El error de un diputado del PP, Alberto Casero, al votar de forma telemática ha permitido al Gobierno de Pedro Sánchez salvar la reforma laboral, en una sesión parlamentaria de infarto que ha mantenido el suspense hasta el último momento.
Fuentes del PP señalan que el diputado por Cáceres Álberto Casero se ha equivocado al pulsar el botón y ha dado el sí a la reforma laboral, al ejercer el voto desde casa. Al darse cuenta de que se había equivocado, ha acudido a la Cámara para comunicar a la Mesa que se trataba de un error y su intención era votar no, como había acordado el Grupo Parlamentario Popular.
Sin embargo, la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, le ha comunicado que su voto era definitivo y se ha negado a corregirlo. "Casero está destrozado", indican fuentes del Partido Popular.
Cuca Gamarra, portavoz del grupo parlamentario, ha criticado duramente la decisión de Batet y ha afirmado que no se ha cumplido el reglamento del Congreso. Según ha asegurado a los medios, ha votado a favor por un problema técnico y ha acudido al Pleno a votar presencialmente, pero ya no le han dejado.
Gamarra ha denunciado que se haya contabilizado el voto a favor de Alberto Casero cuando se había informado de que "no era ése el sentido de su voto". Y ha criticado que cuando el Grupo Popular ha querido exponer lo ocurrido al término de la votación, "se ha retirado la palabra y se ha dado por concluido el Pleno, diciendo que la Mesa ya había resuelto sobre esa incidencia".
Derecho constitucional
Sin embargo, Gamarra ha resaltado que la Mesa del Congreso "no ha sido convocada" ni se ha reunido para hablar del voto de su diputado, que "se ha computado de manera diferente al emitido", "vulnerando por tanto su derecho constitucional del artículo 23".
Por eso, ha señalado que los miembros del PP en la Mesa y el secretario general del PP, Guillermo Mariscal, se han reunido con la presidenta de la Cámara Baja para solicitarle que se "rectifique" al "tener conocimiento del sentido del voto" del diputado 'popular'.
Al ser preguntada si tiene el certificado de la votación, Gamarra ha señalado en los pasillos a los periodistas que tiene la palabra de su diputado.
Visión del Gobierno
El Gobierno ya ha hecho un análisis jurídico preliminar de la situación, y le sale a ganar. Según indican fuentes del Ejecutivo, el Congreso no estaría obligado a repetir la votación por el error en el voto telemático del diputado ‘popular’.
De hecho, dichas fuentes aseguran que otros errores humanos en la votación se han producido en el pasado, y no ha implicado repetir la votación.
El susto entre las filas de Unidas Podemos ha sido mayúsculo. De hecho, existe cierta desolación y frustración entre los más altos cargos del partido. ¿Por qué? Según ha podido saber este medio, temen que el PSOE pudiera conocer por anticipado el cambio del sentido del voto de UPN y que no les hayan informado.
Sin embargo, según indican fuentes cercanas a los navarros, esto no habría ocurrido. Los socialistas ignoraban tanto como los morados la jugada que les habían preparado los diputados navarros.
Votación
En medio de toda esta polémica, por ahora el Pleno del Congreso ha aprobado la reforma laboral impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, en medio de una enorme confusión y por tan sólo un voto de diferencia: 175 votos a favor y 174 en contra.
El resultado ha sorprendido tanto a los socialistas que la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha dado inicialmente por perdida la votación y ha anunciado que "queda derogado el Decreto Ley".
Ante la sorpresa de todos, mientras el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz se miraban con estupor en la bancada azul, los diputados del PP y Vox han irrumpido en aplausos.
Pero, de inmediato, Meritxell Batet ha corregido el error: "Los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el real decreto-ley".
UPN dice 'no'
Esta vez, los diputados del PSOE han respondido con aplausos y los de Unidas Podemos han coreado "¡Sí se puede!", al conocer el resultado final.
Como ha venido adelantando EL ESPAÑOL, finalmente se ha impuesto la vía promovida por el PSOE para sacar adelante la nueva normativa laboral —que garantiza la llegada de 10.000 millones de euros de fondos europeos— con el apoyo de los nueve diputados de Ciudadanos.
Confusión en el Congreso de los Diputados a la hora de aprobar la reforma laboral.
El partido liberal habían condicionado su apoyo a la reforma a que el Gobierno no ceda a las exigencias de los independentistas y, por tanto, no modifique "ni una coma" el pacto alcanzado con las patronales y los sindicatos.
El PSOE daba por seguro el apoyo de Unión del Pueblo Navarro (UPN) a la reforma laboral, pero finalmente sus dos diputados, Carlos García Adanero y Sergio Sayas —integrados en Navarra Suma—, han votado en contra.
Así lo ha anunciado en Twitter García Adanero: "He votado no a la reforma laboral porque lo contrario hubiera supuesto un claro refuerzo a Sánchez, presidente de España con el apoyo de Bildu. Y lo hago en coherencia con la oposición que estamos realizando desde el primer día, con el respaldo de miles de votantes".
En cualquier caso, la fórmula impulsada por el PSOE ha cerrado el paso a los esfuerzos desarrollados por Yolanda Díaz para preservar el denominado bloque de investidura y ha provocado, durante el debate parlamentario, duros reproches de ERC, Bildu, PNV y Junts al Gobierno.
El PSOE se ha visto obligado a armar una mayoría alternativa para sacar adelante la reforma laboral, debido a la negativa de cuatro de sus socios de investidura (ERC, PNV, Bildu y Junts) a apoyar el texto.
Una mayoría alternativa
El Real Decreto Ley 32/2021, aprobado inicialmente por el Consejo de Ministros el pasado 28 de diciembre, ha sido convalidado por las Cortes con el voto favorable de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos (Cs), PDeCAT, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) de Miguel Ángel Revilla y Coalición Canaria (CC).
El acuerdo alcanzado incluye el compromiso de que la norma no se tramite como proyecto de Ley, pues esto abriría la puerta a que otros partidos intenten introducir enmiendas durante su tramitación.
En cambio, han votado en contra —junto al PP, Vox, UPN y Foro Asturias— varios de los socios del Gobierno: ERC, PNV, Bildu, Junts, la CUP y el BNG.
Los reproches más duros los ha pronunciado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien ha calificado de "estafa" la reforma de Yolanda Díaz. A su juicio, sienta un "peligrosísimo precedente" que el Gobierno lleve a las Cortes el texto pactado con patronales y sindicatos, con la exigencia de no cambiar "ni una coma".
Un "chantaje intolerable"
"El diálogo social está muy bien, pero las Leyes se hacen en el Congreso, que no es un simple notario", ha señalado. Rufián ha optado por dirigirse a los trabajadores: "Esto no es la derogación de la reforma laboral que te prometieron, es el retoque que te dijeron que no harían".
Del mismo modo, el diputado del PNV Aitor Esteban ha lamentado que el Ejecutivo ceda al "chantaje intolerable de la patronal" que exigió "no cambiar ni una coma" del texto pactado.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, esta mañana durante el debate de la reforma laboral.
Por su parte, el diputado de Bildu Oskar Matute ha asegurado que el voto negativo de su grupo no pretende "debilitar al Gobierno ni fracturar el bloque de investidura". Pero ha acusado al PSOE de incumplir su compromiso firmado de derogar íntegramente la reforma laboral del PP.
El profundo malestar de estos socios del Gobierno es, en opinión de Inés Arrimadas, el mejor indicador de que la reforma no está mal encaminada. "Hoy Bildu y ERC no han conseguido meter las zarpas en la normativa laboral de España", ha dicho la presidenta de Ciudadanos, cuyo apoyo es decisivo para aprobar la norma.
El sí de Arrimadas
"Hoy gracias a Ciudadanos pierden Bildu y ERC", ha añadido, "España va a tener más seguridad jurídica, triunfa la sensatez sobre el sectarismo". Arrimadas también ha considerado "ridículo" que el PP vote no a la reforma de Yolanda Díaz, tras sostener que es "un mero maquillaje" que apenas cambia el 10% del texto de 2012.
La vicepresidenta Yolanda Díaz ha defendido que su reforma laboral pone fin al "ominoso ciclo iniciado en 2012" y se sitúa "en las antípodas conceptuales del modelo fracasado de relaciones laborales del PP".
El marco laboral aprobado por los populares en 2012, ha insistido la vicepresidenta, "entronizó el trabajo basura" y obligó a los trabajadores a elegir "entre la miseria y la nada", enviando un mensaje a la sociedad: "Mejor un trabajo de miseria que nada, no te quejes, que aunque sea un trabajo basura tienes empleo".
La diputada socialista Esther Peña Camarero ha criticado a los partidos de izquierdas que "corrieron a hacerse fotos con los trabajadores de Cádiz" y ahora les "traicionan" votando "en contra de lo que les prometieron. Los que voten en contra lo tendrán difícil para explicar a los trabajadores que deben cobrar menos". Rufián ha replicado minutos después, sobre los trabajadores de Cádiz: "La próxima vez no les manden una tanqueta de la Policía".
"¡Que se jodan!"
Esther Peña ha asegurado que la política laboral que defiende el PP es la que definió la exdiputada Andrea Fabra: "¡Que se jodan los trabajadores!".
Al respecto, Esther Peña ha recordado que el PP votó en contra de las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que a su juicio es "el mecanismo más potente de redistribución de renta" y se ha convertido en un "impulso para la creación de empleo" (en contra de lo que ha sostenido reiteradamente el Banco de España).
La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha considerado que la ruptura de la "mayoría de investidura" para aprobar la reforma constituye un fracaso de Yolanda Díaz: "Llegó aquí como líder de los piquetes y los suyos la ven en manos de la troika", ha ironizado dirigiéndose a la titular de Trabajo, "su propio Gobierno quiere que comparezca como una vicepresidenta derrotada, insegura y nerviosa".
"Sabe que la maquinaria del sanchismo se ha puesto en marcha contra usted", ha advertido más adelante a la vicepresidenta. Gamarra ha reprochado al PSOE y Unidas Podemos que tumben la reforma laboral de 2012 que "logró revertir el tsunami destructor de empleo iniciado en el Gobierno de Zapatero" y que permitió crear medio millón de empleos al año entre 2014 y 2018.
Sin 'mochila austriaca'
Gracias a dicha reforma, ha señalado, España fue líder de creación de empleo en Europa con el Gobierno de Rajoy, mientras que ahora es líder en paro juvenil y paro femenino.
La portavoz popular ha defendido la alternativa del PP para el mercado laboral, la mochila austriaca que también han respaldado el Banco de España y la ministra Nadia Calviño. Este mismo jueves, ha anunciado, el PP ha registrado en las Cortes una propuesta de ley en este sentido.
La portavoz del PP, Cuca Gamarra, esta mañana durante el debate en las Cortes.
La vicepresidenta Yolanda Díaz ha interpretado que el PP quiere destinar 10.000 millones de euros de los fondos europeos a despedir a trabajadores —"son ustedes atrevidos, no salgo de mi asombro", ha comentado— y ha considerado que la mochila austriaca tiene un gran inconveniente: "Casualmente sólo se aplica en un país, Austria, y sobre un pequeño porcentaje de los trabajadores".
Cuando Cuca Gamarra ha pedido a la vicepresidenta que deje de criminalizar a sectores como el ganadero, Yolanda Díaz ha advertido que los populares cuestionan la labor de la Inspección del Trabajo y se colocan "al margen del sistema y al borde de la legalidad. Entiendo que están secuestrados por Vox, pierdo la esperanza con el PP", ha comentado.
Las novedades
La reforma laboral finalmente se ha quedado en una versión mucho más light de lo que habían planteado inicialmente el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, pero la rebaja de pretensiones fue necesaria para lograr el apoyo de la patronal.
Finalmente, sólo se derogarán determinados aspectos de la reforma laboral de 2012. Se recupera la prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa en cuestiones salariales y horarios, y la ultraactividad plena de los convenios colectivos.
Tipos de contrato
Con la reforma laboral, se reformula todo el sistema de contratos laborales, aunque las nuevas modalidades no entran en vigor hasta abril.
De esta manera, el contrato laboral se presume concertado por tiempo indefinido, aunque habrá dos contratos de tipo temporal: estructurales y formativos.
El estructural se podrá firmar por dos causas: circunstancias de la producción y por sustitución de la persona trabajadora. En el primer caso, ésta tiene que obedecer a incrementos ocasionales imprevisibles de la producción u oscilaciones de la demanda. El tiempo máximo de duración es de seis meses con posibilidad de ampliarlo a 12 meses, si el convenio sectorial lo permite.
También esta causa se podrá utilizar en caso de que haya una campaña de Navidad o las del campo. Es decir, previsibles. Ahora bien, en este caso se limita a un periodo de 90 días al año no consecutivos. Además, la empresa tendrá que informar antes de empezar el curso a la representación de los trabajadores de cuál es el número de contratos de este tipo que prevé utilizar en los siguientes 12 meses.
Así mismo, se limita el número de contratos que se pueden encadenar antes de convertir en indefinido a un trabajador. Hasta ahora, era 24 meses en un periodo de 30. En cuanto entre en vigor la norma, serán 18 meses en un periodo de 24.
Los plazos
Estos contratos no se podrán comenzar a utilizar hasta dentro de tres meses, para dar un periodo de adaptación a las empresas y sus gestores. También se adapta el contrato de fijos discontinuos para cubrir determinadas necesidades estacionales de las empresas.
A cambio, desaparecen los contratos por obra y servicio, que para el Ministerio de Trabajo y su responsable, Yolanda Díaz, son uno de los principales focos de temporalidad y fraude laboral. Su extinción será paulatina: todavía se podrán firmar hasta marzo, pero con una duración máxima de seis meses. Es decir, que se podrán mantener hasta septiembre, como límite.
En cualquier caso, los contratos por obra y servicio firmados antes de la entrada en vigor de la reforma laboral no sufrirán cambios. Es decir, que podrán registrar una duración de hasta cuatro años. Además, se sancionan los contratos de alta frecuencia con cotizaciones más elevadas.