacha Arrimadas.

Ahora, el PSOE aguarda paciente las dos semanas largas que quedan de plazo hasta que haya de convalidarse el decreto en el Congreso. Con el objetivo de que no haya que tramitarlo como proyecto de ley y sea votado afirmativamente, tienen la opción de Ciudadanos en la recámara. "Y es que además, convertir a Cs en un socio útil y fiable puede cambiar muchas cosas en adelante", vaticina un alto dirigente socialista.