Ese camino normal es que, dos años después de la llegada de la pandemia, los Estados miembros de la Unión Europea vayan retirando ya los programas de ayudas indiscriminadas.

Eso, como primer paso de lo que, sin duda, vendrá después y de lo que ya lleva un año avisando la Comisión Europea: hay que presentar ya un plan de consolidación fiscal "creíble"; en breve decaerán los estímulos extraordinarios -en sus dos acepciones, calidad y cantidad- de las instituciones comunitarias; y, al mismo tiempo, el Banco Central Europeo dejará de comprar toda la deuda pública que emita el tesoro Público. El español y el de resto de países que precisan de asistencia.

Si a la vez se cumple la otra advertencia seria de la Comisión Europea, traducida en las discusiones que -a la misma hora en que comían Scholz y Sánchez en Madrid- mantenía Nadia Calviño en el seno del Eurogrupo en Bruselas, España estará más que en falta con sus socios. Las reglas fiscales están suspendidas, pero en 2023 prometen volver. Cómo lo hagan -si iguales a las previas a la crisis o con alguna laxitud nueva- es clave para nuestro país.

La educada "discrepancia"

El déficit público de España en 2021 está estimado en un 7,9% y la deuda pública cerró por encima del 122%. Ambos, sobre PIB. Por mucho que se controlen las cuentas en 2022, el Gobierno no prevé reducir ambas cifras más allá del 4,8% y del 116%. El pacto de estabilidad dice que más del 3% de déficit y del 60% de deuda significa entrar en procedimiento de vigilancia.

Pero teniendo en cuenta que el PIB de la economía española ha crecido en 2021 menos de la mitad del presupuestado, se da la circunstancia de que el crecimiento no ha ayudado a equilibrar los ratios de déficit y deuda. Precisamente, se miden así ambas magnitudes -de manera relativa- porque es el vigor de una economía en crecimiento el que asegura la sostenibilidad de los pagos de aquello que se gasta por encima de lo que se ingresa.

Y a eso se refería Pedro Sánchez con que "la Unión Europea debe plantearse dos grandes prioridades, y por ese orden" en los próximos meses, "primero, la sostenibilidad de las finanzas públicas y luego, la transición ecológica y la digital". Ése es el problema de sostenibilidad por el que el presidente español pidió apoyo al canciller alemán.

Pero Scholz fue explícito en "las discrepancias" que mantiene su Ejecutivo de coalición con el español. Por mucho que Moncloa insista en que "ambos tienen la misma visión de Europa y de que hay que trabajar por una recuperación justa tras la pandemia", para Berlín eso significa más rigor que manga ancha.

"Nosotros miramos al pasado para aprender de él y proyectarnos al futuro", explicó Scholz. Con buenas palabras para no herir al colega socialdemócrata, que se removía a su izquierda, el jefe del Gobierno alemán dejó muy clara su receta: "Caminaremos en los próximos años sobre la base del pacto de estabilidad, que nos ha servido para garantizar operaciones tan importantes como los fondos de recuperación, y que nos ayudará en el futuro a hacer lo correcto".

Es decir, que Alemania no ayudará a España para que los 70.000 millones en créditos de los fondos Next Generation EU dejen de contabilizar como deuda. Por mucho que Sánchez pidiera "vincular las inversiones en la transformación digital y verde" a la "sostenibilidad de las finanzas públicas".

Si Madrid quiere una extensión del pacto de recuperación, que los créditos cuenten como ayuda o que las reglas fiscales se relajen, que no cuente con Berlín. Ambos Ejecutivos los lidera un socialdemócrata, pero el alemán es cartesiano en las cuentas... como exigen los contribuyentes del país que más dinero pone en las instituciones europeas... y que más patrimonio, por tanto, se juega en la deuda mancomunada.

Calviño sufre en Bruselas

Precisamente, la Comisión Europea ha pedido este lunes a todos los Estados miembros que comiencen a retirar paulatinamente el arsenal de medidas de apoyo a las empresas desplegado para amortiguar el impacto de la pandemia. Mantener indefinidamente las ayudas contribuiría a una mala asignación de recursos públicos escasos y a la proliferación de compañías zombis que en condiciones normales tendrían que salir del mercado.

Bruselas recomienda sustituir la barra libre de asistencia generalizada por medidas selectivas concentradas en las empresas viables. A partir de ahora, el apoyo debe concederse sobre todo en forma de subvenciones o inyecciones de capital, evitando en la medida de lo posible los créditos, que agravarían los problemas de endeudamiento.

No obstante, el Ejecutivo comunitario admite una serie de excepciones. En particular, para las compañías que eran viables antes de la pandemia y que pertenecen a los sectores más golpeados por la Covid, ya que necesitan el contacto personal: comercio minorista, turismo y viajes, bares y restaurantes y eventos culturales y deportivos. Para todos ellos, las ayudas públicas pueden prolongarse más que en el resto de la economía.

La otra gran salvedad se aplica al transporte aéreo y marítimo y al transporte público. En este caso, el motivo es que se trata de sectores de importancia sistémica, en los que la quiebra de compañías puede generar un efecto contagio.

La retirada de las ayudas públicas debe acompañarse de una reforma de las leyes de insolvencia en todos los Estados miembros con el objetivo de facilitar la liquidación de empresas zombis y la reestructuración de la deuda de las que son viables, limitando al máximo la intervención de los tribunales.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, asegura no estar preocupada por una oleada de quiebras en España. "De hecho, la morosidad es más baja que antes de la pandemia: aproximadamente un 60% de los créditos avalados por el ICO ya se están pagando normalmente", aseguraba Calviño.

No obstante, tanto el Gobierno como el Banco de España siguen "manteniendo una atención especial a la solvencia empresarial con el fin de que el conjunto de nuestro tejido productivo pueda aprovechar plenamente esta fase de expansión que ahora se inicia".