De repente, una polémica. Un asunto dormido y callado durante meses, años o incluso décadas, ha pasado a ser urgentemente tratado por el Gobierno de España, que este lunes filtraba a sus medios afines las indicaciones dadas por la Fiscalía General del Estado para recabar información, que este martes daba su visto bueno (a través de los grupos parlamentarios que lo confirman) a que el Congreso tramite una comisión de investigación, y que este jueves convocará a asociaciones de víctimas de pederastia a una reunión con el presidente del Gobierno en Moncloa.
De repente, urge averiguar qué pasó, cuánto pasó, dónde pasó, durante cuánto tiempo, bajo qué circunstancias, con qué complicidades, quiénes fueron culpables por obra, pensamiento u omisión... y a quiénes les pasó. Por supuesto, "ésa es la prioridad de este Gobierno", ha explicado la ministra portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Isabel Rodríguez no supo contestar a las preguntas clave: ¿qué ha pasado para que, de repente, éste sea un asunto prioritario? Tampoco quiso dar detalles de si el presidente, Pedro Sánchez, advirtió, consultó o reprochó algo a monseñor Omella, en su reunión del pasado lunes 24 de enero en la sede de la Conferencia Episcopal.
Isabel Rodríguez, ministra portavoz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Fuentes oficiales del Gobierno tampoco contestaron a estas preguntas. Así, a pesar del silencio del servicio oficial de Moncloa, la reunión de Sánchez será con víctimas de abusos en el seno de la Iglesia, según Efe. Pero tampoco aclaró la portavoz si el PSOE apoyará la creación de esa comisión de investigación reclamada por sus socios morados y la llamada "mayoría de la investidura": el Ejecutivo estudia "todas las formas posibles" de investigar estos hechos "con rigor y determinación".
"Sí, lo haremos bien"
En todo caso, la portavoz quiso dejar claro que es una prioridad: "Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien", subrayó. Tampoco detalló qué otras medidas tiene previsto adoptar el Gobierno en este sentido, pero sí aclaró que se está estudiando, "de la mano de las víctimas, el mecanismo más adecuado para investigarlos".
De hecho, el portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, sugería minutos antes en su rueda de prensa que el PSOE parece preferir un formato distinto -menos politizado- para estas pesquisas.
"Queremos que se investiguen estos abusos para reparar el dolor de las víctimas y que no vuelvan a ocurrir", aseveró Isabel Rodríguez en Moncloa. Sentada a su lado, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, recordó que el Gobierno lleva "dándole prioridad política" a este asunto mucho tiempo. "No es algo que empieza hoy, llevamos mucho tiempo trabajando y ahora es el momento de reforzar todo ese trabajo". Tampoco ella ahondó en esta nueva diferencia de criterio en el seno de la coalición de Gobierno.
Bolaños sí sacó el tema
Que el problema de la pederastia tiene una entidad grave no es discutible. Que los casos presuntamente ocurridos en el seno de la Iglesia católica no se han esclarecido en España jamás, es un secreto (nunca mejor dicho) a voces. Que Moncloa le da ahora mismo máxima prioridad es evidente: no hay más que ver las dos reuniones concertadas sólo en enero con la Conferencia episcopal: la del presidente, ya referida, y la del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sólo cuatro días antes.
Y que Sánchez ha hecho siempre especial hincapié en la protección de la infancia no es discutible: nada más llegar a Moncloa, creó un Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, se reunió en septiembre de 2018 con el músico James Rhodes (que luego dio nombre a la Ley de Lucha contra la Violencia y los Abusos a Menores), y este mismo martes se aprobaba un plan para crear 65.000 nuevas plazas de educación infantil gratuita de 0 a 3 años.
Pero que la portavoz no supiera con qué asociaciones en concreto se va a reunir el presidente el jueves, que no quisiera responder a "si Sánchez habló de esto con Omella", o simplemente que fuera la titular de Derechos Sociales la única que diera datos concretos sobre la acción del Gobierno en este campo dan qué pensar sobre la oportunidad política.
El tema es, sin duda, espinoso. Y levanta ampollas de tipo político, tanto que el líder de la oposición, Pablo Casado, ya ha tomado postura, reclamando que se investigue, "por supuesto", pero no sólo a la Iglesia católica, sino "a todas las instituciones".
Los diputados Bel Pozueta, Sofía Fernández Castañón, Jaume Asens y Pilar Vallugera.
Este martes, la Mesa del Congreso tramitaba la petición de Unidas Podemos, ERC y Bildu para crear una comisión de investigación sobre "las agresiones sexuales en la infancia y la adolescencia cometidas por miembros de la Iglesia católica". Única y exclusivamente en ese ámbito.
El foco parece correcto, teniendo en cuenta que España es, junto a Italia, de los pocos países del entorno europeo en los que la Iglesia no se ha autoinvestigado, autocondenado, pedido perdón e indemnizado a las víctimas de las acciones de sus sacerdotes pedófilos. Y que, del mismo modo, junto a Italia es uno de los países con mayor presencia de la Iglesia en la enseñanza.
En España, el 15% de las escuelas son concertadas, y entre ellas, dos tercios son religiosas. El total de alumnos en edad escolar oscila en torno a los 750.000 al año en nuestro país.