El Gobierno mantiene la intención de solicitar el segundo bloque de 70.000 millones de euros de fondos europeos, en forma de créditos, pese a que el canciller alemán Olaf Scholz recordó el lunes a Pedro Sánchez la necesidad de retomar la disciplina fiscal y controlar el déficit público.

La advertencia de Scholz supone un revés para Sánchez, que esperaba el apoyo de Alemania para que el segundo bloque de ayudas europeas no compute como deuda. Por el contrario, el sucesor de Angela Merkel se mostró partidario de recuperar el pacto de estabilidad, en cuanto Europa logre superar por completo la pandemia de coronavirus.

Cuando llegue ese momento, España tendrá que recortar su déficit público al 3% del PIB (desde el 7,3% actual) y la deuda pública al 60% del PIB (ahora supera el 122%). Algo que aboca a España a asumir, a medio plazo, un drástico programa de ajuste. Pero las palabras de Olaf Scholz no van a alterar los planes del Gobierno.

El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, ha confirmado este jueves que el departamento que dirige Nadia Calviño aprobará este año una "adenda" al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como primer paso para pedir a la UE los 70.000 en créditos, tal como estaba "previsto".

Veto a los medios

El Ministerio de Economía ha ofrecido este jueves una sesión informativa sobre la gestión de los fondos europeos a la que, esta vez sí, ha invitado a la docena de medios que fueron excluidos del briefing celebrado el pasado martes.

"Este Gobierno no veta a ningún medio de comunicación", han indicado fuentes oficiales del Ministerio tras escuchar, una por una, la protesta de los medios que fueron excluidos de la sesión informativa del martes. Entre ellos, EL ESPAÑOL, El Mundo, ABC, Onda Cero, Cadena Cope, EsRadio, Libertad Digital, The Objective, El Debate y la agencia Colpisa.

Los responsables del Ministerio de Economía han asegurado que les preocupa "muy poco" la denuncia presentada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Tribunal Supremo para anular el reparto "arbitrario" de los fondos europeos entre las distintas comunidades autónomas.

Al respecto, desde el Ministerio recuerdan que España recibió el año pasado los primeros 19.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation (9.000 millones como prefinanciación el 17 de agosto y otros 10.000 el 27 de diciembre), después de que la Comisión Europea haya comprobado el cumplimiento de 52 de los hitos marcados. Entre ellos, la aprobación de la Ley del Cambio Climático y de la Renta Mínima Vital.

"Ni un voto en contra"

De estos fondos, el Gobierno ya ha repartido 11.246 millones entre las distintas comunidades autónomas, siempre de acuerdo con los criterios fijados por las distintas conferencias sectoriales (de las que forman parte el Ministerio y los gobiernos autonómicos) "sin ni un solo voto en contra", señalan desde el Ministerio de Economía para rechazar las críticas del PP.

Las mayores cuantías han ido a parar a Andalucía (1.915 millones), Cataluña (1.579), Madrid (1.213), Comunidad Valenciana (1.055 millones), Castilla y León (742) y Galicia (681). Desde el Ministerio de Economía destacan que cuatro de las seis comunidades autónomas más beneficiadas están gobernadas por el PP.

No obstante, los mismos responsables de Economía admiten que también se han financiado determinados proyectos "singulares" propuestos por varias comunidades autónomas, al margen del cauce reglado.

Esta semana la Comisión Europea ha realizado una "evaluación preliminar muy positiva" de la reforma laboral pactada por la vicepresidente Yolanda Díaz con patronales y sindicatos, señalan las mismas fuentes, que constituye una de las reformas estructurales exigidas para recibir los fondos europeos.

Las reformas prometidas

Por este motivo, el Gobierno confía en que la reforma pactada se apruebe en el Parlamento "con los mínimos cambios posibles", a pesar de que algunos de sus socios como ERC, Bildu y PNV han advertido que no van a apoyar el texto actual.

El Gobierno está a la espera de recibir los próximos 12.000 millones, correspondientes a los objetivos cumplidos en el segundo semestre de 2021.

Las próximas reformas que el Ejecutivo tiene en cartera para seguir accediendo a los fondos europeos incluyen la Ley Audiovisual, la Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Formación Profesional y la modificación de la Ley de Ciencia. Ya en el pasado semestre, el Gobierno remitió a las Cortes los proyectos de Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, la Ley de Starts Up y la reforma de la Ley Concursal.

Ahora es el momento de que los fondos europeos comiencen a llegar al sector privado, para dinamizar la economía. El Gobierno tiene previsto resolver a lo largo del primer semestre de 2022 un total de 170 convocatorias, en las que repartirá 17.000 millones de euros entre proyectos propuestos desde el sector privado.

Fiscalización de los fondos

Para rebatir las acusaciones de "arbitrariedad" de Ayuso, el secretario general de Asuntos Económicos de Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, destaca que existen numerosos mecanismos de fiscalización de los fondos europeos.

En primer lugar, las Administraciones encargadas de gestionar los fondos (el Gobierno central, las comunidades autónomos y, pronto también, los ayuntamientos) deben introducir la información en un sistema informático integrado único, que permite a la Comisión Europea acceder a tiempo real a estos datos.

Además, el Ministerio de Hacienda ha dictado dos órdenes que imponen a todas las entidades ejecutoras de los fondos la realización de planes antifraude y establecen un sistema de control de conflictos de interés, mediante un sistema informático de Inteligencia Artificial.

Los 'hombres de negro'

A todo ello se suman los sistemas de control establecidos desde la Comisión Europea, cuyos hombres de negro visitan España cada trimestre, y la propia Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, señalan desde el Ministerio de Economía.

Para el Partido Popular, no es suficiente. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha recalcado este jueves que su partido pondrá en conocimiento de la UE "cualquier desviación" en el reparto de los fondos europeos, para evitar que se repita lo ocurrido con los ERE de Andalucía (cuya financiación también procedía de fondos europeos).

En declaraciones a TVE, García Egea ha insistido en reclamar que una Agencia independiente fiscalice la gestión de los fondos porque, ha señalado, el Gobierno de Pedro Sánchez los utiliza para beneficiar a los territorios en los que gobierna el PSOE y castigar a los gobernados por el PP.

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