PP, Ciudadanos (Cs) y Vox han exigido este martes a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que explique por qué la Abogacía del Estado renuncia a reclamar a más de 30 dirigentes independentistas los 9,5 millones de euros malversados en la organización del referéndum ilegal del 1-O y a través de la red de embajadas de la Generalitat.

El PSOE y sus socios de Gobierno han rechazado la propuesta en la que el PP solicitaba que la ministra Pilar Llop para aclarar por qué la Abogacía del Estado renuncia a ejercer la acusación en el procedimiento que instruye el Tribunal de Cuentas. Entre los encausados en el procedimiento de responsabilidad patrimonial se encuentran los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont.

El diputado del PP Carlos Rojas García ha considerado que se trata de una nueva "claudicación" del Gobierno para satisfacer a sus socios independentistas: "Es vergonzoso, una tomadura de pelo a todos los españoles, que el Estado renuncie a reclamar los 9,5 millones de euros" malversados por los líderes del procés.

El debate ha provocado una monumental bronca cuando la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha calificado al Tribunal de Cuentas de "órgano franquista y politizado". La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, le ha pedido que retirara estas palabras, pero la diputada de Junts se ha negado y ha continuado pronunciando una parte de su intervención en catalán.

"Mentiras y sobornos"

"Voy acabando, hostia", ha replicado Nogueras, que ha realizado parte de su discurso en catalán. Inmediatamente ha pedido disculpas por esta expresión. "Yo he escuchado sus tonterías, les pido respeto", ha dicho en otro momento de su intervención dirigiéndose a los diputados de la oposición.

También ha elevado el tono la diputada de ERC Montserrat Bassa, quien ha afirmado que "el Tribunal de Ajuste de Cuentas (sic)" pretende con este procedimiento "escarmentar a los presos políticos que ya han pagado con cárcel y advertir al movimiento independentista de que, cuando lo volvamos a hacer, nos perseguirá patrimonialmente".

Respecto a los 5,4 millones de euros malversados por el Diplocat y la red de embajadas catalanas mediante contratos fraccionados y subvenciones irregulares, Bassa ha asegurado que el Departamento de Exteriores de la Generalitat destinó este dinero a "explicar al mundo la reivindicación del pueblo catalán".

Y se ha preguntado por qué el Tribunal de Cuentas no persigue a las embajadas españolas que han "gastado dinero en mentiras y sobornos para imponer el mentiroso relato español" sobre el procés y "han sido incapaces de convencer con sus mentiras a países democráticos".

La 'Mesa de Chantaje'

El portavoz de Cs, Edmundo Bal, ha recordado que su negativa a suavizar el escrito de acusación en la causa abierta por el Tribunal Supremo contra los líderes del golpe del 1-O le costó su puesto en la Abogacía del Estado.

Bal cree que todo ello responde a un "plan preconcebido": el Gobierno exime a los condenados del 1-O de su responsabilidad penal, mediante la concesión de los indultos, y ahora les libera de la responsabilidad civil, haciendo que la Abogacía del Estado renuncie a ejercer la acusación en la causa abierta por el Tribunal de Cuentas.

El diputado de Cs ha enumerado las concesiones del Gobierno de Pedro Sánchez a los independentistas catalanas, que a su juicio incluye los indultos, la "Mesa de Chantaje" con la Generalitat, la falta de apoyo a la Policía Nacional en la Jefatura de Vía Laietana, la imposición del 30% de las películas en catalán en Netflix y el abandono de las familias que reclaman el 25% de la enseñanza en castellano.

También ha esgrimido su condición de abogada del Estado la portavoz de Vox, Macarena Olona, quien ha denunciado que el Gobierno "regala miles de millones de euros a los independentistas catalanes, cediendo a su chantaje, para mantenerse en el poder. El Estado está secuestrado por el PSOE y Podemos", ha clamado.

Olona contra el PP

Tan sólo entre 2011 y 2017, la Generalitat de Cataluña destinó más de 416 millones de euros a acción exterior, es decir, a difundir propaganda a favor del proceso de independencia fuera de nuestras fronteras, ha señalado la diputada de Vox.

Pero Olona también ha exigido al PP que explique "por qué ha vendido el Tribunal de Cuentas al Gobierno y a los independentistas", al facilitar la renovación de los consejeros de este órgano fiscalizador que, desde el pasado mes de octubre, está controlado por la "mayoría progresista".

El diputado del PSOE Francisco Aranda ha rechazado, por último, las críticas de los tres partidos de la oposición y ha considerado que, según la Ley del Tribunal de Cuentas, la Abogacía del Estado no está legitimada para ejercer la acusación en este proceso, ya que los fondos públicos malversados "no son del Estado, sino de la Generalitat".

"El PP es la perfecta pista de aterrizaje de la ultraderecha", ha sentenciado el diputado socialista, que ha hecho el siguiente balance de la gestión del Gobierno: "La economía avanza, se crean nuevos derechos y libertades, se protege a los más débiles y España lidera el proceso de vacunación y la donación de vacunas a terceros países".

Noticias relacionadas