Isabel Díaz Ayuso continúa avanzando en la implantación de su agenda política, que ha tomado velocidad de crucero en 2022. Tras aprobar una ley de autonomía fiscal para "blindar" la región ante el "hachazo fiscal" que prepara, en su opinión, Pedro Sánchez -abriendo una grieta con Hacienda- e impulsar un pionero plan de natalidad, la presidenta madrileña tiene ahora la ley de mercado abierto que tanto deseaba.

Y es que se ha hecho esperar. El anterior gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos ya la aprobó en enero de 2021, hace un año, pero decayó cuando la baronesa popular rompió con Ignacio Aguado y convocó elecciones. A ellas se presentó con esta medida en el programa electoral, y también la reivindicó en su sesión de investidura.

La norma ha sido finalmente aprobada este miércoles en el Consejo de Gobierno, lo que permitirá a empresas y autónomos de cualquier punto de España operar en la Comunidad de Madrid sin necesidad de sacarse una nueva licencia. La medida, en previsiones de Puerta del Sol, supondrá la creación de 50.000 puestos de trabajo y un crecimiento del PIB del 1,6% en el "medio-largo" plazo.

Así lo ha defendido el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Lasquetty, que ha presentado en rueda de prensa una norma que supone "un nuevo paso en la lucha contra el exceso de regulación" o en "hacer de Madrid una región abierta, dinámica y atractiva": "Vamos a ser la primera región que no va a poner barreras para que alguien venga de otro lugar de España a trabajar, prestar servicios o a comerciar".

El consejero ha aprovechado su alocución para presumir de datos del paro, pues mientras éste ha subido ligeramente en términos nacionales, la región ha sufrido un descenso histórico en el mes de enero: una bajada del 2,7% que se traduce en casi 9.750 desempleados menos.

Pero lo relevante aquí es que la presidenta madrileña vuelve a marcar terreno con una norma encaminada a reducir los trámites burocráticos y administrativos que padecen los empresarios, pero que también vale para la circulación de productos. Además, se suprimirá la regulación propia en aquellos casos en los que los requisitos de acceso a la actividad sean mayores en Madrid que en otras autonomías.

Malestar socialista

No cabe duda de que esta nueva ley va a escocer en otras comunidades, especialmente las socialistas. Y más teniendo en cuenta que la presidenta madrileña ha llevado al Tribunal Supremo el reparto "arbitrario" que el Gobierno de España ha hecho, en su opinión, de los fondos europeos... Lo cual implica una denuncia implícita de que hay regiones que han sido beneficiadas por sus colores políticos.

Basta con ver cómo está transcurriendo la campaña electoral del PSOE en Castilla y León, donde su candidato Luis Tudanca ha denunciado en la televisión pública que Madrid "compite deslealmente" con la región castellanoleonesa.

Pero desde el Gobierno regional se aferran a que tanto la Comisión Europea como el FMI o la Comisión Nacional de Mercados vienen advirtiendo durante un largo tiempo de los efectos negativos que tiene la fragmentación del mercado nacional en 17 regulaciones distintas; una por cada comunidad autónoma.

"No tiene sentido que si una empresa ya ha obtenido un permiso para desarrollar su actividad en una región española, tenga que hacerlo de nuevo en otra española como lo es Madrid", ha defendido Lasquetty, que considera la medida como un "avance en la libre circulación".

La nueva ley aprobada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene que pasar aún el trámite de la Asamblea de Madrid, donde saldrá adelante con el apoyo previsible de Vox. La presidenta madrileña tendrá entonces una nueva norma con la que abundar en su proyecto político. Y la izquierda, un nuevo pretexto para atacarla por su fiscalidad.

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