El 23 de diciembre, la ministra de Sanidad comparecía ante los medios para anunciar la vuelta de las mascarillas en exteriores por el incremento de los contagios de Covid-19. La medida se tomó con "el aval de los expertos" y una incidencia acumulada de 911 casos por cada 100.000 habitantes que siguió incrementándose durante todas las Navidades hasta llegar a los 3.000.

Este viernes, Carolina Darias anunciaba, sin documentos científicos ni consulta al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que las mascarillas dejarán de ser obligatorias el próximo jueves. La incidencia acumulada, aunque en clara fase de descenso, está en los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes, el doble que hace un mes.

Tanto la vuelta de las mascarillas a las calles como ahora su inminente eliminación han sido unas de las medidas más polémicas del Gobierno durante la gestión de la pandemia, aunque no la única, y como en otras ocasiones, se ha justificado invocando a los "expertos". Las pautas de desescalada tras la primera ola, la orden de vacunación y ahora las mascarillas se han justificado siempre con la misma coartada.

Pero es el caso de las mascarillas el que ha colmado el vaso de la paciencia de varios gobiernos autonómicos, que ya hablan de "paripé" y expresan su incredulidad ante la posibilidad de que algún informe técnico haya avalado el regreso y la supresión de esta medida de protección en exteriores.

Comunidades del PSOE y del PP reprochan a Darias la forma en que decidió imponer las mascarillas y quitarlas. Y es que, en apenas 72, horas la ministra ha pasado de defender su uso al aire libre, a anunciar su eliminación. Todo ello sin haber presentado ningún documento científico que avale sus decisiones.

Darias en el Congreso de los Diputados.

Fuentes regionales consultadas por EL ESPAÑOL reprochan al Ministerio de Sanidad que, el pasado miércoles en el Consejo Interterritorial, se les prometiera que se iba a elaborar un informe para estudiar si se podían eliminar las mascarillas. "Y, en apenas 48 horas, sale la ministra diciendo que las quitamos. Es un escándalo".

Para ellos no es una cuestión del empleo de la mascarilla o no (la mayoría la criticaban) sino de cómo el Ministerio les ha dejado de lado. "Mientras que hablan de cogobernanza deciden consultarnos el lunes una medida que van a llevar sí o sí al Consejo de Ministros del martes y que anuncian el viernes anterior", critican desde comunidades gobernadas por el PSOE.

Desde el PP son más duros todavía y recuerdan que tras la "treta" de ligar la subida de las pensiones mínimas a las mascarillas, el Ministerio de Sanidad tiene "poder absoluto" para quitar y ponerlas cuando considere.

"Darias dijo que se haría con nosotros, pero ya ha demostrado que no es así. Si viene una nueva ola volverá a tomar la decisión en solitario", claman. Hay que recordar que, con la aprobación del decreto de mascarillas el pasado miércoles en el Congreso, además de acordar mantenerlas, Darias consiguió que su hipotético nuevo uso en la calle no precisara de ratificación en el Parlamento.

Expertos en desescaladas

El Gobierno ha utilizado, tanto para quitar como para poner la mascarilla, la figura del comité de expertos. La misma que empleó durante el primer estado de alarma y que, meses después, resultó ser inexistente.

El 8 de mayo de 2020 María Jesús Montero, entonces ministra portavoz del Gobierno, defendía que existía un importante grupo de entendidos en materia sanitaria que les guiaban en el camino de la gestión de la Covid-19. "El comité de expertos lo que hace es asesorar al Gobierno. Lo hace desde el principio", insistía.

Pero no era cierto. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), fue el primero que rectificó meses más tarde y aseguró que había un equipo de técnicos, con 11 personas, pero no quiso dar nombres para que "no sufran presiones".

Eran tiempos de desescalada y el papel de "los expertos" se ponía cada vez más en duda. Por eso, con la llegada del mes de julio, el propio Ministerio de Sanidad negó que existiera tal Comité. El PP pidió los nombres, el Gobierno no se los dio y los populares acudieron al Defensor el Pueblo, que preguntó al Ministerio de Sanidad.

"No existió ningún comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas", le respondieron. No se había creado ningún grupo al margen del Ministerio de Sanidad y de los asesores del equipo de Fernando Simón.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. EFE

Ahora, la opinión pública ha vuelto a preguntar al Ministerio de Sanidad, en este caso para conocer los expertos que recomendaban a Carolina Darias imponer las mascarillas en diciembre. La respuesta ha sido similar, puesto que se han remitido a un informe de verano de 2021.

Como explicó este diario, la ministra apoyó su decisión de recobrar la mascarilla en exteriores haciendo referencia a dos documentos de 15 páginas, no firmados, donde figura la fecha del 25 de marzo y del 7 de mayo de 2021 con un apartado relativo al uso de mascarilla y que son parecidos a los que se usaron para eliminarlas.

Así las cosas, el propio Ministerio de Sanidad ha reconocido que los datos científicos que se manejaron con fecha 22 de diciembre para imponer la mascarilla en exteriores son los mismos que utilizaban en marzo y en mayo para quitarlas.

Vacunas

Darias ha tirado de sus expertos en varias ocasiones y otras no les han escuchado. Porque sí es cierto que el Ministerio tiene una Ponencia de Alertas y Emergencias (a la que encarga aspectos técnicos como eliminar las mascarillas) o una Comisión de Vacunas (que decide sobre las pautas vacunales contra la Covid) pero no siempre las toma en consideración.

Uno de los momentos de más tensión en este sentido fue la limitación de AstraZeneca en menores de 60 años tras la aparición de trombosis en personas de ese rango de edad. El Ministerio apostó por combinar una pauta de AstraZeneca con otra de Pfizer para ese grupo. Sus expertos le decían que no había evidencia suficiente y la mayoría de las comunidades se negaba a proponerlo.

Finalmente, Sanidad tuvo que ceder y dar las dos opciones (doble pauta de AstraZeneca o mezclar vacunas) no sin antes elaborar un estudio rápido a cargo del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) que avalara su postura.

También ha pasado algo similar con la tercera dosis en personas que se han contagiado durante esta sexta ola. Sanidad se enfrentaba a dos problemas: el pasaporte europeo de vacunación caducaba en febrero si llevabas dos dosis y su estrategia epidemiológica era contar la infección como una vacuna y, consiguientemente, no vacunar de la tercera dosis a los infectados.

Su solución fue rápida: las personas que han pasado el Covid-19 tras ponerse las dos primeras vacunas se pueden vacunar de la tercera pasado un mes. ¿El problema? Que parte de sus propios expertos criticó la medida y tuvieron que rectificar dejando la opción del mes para quien quiera tener el pasaporte Covid-19 vigente para viajar, y recomendando los cinco meses al resto.