Moncloa tenía previsto este 18 de enero como el día "histórico" en el que la vivienda dejaría de ser "un privilegio de unos pocos" para cumplir "la función que le otorga la Constitución, como derecho que debemos asegurar por la dignidad de los ciudadanos y ciudadanas". Pero el CGPJ lo abortó la semana pasada.
Cuando el Ejecutivo conoció la noticia -"bueno, la no noticia", se apresuró a matizar la ministra Raquel Sánchez- del informe abortado del Consejo General del Poder Judicial, la semana pasada, tuvo que aparcar el punto principal del "quinto pilar del estado del bienestar", la Ley por el Derecho a la Vivienda.
La ministra de Transportes, competente en la materia, comparecía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros junto a la portavoz, Isabel Rodríguez. Y en sus notas llevaba la explicación de un paquete enorme de medidas que, además, contribuían a alimentar el mensaje electoralista de que "el Gobierno de coalición asegura el proyecto de vida de los jóvenes, máxima prioridad del presidente, Pedro Sánchez".
A saber, el bono de alquiler para jóvenes, el nuevo Plan estatal de Vivienda 2022-2025, el seguro de impago para alquileres, y la Ley de Calidad de la Arquitectura, "una norma que dará coherencia a la construcción, rehabilitación y desarrollo sostenible de nuestro patrimonio cultural y natural".
La presentación de las medidas demostraba cierto atropello, porque la Ley de Arquitectura sólo empieza ahora su tramitación parlamentaria; el Plan de Vivienda hay que someterlo a la decisión de la Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas para aclarar el reparto territorial; y al bono del alquiler le quedan al menos dos meses de tramitaciones hasta que se pueda empezar a solicitar.
"En todo caso, esas ayudas tendrán carácter retroactivo, con validez de 1 de enero", se apresuró (también) a aclarar Sánchez. Pero lo cierto es que sin la Ley de Vivienda, su comparecencia se centró más en la polémica del informe no nato que en "el inmenso paso adelante y el compromiso que demuestra este Gobierno con el mandato constitucional".
El socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, puso el grito en el cielo la semana pasada, acusando al Consejo General del Poder Judicial de "entrometerse en aspectos de la ley que no estaban sometidos a dictamen" y de aprovechar ese trabajo para someter al texto a "retrasos injustificados".
Lo cierto es que el órgano de gobierno de los jueces no halló el consenso suficiente para aprobar un informe, "que es preceptivo, pero no vinculante", quiso destacar en Moncloa la ministra del ramo. En el mismo sentido, las fuentes de Unidas Podemos aclaran que "el PP tiene secuestrado el CGPJ" y a eso atribuyen la maniobra de dilación. El PSOE no llega a tanto, pero aclara que no atenderá "opiniones y consideraciones políticas" sobre todo aquello que se salga de lo sometido a dictamen.
Ni tiempo, ni forma, ni contenido
Y es que Raquel Sánchez fue mucho más comedida en sus apreciaciones, al menos en las formas, que sus compañeros morados de Gobierno. Pero no escatimó detalles en aclarar que "el Ministerio ha cumplido en tiempo, forma y contenido", para que se le entendiera que el CGPJ no lo había hecho en ninguno de esos tres aspectos.
En tiempo, porque "le pedimos en informe el 1 de diciembre, por procedimiento de urgencia, para que lo tuvieran en 15 días", y estamos a 18 de enero y siguen sin dictaminar.
En forma, porque se mandó, según fuentes de su departamento, cuando ya se había sometido a los trámites preceptivos de información pública y asunción de alegaciones, y el CGPJ no nombró ponente hasta ocho días después.
Y en contenido, porque "se pidió el dictamen porque la ley toca tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil" y, sin embargo, apuntan molestas fuentes de Moncloa, "el dictamen se explayaba en consideraciones y opiniones que no venían al caso".
Es más, según ha podido saber este periódico, Transportes y Derechos Sociales, los dos ministerios coproponentes de la norma, están de acuerdo en que no harán caso a esas valoraciones. Más aún teniendo en cuenta que si el dictamen no salió adelante, afirman, es porque éste "era favorable a la norma, en todos los aspectos técnicos, más allá de las opiniones que emitía sobre sus contenidos".
Desde ambas bandas del Gobierno se insiste mucho, y se quiere dejar claro a la opinión pública, que rechazan el empeño del CGPJ en emitir valoraciones sobre el contenido de la ley. "Ésta es una buena norma, creemos que garantiza un derecho constitucional, sus mecanismos son correctos técnicamente y cumple con las competencias estatales y autonómicas... y todo lo que tenga que decir cualquier jurista sobre si le parece bien o no su contenido, no deja de ser una opinión".
Gran enfado... matizado
La conclusión es que el enfado en Moncloa es grande, por la frustración de un día grande. Más allá de que ésta no es la ley que habría aprobado un gobierno monocolor del PSOE ni de lejos, que en Presidencia no se desea fervientemente que entren en vigor determinados postulados de la misma y que, precisamente por eso, el retraso en la tramitación sólo ha hecho daño en el aspecto comunicativo.
Porque el efecto real de la intervención del mercado del alquiler, auténtico caballo de batalla entre socialistas y morados, ya quedó muy descafeinada en la negociación entre las partes.
Según quedó en el articulado, sólo afectará al 2% del parque de viviendas en alquiler españolas; al ser competencia de las CCAA, las del PP ya han dicho que no lo aplicarán y en las del PSOE no está claro; y además hay una vacatio legis de 18 meses que asegura que esa parte de la norma no entre en vigor nunca en esta legislatura... de modo que el próximo Ejecutivo la podrá derogar antes de su vigencia.
En todo caso, este precepto salía avalado por el informe del CGPJ que finalmente no vio la luz: "El diseño contenido en el anteproyecto para intervenir en el mercado de alquiler de viviendas es compatible con el derecho a la propiedad del artículo 33 de la Constitución", decía el dictamen.
Así, cualquier duda jurídica sobre los contenidos más polémicos de la ley quedaba disipada. "El resto son opiniones", han asegurado a este diario fuentes de Transportes. "Y el Gobierno se limitará a leer, estudiar y tomar en consideración únicamente los aspectos técnicos del dictamen que se refieran a los artículos que sometíamos a la consideración ¡del CGPJ". Y en todo caso, recuerdan las fuentes, el informe era preceptivo, "pero no vinculante".